El gremio empresarial de los camioneros y el golpe de Estado de 1973

A propósito del paro de camioneros, se ha traído a colación el papel que el gremio tuvo en el golpe de Estado y el presunto financiamiento que habrían recibido desde la CIA. “Existen muchos mitos en las cosas que se hablan, yo conozco la industria del transporte de carga por las carreteras de Chile desde 1968. Son mitos y dejémoslo ahí, en esa línea”, señaló el dirigente Sergio Pérez frente al emplazamiento que le formuló hace unos días la periodista Alejandra Matus en el programa “Mentiras Verdaderas”.

En el momento del golpe de Estado, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones se encontraba sosteniendo un paro nacional que había iniciaron el 26 de julio de 1973, en una reproducción de la paralización que habían emprendido en octubre del año anterior, pero con una diferencia: en esta oportunidad era una pieza clave de una ofensiva final en contra del Gobierno de Salvador Allende, el objetivo era un golpe de Estado.

Coincidencia: en la madrugada del 27 de julio, fue asesinado el Edecán Naval del Presidente, comandante Arturo Araya Peeters, a raíz de un disparo en su casa de Fidel Oteíza 1953, en la comuna de Providencia. El oficial de la Armada se había asomado a su balcón a encarar un “comando conjunto” de militantes armados del Frente Nacionalista Patria y Libertad, y de los estamentos juveniles de los Partidos Nacional y Democracia Radical, que salieron a las calles a provocar el caos, para contribuir al paro camionero.

El entonces secretario general del Frente Nacionalista Patria y Libertad, Roberto Thieme, me contó el “origen secreto” de esa ofensiva final contra la Unidad Popular: “El 22 de julio de 1973, fui invitado a una reunión con un alto oficial de la Armada. En el más absoluto secreto y tomando todas las medidas de seguridad, hubo un encuentro en un departamento de Vitacura. Me comunicó que se iniciaría un nuevo paro nacional de los camioneros, digitado por la Marina, al que se sumarían luego otros gremios, para paralizar por completo el país y crear las condiciones para una acción militar”.

La Armada les pidió que las Brigadas Operacionales de Fuerzas Especiales (BOFE) de Patria y Libertad se hicieran cargo de la misión de mantener cortadas las vías de ferrocarriles, carreteras y oleoductos, para así garantizar la paralización y sus objetivos fundamentales: interrumpir la cadena de abastecimiento y generar un estado general de desgobierno.

Thieme detalló: “La Armada nos indicaría los puntos y proporcionaría el material logístico necesario. También indicaría los días en los que tendríamos que producir cortes de energía eléctrica, con el objeto de interrumpir las comunicaciones radiales y televisivas e impedir que el mensaje de la Unidad Popular pudiera llegar a la población”.

Patria y Libertad desencadenó, en efecto, una ola de atentados a lo largo del país. El actual Canciller, Andrés Allamand, rememoró la situación en su libro de 1974 “No Virar Izquierda”, que cuenta –en forma novelada– sus experiencias como principal líder de los estudiantes secundarios de la Juventud del Partido Nacional en esos días aciagos. En la página 71 señala: “Los atentados eran incontables. Los oleoductos y cañerías volaban en las noches, cortando el combustible a las ciudades, pero incentivando a los fieros camioneros y tonificando el paro”.

El propio Allende se refirió a la situación en su último discurso en la mañana del martes 11 de septiembre: “Me dirijo (…) a aquellos que serán perseguidos, porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente: en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando la línea férrea, destruyendo los oleoductos y los gaseoductos, frente al silencio de los que tenían la obligación de proceder: estaban comprometidos. La historia los juzgará”.

Mientras se desarrollaban esos hechos, un colectivo de economistas neoliberales trabajaba febrilmente en una amplia casa de calle Suecia N° 286, en la actual sede central de la UDI. También a petición de la Armada, elaboraban un plan económico que sería impuesto al país luego del derrocamiento del Gobierno constitucional. El resultado sería conocido como “El Ladrillo” y fue, en efecto, la base del modelo que la dictadura estableció.

