“Ya en los años 2008 y 2011, junto al entonces senador José Antonio Gómez, presentamos un proyecto de ley pidiendo terminar con los aporte secretos y estableciendo la pérdida del cargo como sanción a quienes transgredan la ley de donaciones electorales. Espero que la presidenta recoja este planteamiento y no solo se apliquen multas”.
En el marco de la firma del proyecto de ley de financiamiento electoral, el senador y presidente del partido MAS, Alejandro Navarro, señaló que “es una tarea fundamental del presente político acabar con el predominio del dinero en la política. En esto también se juega la viabilidad y credibilidad del espíritu reformador que inspira el programa de la Nueva Mayoría. El sólo reemplazo del sistema electoral no basta para que nuestra democracia obtenga una mejoría realmente sustantiva. Para que esto suceda necesariamente debemos limitar la injerencia del poder económico en la política”.
Caso Penta
Recordemos que la reforma al sistema de financiamiento a la política, además de ser parte del programa de gobierno de la presidenta Bachelet, tomó especial atención luego de las denuncias sobre donaciones ilegales. En este contexto Navarro dijo que “esta es una situación gravísima, dado que la UDI en el caso Penta, violó flagrantemente la ley de financiamiento electoral. No estamos hablando de recurso entregados legalmente, sino de donaciones fuera de la normativa; cientos de millones de pesos a renombrados senadores y diputados UDI. La fiscalía tiene que investigar y de confirmarse la veracidad de estas denuncias -nos asiste la convicción de que así será- los parlamentarios involucrados deberán renunciar”.
“La senadora de mi circunscripción, Jacqueline van Rysselberghe, recibió más de 278 millones de pesos en donaciones secretas. Es legítimo que la ciudadanía sepa si esos dineros provienen del grupo Penta; de las AFP, isapres, bancos, seguros y universidades privadas que lo componen, pues esto afecta claramente sus intereses en su calidad de legisladora”, agregó Navarro.
“Esperamos hacer que esta ley establezca como pena la pérdida del cargo, para así poner transparencia al financiamiento electoral y terminar de una vez esta espuria relación entre el dinero y la política”.
Financiamiento a organizaciones sociales
Además, Navarro señaló que “se deben entregar recursos a la ciudadanía, al igual que se entregan a las campañas. Es inconcebible que existan más dineros públicos para campañas parlamentarias y partidos políticos, y no haya más recursos para el trabajo de las organizaciones sociales. No veo inconveniente alguno para que existan aportes a las juntas de vecinos, las organizaciones sociales, de mujeres, de la tercera edad. Si vamos a aumentar el gasto público para financiar a una organización, como es un partido político o a una campaña parlamentaria, la misma ley debe señalar financiamiento para que sean organizaciones sociales las que creen y promuevan espacios a los que asistan candidatos a debatir ideas, contenidos y propuestas. No voy a votar una ley de financiamiento que no incluya recursos para las organizaciones sociales”.
“No es posible que sólo financiemos a entidades -por muy legítimas que sean- como los partidos políticos, que hoy tienen un 90% de rechazo ciudadano. Aquí se requiere el fortalecimiento de la sociedad civil, por ejemplo, el financiamiento de las organizaciones de consumidores, que hoy no tienen recursos para poder defender a los consumidores. La ley de financiamiento a la política, tiene que también incluir el financiamiento a la política social”, recalcó el representante del Biobío.
Fin a las donaciones de empresas
El parlamentario además planteó que va a presentar las indicaciones que sean necesarias para que esta ley de financiamiento sea efectiva; “voy a votar a favor de la indicación de los diputados Boric y Jackson, respecto de la eliminación de las donaciones secretas en la actual ley del binominal. Creo que es altamente inconveniente votarla en contra o declararla inadmisible. Lo que hay que hacer es aprobarla y luego, cuando tengamos la ley de financiamiento -que se discute en paralelo- dar cuenta en su trámite final de la eliminación de la norma. Si hay una voluntad positiva a eliminar las donaciones de las empresas, hay que aprobar la indicación que han planteados los diputados Jackson y Boric, que es absolutamente similar a la que presentáramos como proyecto de ley el 2008 y 2011 con José Antonio Gómez”.
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