EL ITIHUE

  Ante el próximo plebiscito, desde la diversidad que caracteriza al  Movimiento por el Agua y los Territorios  declaramos frente al actual proceso constituyente lo siguiente: 1-. Con respeto a las autonomías territoriales, organizacionales e individuales y haciendo un gran esfuerzo de unidad, pese al blindaje al modelo de explotación en el que se enmarca el proyecto por una nueva Constitución,  nos hacemos parte del llamado a votar Apruebo a través del órgano Convención Constitucional en el plebiscito del 25 de octubre. 2-. El “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”, firmado por diversos partidos políticos el 15 de noviembre del 2019, fue una respuesta institucional tardía y que blindó de impunidad a las violaciones a los Derechos Humanos en manos de Carabineros y las Fuerzas Armadas y de Orden contra cientos de personas que fueron fuertemente reprimidas, torturadas y asesinadas en las numerosas protestas por la dignidad y que aún buscan justicia y reparación. Esta salida

Desde el 4 de mayo en Angol y Temuco y desde el 5 de julio en Lebu, decenas de presos políticos mapuche se encuentran en huelga de hambre. Entre sus demandas básicas están el cambio de medidas cautelares para todos los presos mapuche y presos políticos imputados del estallido social y que se respete y haga efectivo el Convenio 169 de la OIT, vigente en Chile desde 2008. Este convenio establece que debe darse preferencia a tipos de sanciones distintas del encarcelamiento, teniéndose en cuenta las características económicas, sociales y culturales de los acusados. Al seguir negando los derechos y la autodeterminación del pueblo mapuche, el Estado de Chile ha impedido que el machi Celestino Córdova pueda ser llevado a su Rewe, como autoridad de dicho pueblo, aunque él ya presenta síntomas graves en su salud. Según la doctora Leonor Olate, él ha perdido peso a un nivel crítico, con posibles daños renales, neurológicos y cardiovasculares severos, productos de la huelga de hambre

Tras meses de manejo autoritario y errático, manipulación de datos, miles de muertes y ya las casi 170.000 personas contagidas de COVID19, Jaime Mañalich renuncia al Ministerio de Salud sin ningún tipo de sanción. Lejos de considerarla una señal auspiciosa, esta salida del gabinete expresa una profunda crisis en el manejo de la pandemia por parte del gobierno y, sobre todo, muestra una preocupante situación en lo que es, seguramente, uno de los momentos más agudos de la pandemia. Además, entra al Ministerio Enrique Paris, quien continuará la pésima gestión de lo hecho por Mañalich, pero además quien cumplió un rol fundamental en la validación de una serie de proyectos extractivos, como es el caso de la Termoeléctrica Castilla, cambiando sólo el rostro de una misma política que se basa en la mercantilización de la salud y la protección de las ganancias.  Según han manifestado diversas organizaciones sociales, comités de expert@s, investigaciones académicas, organizaciones de sa

Desde mediados de marzo del presente año, hemos estado en una situación muy difícil, la crisis sanitaria, económica y social ha azotado diversos territorios, pero para las empresas extractivistas no hay límites para su ambición, aumentando de forma escandalosa el número de proyectos que han ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental para su evaluación.   Un informe del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) analizó el número de proyectos que han ingresado al SEIA entre el 1 de marzo y el 15 de mayo, tanto vía Declaración de Impacto Ambiental (DIA) como Estudio de Impacto Ambiental (EIA), comparándolo con el número de proyectos ingresados en los tres años anteriores en las mismas fechas (f uente: OLCA, 2020).   Los resultados son alarmantes. El año 2020 se han ingresado 2,5 veces la cantidad de proyectos que en promedio habían ingresado los años anteriores. Si hablamos de los montos de inversión la diferencia es aún más escandalosa. El monto de invers