A sus reuniones asistió en más de una ocasión Jaime Guzmán, el principal articulador del denominado “gremialismo” que dio origen a la UDI. En ese lugar funcionaba el comando del movimiento gremial y en términos visibles era el domicilio de un centro de estudios llamado Instituto de Estudios Generales, así como de las revistas “Qué Pasa” y “Portada”. Allí se había cristalizado la certeza de la conveniencia de construir una nueva institucionalidad, una vez derrumbado el orden democrático.

Según fluye del Informe sobre las acciones encubiertas de la CIA en Chile en ese período, que desarrolló el Senado de los Estados Unidos en 1975, esos esfuerzos fueron patrocinados por los Estados Unidos.

Guzmán había participado, en 1972, en la elaboración de la idea de poner en movimiento al gremio de los camioneros para desestabilizar al Gobierno de la Unidad Popular.

Según recogió “El Mercurio” el 11 de septiembre de 1973, un día antes del golpe se había constituido el “Comando Multigremial” de Santiago, en una asamblea efectuada en el Salón de Honor de la Universidad de Chile, convocada por el Frente Gremialista de la Casa de Bello para “aunar la acción de los gremios de la capital en su lucha” contra Salvador Allende. Al evento asistieron, entre otros, León Vilarín, presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones; Orlando Sáenz, presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa); y Jaime Guzmán, que fue uno de los oradores. Dijo: “La hora de la rectificación ya pasó. El Gobierno debe irse”.

Ese mismo día, el diario de izquierda “Puro Chile”, tituló lo que sería su última edición en la siguiente forma: “Vilarín lo dijo con todas sus letras a los gremialistas: NO QUEREMOS CAMIONES, SINO QUE EL GOLPE”.

La consumación del derrocamiento de Salvador Allende llenó de regocijo a Vilarín y a los dirigentes del gremio camionero.

“Hemos triunfado”, manifestó Vilarín el 12 de septiembre de 1973, hablando por cadena nacional. Llamó a los camioneros a reintegrarse al trabajo y a ponerse a las órdenes de las autoridades militares, expresando que las Fuerzas Armadas “serán suficiente garantía que serán cumplidos los compromisos con nuestro gremio”. Y añadió: “Tenemos en Chile un Gobierno que resolverá rápidamente y con justicia nuestros problemas”.

Así fue recogido en “El Camionero”, órgano oficial del gremio, que relató con lujo de detalles que las semanas posteriores al golpe fueron de celebraciones y homenajes. Vilarín recorrió el país, visitando las bases de la Confederación y saludando a los jefes militares.

Al mismo tiempo, el Ministerio del Interior remitió un oficio a la Corte de Apelaciones de Santiago, por el que se desistía de las querellas por infracción a la Ley de Seguridad del Estado presentadas en contra de 30 directivos de la Confederación del Transporte Terrestre y los dirigentes de la Confederación de Dueños de Camiones.

Vilarín estaba fascinado con el nuevo orden, que tanto contribuyó a establecer. El 24 de noviembre de 1973 concedió una entrevista a “Tribuna”, el diario del Partido Nacional, en que manifestó: “Ahora tenemos un Gobierno Militar, no una dictadura militar. Los chilenos han probado que rechazan las dictaduras, no así el orden, la seguridad, el respeto a las personas y a la propiedad privada. Y agregó que era un “socialista democrático, no marxista (…) Creo en el socialismo democrático”.

El presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones hizo esas declaraciones poco antes de iniciar una gira por el exterior para justificar el derrocamiento del Gobierno de la UP y negar la existencia de las atroces violaciones a los derechos humanos, las cuales conmovían a la comunidad internacional. Era iniciativa del “Comando de Acción Gremial”, encabezado por el mismo Vilarín.

