La caída de un evidente montaje para criminalizar a estudiantes que protestaron contra encuentro de empresarios en Temuco, quedó en evidencia en el día de hoy, al quedar absueltos de todos los cargos imputados por el Ministerio Público y Carabineros de Chile, en contra del ex Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de la Frontera - FEUFRO, Ricardo Lüer; Montserrat Benítez, ex coordinadora de la Vocalía del Medio Ambiente de la FEUFRO; y del joven Mapuche oriundo de Licanco, Jaime Rañiman, quienes fueron acusados de generar desórdenes públicos, maltrato de obra a carabineros y lesión grave a un funcionario policial.
Cabe recordar que el pasado agosto del 2015, en el contexto de la movilización de estudiantes por el derecho a la educación, un importante grupo decidió manifestarse a través de un mitin pacífico en las afueras del Casino Dreams de Temuco, mientras en su interior se desarrollaba un encuentro de empresarios de la región (Enela 2015), donde representantes de corporaciones privadas, incluyendo a forestales y de energía, e incluso, rectoría de la UFRO, se encontraban congregados como parte de un modelo económico criticado por este grupo estudiantil, por considerar que es parte de la mercantilización de los derechos colectivos a favor del lucro y la depredación de los territorios.
La manifestación, les valió golpes, detenciones, hasta un tec cerrado como ocurrió con el ex Presidente Feufro, Ricardo Lüer, para luego, enfrentar diversas situaciones de acoso, seguimientos, amenazas y hasta un juicio en su contra con graves acusaciones, donde el funcionario de Carabineros Sargento 2°, Francisco Caña, presentó como medio de prueba certificaciones médicas que fueron cambiando sistemáticamente, de una lesión simple como lo establecido por el servicio de urgencia pública al momento de su ingreso, para tiempo más tarde, presentar una con fractura por parte de un informe médico privado, lo que generó mayor gravedad de cargos a los imputados, sobre una lesión que jamás tuvo la intervención de algún estudiante.
Para la Coordinadora Multisectorial que reúne a organizaciones de trabajadores, estudiantiles y de la defensa de los territorios, quien señaló previamente al juicio su repudio y preocupación, por el aumento represivo y de criminalización en contra de diversos movimientos sociales y un atentado directo a defensores de derechos como ocurre con estos estudiantes: “Los estudiantes imputados son miembros de familias trabajadoras, son hijos/as, nietos/as, sobrinos/as, hermanos/as, por lo tanto, como organizaciones sociales que reconoce a la familia como base, repudiamos estos actos de persecución y hostigamiento, así como la criminalización y judicialización a los estudiantes por el solo hecho de manifestarse”.
Para la Red por la defensa de los territorios, parte de la Coordinadora Multisectorial, lo vivido es un abierto y descarado montaje, siendo impresentable que instituciones públicas como Carabineros y el Ministerio Público, destinen tiempos y recursos para intentar criminalizar a estos estudiantes, lo que deja en evidencia además, el nivel de colusión con los intereses de ciertos sectores empresariales representados en Enela, hecho que generó que estén más de un año bajo apremio judicial y coartar sus derechos civiles como ciudadanos, mientras, los verdaderos actos delictivos quedan impunes, señaló.
Cabe señalar que todos los registros y medios de prueba, dan cuenta de los graves hechos de violencia por parte de agentes estatales de fuerzas especiales de Carabineros y de la “Intervención Policial” de la Novena Zona Sur contra estudiantes y del ensañamiento que hubo contra el ex presidente de la FEUFRO, Ricardo Lüer. Para las organizaciones sociales, lo ocurrido, no fue al azar, hubo una acción premeditada en su detención.
Fiscalía, representada por el Fiscal Juan Pablo Salas, junto a un abogado querellante de carabineros, habían solicitado la pena de 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo a los jóvenes, sin embargo las faltas de evidencia, las contradicciones entre los mismos funcionarios policiales de testigos y lo confuso de las certificaciones médicas, finalmente echaron por tierra esta persecución. Los jóvenes mientras se desarrollaba el juicio, estuvieron acompañados en todo momento por representaciones de diversas organizaciones sociales, como: La Federación de Trabajadores del Retail (FESIR), de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), la Federación Regional de Funcionarios de la Salud Municipal (FERFUSAM), del Movimiento Saludos para Todos y Todas, la Asociación Mapuche Ayun Mapu, de la Defensa de los Territorios, del Movimiento Estudiantil y Organizaciones de Derechos Humanos, incluyendo a su abogado defensor, Sergio Millaman, del equipo técnico de la Red por la Defensa de los Territorios.
