Carta abierta a la Presidenta de Chile, Dra. Michelle Bachelet Jeria

Querida Presidenta, mediante la presente, quisiera dirigirme a usted, para denunciar públicamente algo que usted bien debería saber, las injusticias y la precariedad en las condiciones de trabajo, que viven a diario, los miles de funcionarios públicos del país. Como funcionario público, con casi 15 años de antigüedad en el sector salud, quisiera decirle que me parecen impresentables las explicaciones que ha dado su Gobierno para justificar el nombramiento como “profesional por decreto de expertiz” grado 10, de su consuegra Margarita Soto Acevedo en la JUNJI. Si bien, dicha mejora contractual puede estar dentro de las prerrogativas de la Directora Nacional de dicho organismo y acorde a la normativa vigente, es un nombramiento inmoral y una verdadera burla para los miles de funcionarios públicos del país, para los cuales, en la práctica no existe la carrera funcionaria, ni esperanzas de mejorar sus bajas remuneraciones, a pesar de que la mayoría de ellos, también presenta “excelentes calificaciones”. Ejemplo de ésta precariedad, es lo que ocurre con la Sra. Carmina Quinteros, secretaria de nuestra unidad, que lleva más de 25 años de antigüedad, toda una vida entregada al servicio público, de los cuales, los últimos 10, ha estado en grado 20 del estamento administrativo, con un sueldo mensual liquido de $399.017, a pesar de también tener excelentes calificaciones todos estos años.

Querida Presidenta, esa es la realidad de la gran mayoría de los Funcionarios Públicos del país, es por esto, que le solicito respetuosamente, que se legisle, de forma seria y desinteresada, para que de una vez por todas, se deje de utilizar a las Instituciones Públicas, las que deberían estar al servicio de todos los chilenos, como caja pagadora de favores políticos o para mejorarles la vida a los familiares y amigos de los Diputados, Senadores, Ministros, Intendentes, SEREMIS, Jefes de Servicios, Gobernadores y Presidentes de Partido del Gobierno de turno, como se hace actualmente, autoridades que por sus altas envestiduras, reciben además, los mejores sueldos del sector, lo que genera de cierta forma, una concentración de los recursos públicos en algunas familias y en algunos partidos; mediante el establecimiento por Ley de las Buenas Prácticas Laborales del Sector Público y no solo como un instructivo que nadie respeta ni implementa como se hace en a actualidad; para que se regule, a lo menos, el acceso al Sector Público, para asegurar la igualdad de oportunidades de ingreso, a quienes realmente tienen vocación de servicio público. También quisiera recordarle la deuda que los Gobiernos de la Concertación y ahora el de la Nueva Mayoría tienen y mantienen con os  Funcionarios del Sector Público, por lo cual, le solicito incluir a los trabajadores del Sector Público en la Reforma Laboral que hoy se tramita en el parlamento, con el fin de hacer justicia con quienes día a día, aportan lo mejor de sí, en pos del bienestar del país y de sus habitantes. Reforma que debería poner fin a Estatuto Administrativo que nos rige desde e año 1989, y por lo menos debería considerar los siguientes ejes o principios transversales: A igualdad función, igual sueldo, mejoras salariales significativas, particularmente de los estamentos con sueldos más bajos, el establecimiento de una Carrera Funcionaria Efectiva, con mecanismos, plazos y requisitos para el ascenso y no solo de papel como en la actualidad, que se asegure la estabilidad laboral y se establezca la indemnización, en caso de despido o desvinculación, ya que en la actualidad si un funcionario público es desvinculado o al que simplemente no se le renueva su contrato de trabajo, se va para la casa con una mano atrás y la otra adelante, quedando en la total indefensión, después de años de compromiso y de relación aboral con el Estado,  en resumen, una Reforma que por sobre todo, le devuelva la dignidad y el respecto a los funcionarios públicos de nuestro país.

Cristian Bustos Arriagada

Presidente Asociación de Funcionarios de la Autoridad Sanitaria de Concepción.

Rut. 12.133.810-6

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