Según consignó “El Camionero”, los gremialistas “alarmados e indignados por el cúmulo de multiplicadas e insensatas calumnias vertido en diversos órganos de publicidad, tomaron el importante acuerdo de llevar a cabo una ‘Operación Verdad’ de gran envergadura, con la participación de destacados dirigentes nacionales de los gremios, quienes llevarían a América y Europa una información documentada y real de los hechos ocurridos en Chile (…) Esta idea fue calurosamente acogida por la Junta Militar”…

Vilarín y otros dirigentes gremiales se reunieron con Augusto Pinochet para informarle de la gira. Indicaron que la delegación estaría integrada, aparte del jerarca de los camioneros, por dirigentes como el presidente de la Confederación Única de Profesionales (CUPROCH), Julio Bazán; el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Hugo León; el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Jorge Fontaine; el presidente de la SOFOFA, Orlando Sáenz; el directivo de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Manuel Valdés y el presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Martínez Rodríguez.

Bazán señaló que la gira “servirá para que el mundo sepa lo que fue la resistencia civil en Chile y las razones que tuvimos para hacerla, porque los marxistas distorsionaron la verdad en el exterior”. Contó que Pinochet “agradeció el gesto y lo valoró en todo su alcance”, en “una emocionante reunión, porque nos sentimos vinculados a valores patrióticos”.

La gira fue una catástrofe. Por ejemplo, en Bolivia, su primer contacto con los periodistas locales concluyó con el retiro indignado de todos los profesionales. Luego de una exposición de diez minutos, la delegación fue interrogada por los bolivianos fusilados en Chile. Vilarín contestó: “Naturalmente se han producido algunas ejecuciones, las menos, creo que las indispensables”.

“Perdone, vamos a abandonar la sala”, respondieron los periodistas. La conferencia de prensa terminó con un “hasta luego” en coro (“La Tercera”, 23 de noviembre de 1973).

En Venezuela, apenas dos minutos después de que Vilarín comenzara a hablar, la policía interrumpió una conferencia de prensa de la delegación gremialista en el Hotel El Conde de Caracas. Los detuvieron y trasladaron a toda velocidad al Aeropuerto de Maiquetía, Simón Bolívar. Y los expulsaron del país (“La Tercera”, 4, 5 y 6 de noviembre de 1973).

En Santo Domingo, capital de República Dominicana, tampoco les fue bien. Los periodistas de los medios de comunicación boicotearon una conferencia de prensa de la delegación en el Hotel Lina. Los representantes de la prensa dominicana se retiraron de la sala poco antes que Vilarín comenzara su exposición.

A poco de iniciar el evento, un periodista tomó la palabra e increpó a los chilenos, “por defender una dictadura, que es la vergüenza de América Latina”, agregando que quería dejar constancia, en nombre de sus colegas, del “desagrado que causa a mi país la visita de la misión de propaganda de la Junta”. Vilarín y sus acompañantes trataron de señalar, en medio de gritos, que la acción militar “obedeció al clamor (…) de la inmensa mayoría del país”. La conferencia tuvo que ser suspendida (“La Tercera”, 6 de diciembre de 1973).

Su siguiente destino era México. Sin embargo, el Gobierno de ese país “negó la entrada de la delegación gremial a ese país, aduciendo la no conveniencia de su visita”, según recogió la revista “El Camionero”.

En la presentación de la antes mencionada entrevista a Vilarín en el diario “Tribuna”, se dijo que se comentaba que era una especie de quinto integrante de la Junta de Gobierno. Si el líder camionero llegó a creer que ello era efectivo, la historia se encargó de mostrar su error. No solamente no fue considerado nunca para ninguna decisión de importancia, sino que al interior de la propia Junta Militar de Gobierno la idea inicial de un mando rotativo terminó siendo reemplazada por la concentración del poder en Augusto Pinochet. Mientras tanto, Jaime Guzmán, los intelectuales gremialistas, los economistas neoliberales y los hombres de la derecha económica iban acumulando influencia creciente.