Cabe recordar que el pasado agosto del 2015, en el contexto de la movilización de estudiantes por el derecho a la educación, un importante grupo decidió manifestarse a través de un mitin pacífico en las afueras del Casino Dreams de Temuco, mientras en su interior se desarrollaba un encuentro de empresarios de la región (Enela 2015), donde representantes de corporaciones privadas, incluyendo a forestales y de energía, e incluso, rectoría de la UFRO, se encontraban congregados como parte de un modelo económico criticado por este grupo estudiantil, por considerar que es parte de la mercantilización de los derechos colectivos a favor del lucro y la depredación de los territorios.
La manifestación, les valió golpes, detenciones, hasta un tec cerrado como ocurrió con el ex Presidente Feufro, Ricardo Lüer, para luego, enfrentar diversas situaciones de acoso, seguimientos, amenazas y hasta un juicio en su contra con graves acusaciones, donde el funcionario de Carabineros Sargento 2°, Francisco Caña, presentó como medio de prueba certificaciones médicas que fueron cambiando sistemáticamente, de una lesión simple como lo establecido por el servicio de urgencia pública al momento de su ingreso, para tiempo más tarde, presentar una con fractura por parte de un informe médico privado, lo que generó mayor gravedad de cargos a los imputados, sobre una lesión que jamás tuvo la intervención de algún estudiante.
Para la Coordinadora Multisectorial que reúne a organizaciones de trabajadores, estudiantiles y de la defensa de los territorios, quien señaló previamente al juicio su repudio y preocupación, por el aumento represivo y de criminalización en contra de diversos movimientos sociales y un atentado directo a defensores de derechos como ocurre con estos estudiantes: “Los estudiantes imputados son miembros de familias trabajadoras, son hijos/as, nietos/as, sobrinos/as, hermanos/as, por lo tanto, como organizaciones sociales que reconoce a la familia como base, repudiamos estos actos de persecución y hostigamiento, así como la criminalización y judicialización a los estudiantes por el solo hecho de manifestarse”.
Para la Red por la defensa de los territorios, parte de la Coordinadora Multisectorial, lo vivido es un abierto y descarado montaje, siendo impresentable que instituciones públicas como Carabineros y el Ministerio Público, destinen tiempos y recursos para intentar criminalizar a estos estudiantes, lo que deja en evidencia además, el nivel de colusión con los intereses de ciertos sectores empresariales representados en Enela, hecho que generó que estén más de un año bajo apremio judicial y coartar sus derechos civiles como ciudadanos, mientras, los verdaderos actos delictivos quedan impunes, señaló.
Cabe señalar que todos los registros y medios de prueba, dan cuenta de los graves hechos de violencia por parte de agentes estatales de fuerzas especiales de Carabineros y de la “Intervención Policial” de la Novena Zona Sur contra estudiantes y del ensañamiento que hubo contra el ex presidente de la FEUFRO, Ricardo Lüer. Para las organizaciones sociales, lo ocurrido, no fue al azar, hubo una acción premeditada en su detención.
Fiscalía, representada por el Fiscal Juan Pablo Salas, junto a un abogado querellante de carabineros, habían solicitado la pena de 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo a los jóvenes, sin embargo las faltas de evidencia, las contradicciones entre los mismos funcionarios policiales de testigos y lo confuso de las certificaciones médicas, finalmente echaron por tierra esta persecución. Los jóvenes mientras se desarrollaba el juicio, estuvieron acompañados en todo momento por representaciones de diversas organizaciones sociales, como: La Federación de Trabajadores del Retail (FESIR), de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), la Federación Regional de Funcionarios de la Salud Municipal (FERFUSAM), del Movimiento Saludos para Todos y Todas, la Asociación Mapuche Ayun Mapu, de la Defensa de los Territorios, del Movimiento Estudiantil y Organizaciones de Derechos Humanos, incluyendo a su abogado defensor, Sergio Millaman, del equipo técnico de la Red por la Defensa de los Territorios.
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