Secreto militar encubre la corrupción

Miles de documentos con los timbres “Secreto”, “Confidencial” y “Reservado” han impedido o dificultado el control de innumerables actividades realizadas por el ejército, entre ellas las adquisiciones y transacciones de materiales bélicos, múltiples provisiones y servicios de todo tipo requeridos por los diversos comandos y direcciones de la institución castrense.

La falta de auditorías periódicas y los obstáculos puestos a la Contraloría General de la República desde los albores de la dictadura militar que derribó al presidente Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, sembraron los gérmenes de la corrupción que se ha extendido por más de 40 años en varias de las principales reparticiones del ejército, desde la Comandancia en Jefe que dirigió el general Augusto Pinochet durante 35 años, hasta las estructuras básicas que manejan suboficiales y soldados de planta.

En los últimos seis años diversas investigaciones periodísticas han permitido conocer y llevar a la justicia numerosos casos de corrupción que tienen como protagonistas a generales, coroneles, mayores y cabos del ejército, afectando gravemente el prestigio de la institución entera, pese a los esfuerzos de algunos oficiales por apuntar a responsabilidades individuales. A continuación, un breve resumen de ellas.

A mediados de abril de este año, el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, recibió un oficio del fiscal de la Fiscalía Centro Norte, José Morales Opazo, solicitándole información de todas las compras realizadas por el ejército en el periodo 2010-2014, cuando el general (r) Juan Miguel Fuente-Alba Poblete fue comandante en jefe. En ese cargo tuvo un sueldo bruto cercano a cuatro millones de pesos y obtenía unos 3,5 millones líquidos. Si hubiera ahorrado el total de su salario, al pasar a retiro habría tenido unos 170 millones de pesos. No obstante, Fuente-Alba hizo múltiples negocios inmobiliarios con su familia y desde 2005 empezó a adquirir autos de lujo, que cambiaba varias veces al año. Así, en 2015, él y su esposa poseían un patrimonio superior a los mil millones de pesos.

Durante su gestión, Fuente-Alba compró para el ejército cuatro millones de dólares en bebidas alcohólicas, gasto que equivale a un 25% del total de vinos, cervezas y licores adquiridos por todas las instituciones públicas entre marzo de 2010 y marzo de 2014, que llegó a 16 millones de dólares.

Uniformes

Una querella criminal por delitos de fraude al Fisco y tributarios, presentó en el mes de mayo de este año Patricio Reyes, proveedor del ejército, en contra de Virgilio Cartoni, principal vendedor de armas y vituallas para la institución, por supuestas anomalías en una millonaria licitación por más de 11 millones de dólares, referida a la compra de uniformes de combate. También fue querellado el general (r) Antonio Cordero Kehr, que en 2011, cuando comienzan a ocurrir los hechos denunciados, era el jefe del Comando de Apoyo de la Fuerza (CAF).

El libelo apunta a que la empresa de Cartoni, Comercializadora, Exportadora e Importadora CyM, S.A., habría evitado pagar impuestos por más de mil millones de pesos gracias a la “complicidad” de funcionarios castrenses, quienes habrían modificado dolosamente las bases del concurso para favorecer a la firma.

LavanderIa

En agosto recién pasado, el portal periodístico Ciper informó que el general Juan Miguel Fuente-Alba compró en 22,8 millones de pesos su primer Audi, en Klassik Car. En la transacción el militar entregó otro Audi en parte de pago, tasado en 18 millones y propiedad de Germán Korff Pfeiffer, dueño de una lavandería que funciona hace veinte años en la Escuela Militar. En la última década Korff ha facturado 2.260 millones de pesos al ejército. A mediados de 1990, la Escuela Militar decidió externalizar el servicio de lavado de ropas. Fue entonces cuando la sociedad de Korff ganó la licitación para proveer de ese servicio a los militares.

Este no es el único vínculo de Korff con el mundo militar. También integró una sociedad agrícola con Pedro del Fierro, el comerciante de armas que inició la cuestionada negociación para la compra de los tanques Leopard adquiridos por el ejército en 1998, y que fue acusado de intentar extorsionar al ex ministro de Defensa, Edmundo Pérez Yoma. La lavandería de Korff también ha obtenido licitaciones del Comando de Bienestar del ejército (COB) para proveer del servicio de lavandería al Club Militar de Campo Peñalolén y al Centro Recreacional Farellones.

