El postulante a notario público de Coronel, Jorge Fernando Ulloa Concha, hijo del diputado UDI Jorge Ulloa, no cumple los requisitos que señala la ley para postular a este cargo, es por eso, que recurriremos a todas las instancias jurídicas que correspondan, con el objeto de que no se configure un nuevo amarre político por parte de este gobierno.
El Decreto Ley N° 407, sobre nombramiento, instalación, subrogación, atribuciones y obligaciones de los notarios, dictado en el año 1925 señala claramente en su artículo 3 que para optar al cargo de notario se requiere: ser chileno; tener veinticinco años de edad por lo menos; ser abogado con dos años de ejercicio de profesión y ser de reconocida honorabilidad y buenas costumbres.
Según información que pudimos recoger en el sitio web del Poder Judicial www.poderjudicial.cl constatamos que el postulante a notario Jorge Fernando Ulloa Concha, no cumple con uno de los requisitos tipificados en el artículo 3 Decreto Ley N° 407 que indica que para ser notario hay que al menos tener dos años de ejercicio de la profesión, puesto que el hijo del diputado Ulloa se tituló con fecha 5 de Abril del año 2012, teniendo solo 1 año y 10 meses de titulado, cumpliendo los dos años recién el 5 de abril de 2014, fecha en que estaría habilitado para postular al notariado.
Es por eso que en pos de la transparencia ciudadana y del correcto funcionamiento de las leyes orgánicas solicitaremos a la Corte de Apelaciones y, si es necesario, al Presidente Sebastian Piñera que impugne al hijo del diputado Ulloa como postulante a notario de la Segunda Notaría de Coronel.
Esto se suma a las acciones fiscalizadores que han emprendido distintos parlamentarios, ya que el Gobierno estaría realizando concursos públicos, para contratar funcionarios que están de planta, y que los requisitos de postulación habrían sido dirigidos a que estos puedan adjudicarse el concurso y, de esta manera, dejar los puestos fijos por tres años más.
Además, de la contratación del ex gobernador y Core electo, Luis Santibáñez, al día siguiente de las elecciones del 17 de noviembre en la oficina provincial de Lebu, percibiendo una renta de más de $2 millones. Por quien en los próximos días, a través de Contraloría, exigiremos informes del trabajo que ha realizado y se dictamine si su contratación se ajusta a la ley.
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