Esta semana fue publicada en el diario oficial una resolución que le quita la obligación a las empresas de notificar a la Seremi de Salud de Antofagasta cuando se generen derrames químicos que puedan afectar al medio ambiente.
En el documento se señala la antigüedad con el que fue establecida la resolución por primera vez, el 2 de junio de 1997, donde la Secretaria Regional Ministerial de Salud presentaba mayores competencias ambientales.
«Déjese sin efecto la resolución exenta N°1.001, promulgada el 8 de mayo de 1997 y publicada el 2 de junio de esa anualidad, dictada por el Servicio de Salud de Antofagasta, en su calidad de autoridad sanitaria de la época, que establece obligatoriedad de notificar accidentes por derrames de productos químicos a la autoridad sanitaria, por las consideraciones desarrolladas en este acto», indica la resolución.
Desde la publicación en el diario oficial del 23 de junio, usuarios y representantes políticos expresaron su descontento hacia la Seremi de Salud a través de redes sociales. La diputada Catalina Pérez sostuvo: «Gravísimo. Por acá vamos a oficiar a la seremi para que informe qué facultades han cambiado desde el año 97 a la fecha, y quién tiene esas facultades ahora».
La Organización SCAC (Sociedad Civil por la Acción climática) de Antofagasta, también manifestó sus críticas a través de twitter: «Creemos firmemente en la importancia de fiscalizar oportunamente estos hechos tan perjudiciales para nuestro entorno y comunidad que enfrenta históricos conflictos en esa línea».
Osvaldo Chávez, coordinador antofagastino del movimiento Extinction Rebellion (Rebelión contra la extinción) también se refirió a esta medida, manifestando que se trata de «un retroceso».
«Emplazamos a las autoridades sanitarias, en este caso la Seremi de Salud, y a la autoridad ambiental, en este caso el Seremi de Medio Ambiente, y emplazamos también a los organismos de fiscalización ambiental, como la Superintendencia de Medio Ambiente, a que nos digan la verdad de que está pasando con la situación de esta resolución que invalida un procedimiento que para nosotros era importante y que era parte de nuestro sistema de protección frente a derrames de sustancias químicas sobre el medio ambiente», indicó.
«Creemos que, lamentablemente, con esta resolución se debilitan aún más las herramientas que tenemos para hacer frente a este tipo de situaciones, en una región donde la industria minera y la industria termoeléctrica están en constante riesgo de generar este tipo de derrames, de afectaciones al medio ambiente y a la salud de las personas», agregó Chávez.
Por su parte, la Seremi de Salud, Rossana Díaz, bajó el perfil a la decisión, asegurando que el decreto fue retirado «debido a que implicaba que no importaba la cantidad del derrame, y que las empresas tenían que informar, y nosotros acudíamos».
«Desde la creación de la superintendencia de Medio Ambiente, dicha facultad quedó en ellos, es decir todas las personas que hayan tenido que tramitar sus autorizaciones a través de esta superintendencia, van a tener la fiscalización de la superintendencia», concluyó.
Publicado por https://regionalista.cl/
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