Matrimonio

El 2 de agosto pasado la revista The Clinic reveló una lujosa fiesta de matrimonio de uno de los hijos del general Fuente-Alba efectuada en el Museo Histórico Militar con los servicios del banquetero Paulo Russo, señalado entre los más caros de la plaza. La fiesta es investigada por la Fiscalía Centro Norte, como parte una indagatoria de oficio por denuncias que apuntan al millonario patrimonio del general en retiro. El fiscal José Morales, ha tomado declaraciones a Fuente-Alba y a su esposa en varias ocasiones. El matrimonio indagado se celebró el 31 de agosto de 2013, asistieron unas 700 personas y costó cerca de 30 millones de pesos.

Visores nocturnos

En mayo de 2015, recién instalado José Antonio Gómez como ministro de Defensa y bajo estricto secreto, se firmó un contrato entre el ejército y la empresa belga OIP Sensors Systems, representada en Chile por Virgilio Cartoni, para la adquisición de visores nocturnos por un monto total de 16 millones de dólares. El acuerdo se selló pese a que existían reclamos ante la Contraloría General de la República de dos de las empresas que participaron en la cuestionada licitación, Theon Sensors S.A. y Comercial Magnatrade Tech, representante de la estadounidense Exelis. La polémica se arrastra desde diciembre de 2014, cuando el Comando de Apoyo a la Fuerza, bajo el mando del general Iván González, adjudicó la licitación a OIP Sensor Systems. Las dos compañías reclamantes alegaban la existencia de irregularidades. Uno de los reclamos era que Cartoni se reunió con el abogado y coronel Alex Guzmán, miembro de la comisión de evaluación de la licitación, lo cual estaba prohibido en las bases, según denunció el diario electrónico El Mostrador.

Casa de protocolo

En enero de 2011 el mismo medio informó que la Contraloría investigaba al general Cristián Le Dantec, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, luego que la empresa Mar Azul, dedicada a la venta de contenedores habitables, lo denunciara ante el organismo fiscalizador por cometer supuestas irregularidades en una licitación. Le Dantec ya estaba cuestionado por la Contraloría por el intento de adquirir una “casa de protocolo” avaluada en más de un millón de dólares. Le Dantec había exigido que la casa tuviera una pieza de servicio con baño, sala de lavado y planchado, living separado del comedor, comedor principal y comedor de diario, piscina, sala de estar distinta del living, jardín con sistema de riego automático y sistema de calefacción central, entre otras características.

Helicópteros

En noviembre de 2009 el periodista Jorge Molina Sanhueza publicó en The Clinic un artículo sobre las anomalías detectadas en un proceso de modernización de los helicópteros del Comando de Aviación del ejército, CAVE, denominado “Proyecto Centauro”, efectuado desde 2002 y que era investigado por el juez Manuel Valderrama.

Dentro de las propuestas evaluadas para la adquisición estuvieron las naves usadas Súper Puma AS 332 y Puma SA 330, los modelos nuevos AS 532 Cougar, ofrecido por Eurocopter a 16 millones de dólares la unidad, y el MI-17, de la rusa Kazan Helicopters, a 7 millones de dólares.

Uno de los oficiales evaluadores, Carlos Díaz Kastowsky, descartó a los primeros, sobre la base de un informe efectuado en 2002 por el coronel Hugo Barría Rogers, donde se aseguraba que la aeronave rusa superaba “en el doble las capacidades del helicóptero SA-330 Puma”. La opinión de Díaz no fue atendida. Es más, el entonces mayor Carlos Ricotti, le ordenó escribir un documento que beneficiara a la empresa Eurocopter. Con esa presión encima y consciente de las anomalías en la compra, Díaz pidió una audiencia con el comandante en jefe del ejército, Oscar Izurieta, a quien le entregó una carta denunciando los hechos. En noviembre de 2007 el general Izurieta suspendió la compra de helicópteros, pasó a retiro al jefe de esa unidad, Jorge Gualda, y ascendió al oficial Díaz Kastowsky, enviándolo al extranjero.

Eurocopter volvió a insistir en la venta a través de CYM, su representante en Chile, propiedad de Virgilio Cartoni, ofreciendo otra vez los helicópteros AS 532 Cougar, consiguiendo que el ejército decidiera finalmente comprarlos. El contrato se firmó a fines de noviembre de 2007 por ocho aeronaves, en una suma total que bordeó los 170 millones de dólares.

