EL ITIHUE

  En su reciente Cuenta Pública, el presidente Gabriel Boric anunció una medida que remueve las aguas de la política nacional y devuelve al centro del debate uno de los temas más sensibles de la historia chilena: los crímenes de la dictadura. El mandatario informó que el penal de Punta Peuco, actualmente destinado exclusivamente a violadores de derechos humanos, será transformado en una cárcel común. La medida, aplaudida por organizaciones de derechos humanos y sectores progresistas, apunta a corregir una anomalía histórica —un penal privilegiado para criminales de lesa humanidad— y, al mismo tiempo, responde al grave hacinamiento carcelario que afecta al sistema penitenciario nacional. Pero, además, tiene una evidente carga política: el gesto irrumpe en año electoral y obliga a la derecha a definirse nuevamente frente a su vínculo con la dictadura. Y la reacción no tardó en llegar. La principal figura del sector conservador y precandidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthe...

La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos rechazó categóricamente cualquier intento de incorporar los perpetradores de crímenes de lesa humanidad encarcelados, prófugos de la justicia o aún sin ser procesados, a la necesaria e imprescindible liberación de los presos políticos de la revuelta. En una declaración publicada más abajo, los familiares señalan que los condenados por crímenes de lesa humanidad no muestran ningún arrepentimiento, manteniendo el pacto de silencio y persisten en justificar sus abominables crímenes apelando al contexto existente en el país al momento del golpe de estado. Declaración de familiares de ejecutados políticos  Como familiares de las víctimas del terrorismo de Estado de la dictadura cívico militar, es muy violento nuevamente sentir, un atentado A LA JUSTICIA, Frente a la increíblemente descarada solicitud de los victimarios , los presos condenados por los crímenes cometidos durante la dictadura cívico militar de ser incluidos en la ley de...

La situación de los presos Mapuche en huelga de hambre se ha vuelto crítica ante la indiferencia del gobierno, en especial, del titular de la cartera de Justicia, Hernán Larraín, quien en sus manos tiene las facultades para destrabar la situación ya que gran parte de las demandas se refieren a medidas reglamentarias del sistema penitenciario dependiendo de la voluntad política y administrativa. La situación ha sido catalogada de desidia, considerando los 13.321 reclusos que salieron de prisión entre el 18 de marzo y el 31 de mayo, en medio de la crisis sanitaria del coronavirus, lo que equivale a un tercio de las personas actualmente privadas de libertad en Chile, de cuyo total de internos liberados, casi 8.000 estaban condenados y más de 5.000 tenían calidad de imputados, cuyos motivos, entre otros, han sido cambios de medidas cautelares, libertades condicionales y la aplicación del indulto conmutativa, según informó públicamente a principios de junio del presente, La fiscal ...