El antes mencionado Informe sobre acciones encubiertas de la CIA en Chile del Senado de Estados Unidos, también conocido como “Informe Church”, concluyó en 1975: “Respecto a la huelga de camioneros, hay dos factores indiscutibles”. Primero: “no se aprobó ninguna subvención para ser dada directamente (sic) a los huelguistas”. En segundo lugar, “todos los observadores estuvieron de acuerdo en que las prolongadas huelgas (…) no hubieran podido mantenerse con los fondos” propios de los gremios.

En ese sentido, indicó que “permanece sin aclarar” si parte de la financiación que la CIA dio a la oposición “pudiera haber sido desviada para apoyar a los huelguistas”. Añadió: “Está claro que los huelguistas (…) eran activamente apoyados por varios grupos del sector privado, los cuales recibían fondos de la CIA. Hubo extensos lazos entre estas organizaciones del sector privado y los grupos que coordinaban y llevaban a cabo las huelgas”.

La idea de una “triangulación” de los fondos de la CIA fue recogida en el reportaje que el periodista estadounidense Seymour M. Hersh publicó en “The New York Times” el 20 de septiembre de 1974, hoy disponible en su portal digital y que la periodista Alejandra Matus recordó en su cuenta de Twitter. Consignó el diario que “fuentes de inteligencia” de Estados Unidos “admitieron que algunos fondos de la Agencia inevitablemente” pudieran haber llegado al gremio de camioneros. “Si se lo damos a un A, y luego A se lo da a B y C y D (…) es cierto que D lo obtuvo, pero la pregunta es: ¿se lo entregamos a ese A sabiendo que D lo obtendría?”. Añadió el reportaje: “El funcionario agregó que era ‘tremendamente difícil’ mantener el control sobre los operativos de campo locales, particularmente cuando se trataba de grandes sumas de dinero en efectivo”.

Es decir, de los aproximadamente ocho millones de dólares que la CIA transfirió a partidos de oposición al Gobierno de Allende, entidades empresariales, medios de comunicación y grupos privados, una parte habría llegado al gremio de los camioneros.

Los nostálgicos de la lucha antimarxista en tiempos de la Unidad Popular sostienen que fue protagonizada por “patriotas”. En verdad, es singular patriotismo aquel financiado desde Washington y Langley.

A finales de los años 70, Vilarín se transformó en disidente del régimen militar, sobre todo decepcionado por la política económica. En 1983, dio un paso que nadie hubiera imaginado: se integró al primer espacio de concertación de la oposición, que incluía a sectores de la izquierda: el Proyecto de Desarrollo Nacional (PRODEN). Participó en la convocatoria de algunas de las primeras protestas en contra de la dictadura. Al año siguiente respaldó una denuncia judicial contra Pinochet por la construcción de una mansión de El Melocotón.

Sin embargo, un poco tiempo después dio un nuevo giro y apareció en 1988 respaldando la opción favorable a la continuidad de Pinochet en el plebiscito de octubre de ese año. Así, al diario español “El País” dijo: “El problema de hoy en Chile es decidir si vamos a vivir en democracia o vamos a ser una sucursal de Moscú” (…) Nosotros ya conocemos el asunto. Los camioneros tenemos claro cuál debe ser nuestra actitud”. Por esos días, junto a otros viejos dirigentes gremiales pinochetistas formó un «Comando Multigremial», a la antigua usanza, pero de efímera existencia.

A finales de 1998, cuando Pinochet estaba detenido en Londres, intenté infructuosamente convencer a Vilarín que ofreciera una entrevista. Conversamos en su residencia en Villa Frei. Parecía un hombre abatido por la vida. Me contó que su esposa Adriana había fallecido unos meses antes y enfatizó que no tenía el menor interés en hablar de su papel en la historia reciente de Chile. Falleció al año siguiente.

Por Víctor Osorio. El autor es periodista y director ejecutivo de la Fundación Progresa.

Santiago, 30 de agosto 2020.

Publicado por Crónica Digital.