El coronel Barría Rogers, en tanto, quien se había pronunciado a favor de los helicópteros rusos, fue designado agregado militar en la embajada en París, pero debió pasar a retiro en julio de 2006, luego que detectives lo interrogaran en Francia por su participación en el lanzamiento al mar de los cuerpos de los cinco frentistas desaparecidos en septiembre de 1987. Barría era el copiloto del helicóptero usado para trasladar los cuerpos. Tras su salida del ejército, Barría Rogers se convirtió en ejecutivo de CYM, la empresa de Cartoni, donde también laboraba el general (r) Hernán Ramírez Hald, ex director del Comando de Industrias Militares e Ingeniería, involucrado como cómplice en el asesinato de Tucapel Jiménez.

Insumos médicos

Cartoni también tuvo participación en el negocio de los insumos médicos a través de otra empresa llamada Comercializadora de Insumos Médicos CyM Limitada. En ella se asoció con Mario Marshall L’Huillier, coronel en retiro que pasó por la DINA y tuvo instrucción de contrainsurgencia urbana en la Escuela de las Américas en 1974.

En marzo de 2001 CyM Limitada actuaba con el nombre de fantasía Insumed cuando fue denunciada por Contraloría tras detectar irregularidades y sobreprecios en la venta de productos médicos al Hospital Militar. Insumed estaba formada por tres socios: el teniente (r) Virgilio Cartoni Maldonado, el comandante (r) Mario Marshall González y el coronel (r) Mario Marshall L’Huillier.

El “Milicogate”

Desde agosto de 2015, el periodista Mauricio Weibel empezó a publicar una serie de artículos en The Clinic sobre irregularidades en el pago de facturas emitidas desde el Comando de Apoyo a la Fuerza, creado en 2005 por el ex comandante en jefe Juan Emilio Cheyre para concentrar el manejo de los fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre, que entre los años 2000 y 2015 entregó 14.368 millones de dólares a las fuerzas armadas. Pese al silencio inicial de la mayoría de la prensa, en diciembre de ese año el tema fue abordado por el programa Informe Especial de TVN, y de allí en adelante nadie pudo eludirlo. El llamado “Milicogate” explotó como una gigantesca granada de fragmentación afectando a las principales estructuras de financiamiento, logística y mantenimiento del ejército. (Ver Walder, Paul: “Enclave militar en el ‘sueldo de Chile’”; PF N° 844).

En enero de este año fueron formalizados por fraude al Fisco -superior a dos mil millones de pesos- tres proveedores del ejército -Raúl Fuentes Quintanilla, su hijo César Fuentes Campusano y Francisco Huincahue- en el marco de la arista civil del llamado “Milicogate” que lleva Ximena Chong, titular de la Fiscalía Centro Norte. En otra causa paralela, llevada por la fiscal militar Paula Cofré, ya estaban procesados varios militares.

Según la fiscal Chong, un grupo de funcionarios del ejército se coludió para defraudar a la institución y gracias a la colaboración de los tres proveedores -que aportaron facturas falsas- se quedaron con dineros provenientes de la Ley Reservada del Cobre. Huincahue, vendedor de repuestos y mantención de vehículos, se coludió de manera ilegal con el coronel Clovis Montero, quien efectuaba la tramitación al interior del ejército para luego dividirse el dinero. “Se gastaron la plata en casinos, propiedades, caballos y fiestas”, declaró el coronel Montero.

El coronel Clovis Montero era el principal imputado, y junto con él aparecieron los nombres del general Héctor Ureta, el cabo Juan Carlos Cruz, el empleado civil Danilo Alarcón, y los coroneles Jorge Silva, Fernando Grossi y Pedro Ferrer. Los últimos en caer -hasta ese momento- fueron los suboficiales Claudio González Palominos, Miguel Escobar, y la cabo primero Millaray Simunovic Bustamante.

Dentro de lo más llamativo se encuentra el caso del cabo Juan Carlos Cruz, quien entre 2008 y 2014 desembolsó 2.368 millones de pesos jugando en un casino, adquirió un caballo fina sangre, viajó a Cuba con su familia y pagó cirugías plásticas, joyas y ropas para su pareja.

En noviembre de 2015 The Clinic publicó la confesión del empresario Waldo Pinto, quien reconoció ante la fiscal militar Paola Jofré que pagaba a veces hasta el 50% de lo ganado a oficiales. Dentro de los mencionados figuraron dos generales que debieron pasar a retiro, Héctor Ureta y Juan Carlos Guerra, el último recién ascendido al alto mando.

Eran los primeros sacudones del “Milicogate”, que se mantiene hasta ahora en los tribunales y en las Fiscalías y que parece no tener fin.

Manuel Salazar Salvo

Publicado en “Punto Final”, edición Nº 860, 16 de septiembre 2016.