(Santiago/Ottawa) Mientras Barrick anuncia la venta de activos y la reducción de sus gastos operacionales para mejorar su estatus con sus accionistas, los costos sociales del proyecto Pascua Lama en el valle de Huasco, Chile, continúan creciendo.
A pesar de declaraciones de la empresa de que Pascua Lama ha mejorado sus relaciones comunitarias con la firma de un Memorandum de Entendimiento con comunidades Diaguitas en 2014, un informe publicado por Mining Watch Canadá y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) demuestra que Memorandum de la Barrick Gold socavó la resistencia de la población Indígena y no Indígena en la zona que se opone al proyecto Pascua Lama.
El informe se base sobre un trabajo de campo en el Valle del Huasco en Atacama, Chile, llevado a cabo por la antrópologa Adrienne Wiebe. Se recogió testimonios locales que indican que la elaboración del Memorandum involucró un proceso confuso y manipulado que carecía del pleno respaldo de las comunidades firmantes.
En el caso de una de las comunidades Diaguitas firmantes del Memorandum, Sierra de Huachacan, las divisiones generadas por firmar el Memorandum sin el pleno consentimiento de toda la comunidad hace que ahora hay tres organizaciones diaguitas en este mismo lugar en donde antes había una.
La autora, quien realizó la visita al Alto del Carmen en marzo de 2015, comenta que “Lo que sobresale de las voces de los residentes del valle es la falta de transparencia y claridad en el proceso de la elaboración del Memorandum, y que esto ha resultado en mucha confusión y conflicto dentro de las comunidades”.
Estas constataciones van en la misma dirección que desde un comienzo denunciaron las comunidades locales, intentando bloquear la ofensiva comunicacional empresarial que se desplegó en Chile y a nivel internacional para legitimar el acuerdo y presentarlo como un gran acierto relacional que sentaba nuevos precedentes en la relación proyectos extractivos y pueblos Indígenas.
Se concluye que el Memorandum promovido por Barrick Gold y avalado por el gobierno de Chile, constituye un abuso a los derechos indigenas y una maniobra en búsqueda de una ansiada licencia social para operar.
Este informe, y otros textos que investigadores sociales han generado sobre este acuerdo, dan cuenta de serios problemas de legitimidad, de mediación perversa de las relaciones sociales, y de falta de voluntad política del Estado chileno para salvaguardar efectivamente los derechos de los pueblos Indígenas y de las comunidades impactadas por la megaminería.
El autor propone dar seguimiento a esta investigación e indagar sobre el posible involucramiento del Estado canadiense en la elaboración del Memorandum, dada su intención explícita para promover los intereses de las empresas mineras canadienses (a pesar de los costos que caen sobre las comunidades afectadas), y su interes de encontrar mecanismos que le permitan sortear la creciente oposición de pueblos Indígenas y no Indígenas frente a sus proyectos en diversos países del mundo.
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