Senador Navarro recurre a Contraloría: “Piñera y Ministros no pueden comprar votos de parlamentarios con cargos o recursos públicos”

El parlamentario progresista ingresó una presentación donde le solicita al ente fiscalizador, un dictamente sobre la eventual vulneración por parte del Presidente y Ministros de Estado, del principio de legalidad y probidad, luego que parlamentarios de Chile Vamos denunciaran el ofrecimiento de beneficios a cambio del rechazo al proyecto que permite el retiro del 10%. […]

Esta mañana el senador Alejandro Navarro presentó una solicitud a la Contraloría General de la República, para que se pronuncie sobre la legalidad de los actos denunciados por parlamentarios de Chile Vamos donde acusaron presiones y ofertas del gobierno para rechazar el proyecto que permite el retiro de un 10% de los fondos de las AFP. 

La presentación ingresada por el senador por la región del Biobío (Folio W017885), argumenta que la conducta denunciada por diputadas y diputados oficialistas, “es una conducta que se ha visto en la tramitación de muchos proyectos de ley”. 

“En los casos más graves, se ha hecho oferta de cargos o nombramientos para los aliados políticos u otras prebendas o beneficios personales. Creemos que el agravante de todo esto, es que se utilizan recursos de todos los chilenos, dineros fiscales”, señala el texto. 

El senador Alejandro Navarro señaló que “en 2011 presentamos una querella criminal contra el ministro de educación Felipe Bulnes por el delito de cohecho, con motivo de la negociación del secretario de Estado con el diputado René Alinco, en la cual éste accedió a votar a favor del presupuesto de Educación para el año 2012, a cambio de becas para la Región de Aysén”. 

“No puede admitirse la compra de votos. Necesitamos una democracia limpia, sin trampas, transparente, sin conciliábulos y sin coimas. Ni un ministro, ni un presidente, puede acudir a estrategias burdas, ilegales y delictuales el chantaje o matonaje”, insistió el parlamentario del PRO. 

El legislador manifestó que “fueron los propios parlamentarios de gobierno quienes denunciaron las presiones, fueron evidentes las reuniones entre cuatro paredes en la Cámara mientras se debatía el proyecto. Allí se cometieron faltas graves que rayan la corrupción”. 

“Pedimos que Contraloría aclare la legalidad o ilegalidad administrativa de esta conducta, que es paralela y que no excluye la responsabilidad criminal que deben fijar los tribunales de justicia. Asimismo, pedimos que se señalen las sanciones administrativas en que incurrirían tales funcionarios o autoridades en caso de declararse la ilegalidad de estos actos”, finalizó Navarro.