EL ITIHUE

"El día de hoy, 29 de marzo de 2023, ante el Juzgado de Garantía de Temuco, se ha formalizado cargos en contra de los funcionarios del Ejército; cabos CLAUDIO MILLALÉN, ENRIQUE QUINTANA, DANIEL GUARDA, MATÍAS MATAMALA y los tenientes JUAN CARLOS CALVO y WALTER BALBOA, por los delitos de tortura cometidos durante el estallido social en contra de las víctimas de iniciales CCM y RGQ. En esa oportunidad los imputados procedieron a detener violentamente a los jóvenes en la intersección de las calles Andes con Palihue, en la ciudad de Temuco, subiéndolos a un jeep militar, trasladándolos hasta calle Carrera, detrás del cementerio general de la ciudad, donde procedieron a realizar un simulacro de fusilamiento y obligarlos a pedir disculpas al país por participar de las protestas ciudadanas, para posteriormente dejarlos en libertad, no sin antes golpearlos y amenazarlos de muerte si regresaban. La audiencia de discusión de medidas cautelares continuará mañana 30 de marzo, en el Juzgado de

La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, de manera unánime, acogió un recurso de apelación y ordenó a la Fiscalía reabrir la investigación y realizar diligencias en el caso de la menor de iniciales S.O.V., quien recibió el impacto de una lacrimógena de Carabineros en su boca, hecho ocurrido en noviembre de 2019, en la comuna de La Cisterna, en el marco del estallido social. De esta manera la Sala, presidida por la ministra Sylvia Pizarro Barahona e integrada por la Ministra Claudia Lazen Manzur y el abogado integrante Carlos Castro Vargas, acogió el recurso interpuesto por la parte querellante y revocó la decisión del Undécimo Juzgado de Garantía de Santiago que había decidido no perseverar en el procedimiento, dejando inconclusa la investigación. El abogado querellante Francisco Ugás Tapia, del Estudio Jurídico Caucoto Abogados, valoró la decisión del tribunal ya que por un lado “expresa que la judicatura sí puede tener un control jurisdiccional relevante ante el eje

El Juzgado de Garantía de Puente Alto en audiencias realizadas el sábado 31 de octubre recién pasado y ayer, martes 3 de noviembre, decretó la medida cautelar de prisión preventiva del capitán de Carabineros Roberto Álex Cares Flores y del subteniente Juan Pablo González Vera, imputado por el Ministerio Público como autores del delito de apremios ilegítimos y torturas y apremios ilegítimos, respectivamente. Ilícitos perpetrados en enero pasado, en la comuna. En las respectivas audiencias de formalización de la investigación (causa rol 1.286-2020), las magistradas Roxana Venegas Díaz y María Carolina Martin Miguel ordenaron el ingreso en prisión preventiva de Cares Flores y González Vera en la subcomisaría Pudahuel Norte, por considerar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. En la causa, el tribunal fijó, además, audiencia de reformalización de la investigación y de discusión de aumento de plazo para el próximo miércoles 11 de noviembre.

A días de cumplirse un año del estallido social del 18 de octubre, la Comisión de Derechos Humanos, que preside la diputada Emilia Nuyado (PS), realizó sesión para escuchar al Ministerio Público y Carabineros, en relación al número de funcionarios de la fuerza pública que se encuentran denunciados, investigados y sancionados por violaciones a los derechos humanos y determinar si el actuar de Carabineros cumple con los estándares para la investigación y sus obligaciones legales. A juicio del Ministerio Público, ha sido muy difícil determinar las responsabilidades por las denuncias, debido a la complejidad de no tener un relato inicial que incluya una declaración que contextualice los antecedentes. Así lo detalló ante la instancia, Ymay Ortiz, directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales del Ministerio Público, quien sostuvo que “para cada víctima un año, indudablemente, es una eternidad. Si miramos la complejidad de estos delitos, much

Estimados Sres. Lectores del Diario El Itihue Junto con un grupo de amigos, con los que acostumbramos a conversar respecto de distintos temas de interés común, conversamos también de lo contingente, y acostumbrados a ver moverse los cimientos, literalmente hablando, hemos visto también moverse los cimientos de la sociedad. ¡En buena hora! Éramos los Jaguares de Latinoamérica, La isla de la fantasía…para algunos pocos. Luego, un gran estallido social, millones de individuos ya no tan individualistas forzando el equilibrio, nos muestra un Chile con heridas, con grietas, con fallas tectónicas. Y unidas las mujeres del país en un legítimo reclamo al modelo patriarcal, un reclamo hecho himno, exportable por lo demás, una exportación que nos enorgullece y nos hace despertar y decir, Si, es posible cambiar el devenir de la historia.  Y aparece en los medios de comunicación, una amenaza más, que nos obliga al encierro, a la distancia social, etc…etc…etc…a pensar. Y a dar

En diversos contextos de nuestra historia, particularmente durante la dictadura han existido hechos en los cuales se ha presenciado la realización de ollas comunes, crisis económicas, huelgas, situaciones en las cuales nacen como iniciativa popular  la necesidad de reunirse, organizarse de forma colectiva y ser solidarios/as con quienes más lo necesitan.  Durante las movilizaciones del estallido social, pudimos apreciar cómo se comenzaron a organizar nuevamente las ollas comunes, como símbolos de organización popular y por estos días en los cuales se hace presente una crisis sanitaria debido al coronavirus que ha dejado al descubierto (aún más) la precaria situación que viven miles de familias en nuestro país. Las cuarentenas, cordones sanitarios, el miedo a contagiarse, los toques de queda, la cesantía pre existente, la mala gestión en torno a políticas de protección a los trabajadores y trabajadoras, la desigualdad salarial, la ayuda insuficiente otorgada por los gob

En cuanto a la Universidad Andrés Bello, serían 17 los alumnos expulsados y diez los suspendidos, todos ellos –explicó el estudiante de Sociología, Patricio Hernández- debido a su participación activa en la toma que afectó a la mencionada casa de estudios. La represión surgida a raíz de la crisis social también ha repercutido en los estudiantes de universidades privadas. Así lo denunciaron, este jueves, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), alumnos de la Universidad Central, de la Universidad Diego Portales y de la Universidad Andrés Bello. La presidenta de la Fech, Emilia Schneider, acusó que las tres universidades privadas ya mencionadas han perseguido a los estudiantes que han participado en tomas y manifestaciones, incluso, han llegado a discriminar a quienes tienen una opción sexual distinta. “Queremos aprovechar esta oportunidad para denunciar la persecución, la criminalización y