Bio Bío: Víctimas de la dictadura cívico militar entregaron su visión a la CIDH en visita a Concepción

En sus recomendaciones y conclusiones preliminares tras concluir su visita in loco a Chile, la CIDH advierte “que la perpetuación de la impunidad por las graves violaciones afecta no sólo a las víctimas de tales violaciones y sus familiares, sino a toda la sociedad, debido a que transmite una señal de tolerancia a hechos de esta naturaleza”.

Si bien gran parte de quienes intervinieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su visita a Concepción, se refirieron a los hechos ocurridos en la zona a partir del 19 de octubre, también hubo personas que hablaron de las graves violaciones a los derechos humanos en dictadura y de la falta de verdad y justicia en estos años.

Fue el caso de Teresa Retamal, que habló en nombre de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chillán, donde hay casi un centenar de detenidos desaparecidos y más de 30 ejecutados políticos.

Con voz firme, Teresa se dirigió a las comisionadas y a los asistentes, relatando la lucha que han dado por más de 46 años en busca de verdad y justicia.

“Por muchos años hemos luchado. Nuestros procesos estuvieron por muchos años en la Corte de Apelaciones de Chillán, sin que nada ocurriera. Después de 10 años de lucha, abogando en la Corte Suprema y en distintas instancias, nuestros procesos por fin pudieron trasladarse porque en la Corte de Chillán había impunidad absoluta. Cuando se trasladaron a Concepción, los abogados de estos genocidas recurrieron al Tribunal Constitucional, aduciendo que no habían tenido un debido proceso. Más de dos años estuvieron allí, Hicimos campañas y viajamos a veces hasta dos veces en la semana, trabajamos hasta que los procesos fueron levantados…”, relató.

Pero la justicia sigue siendo esquiva, agregó, pues las condenas son irrisorias: “Vinimos a hacer esta denuncia, porque muchas han quedado en el camino, no queda una Rosa, una Carmen, una María… la muerte biológica nos está llegando por ambos lados, por los genocidas y por nosotros y a 46 años tenemos otra dictadura en democracia, donde hay tortura, donde la gente queda ciega…”

Al finalizar sus palabras, Teresa Retamal demandó el derecho de víctimas y familiares a la verdad, la justicia, la reparación y la memoria.

También con firmeza y determinación habló Marisol Araya, hija de Alfonso Araya, detenido desaparecido desde 1976, quien recordó la experiencia de los hijos de detenidos desaparecidos, ejecutados, presos políticos y exiliados, que vivieron su infancia con carabineros en las calles y agentes de la Dina y la Cni, vigilando sus hogares y deteniendo a sus familiares. 

Marisol relató que no conoció a su padre, pues su madre tenía 7 meses de embarazo cuando él fue detenido y hecho desaparecer. Desde entonces con su madre han luchado “hasta el día de hoy para que nunca más se vuelva a repetir, todo lo siniestro y el oscuro momento que vivió este país”. 

Sin embargo, 46 años después, ha vuelto la represión, las mutilaciones, las violaciones, las vejaciones a mujeres y hombres. “Toda la vida hemos luchado junto con las agrupaciones de derechos humanos por un nunca más, pero este gobierno y sus cómplices de la dictadura, ha sido sordo, pero el pueblo se levantó y no debemos bajar los brazos, debemos seguir en las calles y seguir luchando para que de verdad el nunca más exista”.

Finalmente, emplazó a la CIDH a tener la fuerza necesaria para “poner punto final a esta situación”, algo que, dijo, no se ha logrado con los cuatro informes anteriores sobre violaciones a los derechos humanos en Chile. “El gobierno aún no ha hecho nada, nos siguen matando, nos siguen mutilando, esperamos que ustedes tengan la fuerza necesaria para poner punto final a la situación que vivimos…ponemos toda nuestra esperanza en ustedes”. 

En el mismo sentido, aunque con énfasis en la negación de justicia, habló Patricio Troncoso en nombre de la Coordinadora de Organizaciones de Derechos Humanos y Memoria de la Provincia de Concepción. 

“En Chile nos matan, nos están mutilando; las violaciones a derechos humanos que estamos viviendo son expresión de la sistematicidad de las violaciones durante la dictadura militar y son producto del manto de impunidad con que se ha juzgado las aberraciones cometidas en dictadura. La justicia ha sido negada, cuando ésta no fue directamente cómplice; fue encubridora, cuando no ha sido mediocre; ha sido ineficiente, cuando no ha sido condescendiente con los culpables; ha sido tardía, cuando la justicia no es oportuna es evidencia que no está cumpliendo su objetivo, tardanza se traduce en impunidad, los culpables mueren sin recibir castigo o dementes para escapar al castigo o reciben condenas simbólicas que son una burla para quienes buscamos justicia”. 

Es esa impunidad, dijo, la que ha servido de base y sostén para las actuales políticas represivas que criminalizan la protesta ciudadana. “Las acciones represoras que hemos visto desde octubre en adelante no deben seguir. Hay impunidad y la justicia es cómplice”, recalcó. 

Al terminar la sesión, familiares de detenidos desaparecidos de Chillán entregaron un documento relatando su situación a Marta Tavares, abogada de la CIDH. 

Cada relato y testimonio fue recibido con aplausos por los asistentes y seguido con especial atención por los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en sus consideraciones recomendaciones preliminares, entregadas al terminar su visita in loco a Chile, recogió esta demanda. 

“La CIDH observa que el Estado de Chile tiene deudas históricas en relación con la justicia por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en su pasado. Persisten en el ordenamiento jurídico normas que constituyen obstáculos a la sanción de los más graves crímenes perpetrados durante la dictadura militar. Asimismo, la persecución penal no ha avanzado de manera proporcional a la magnitud de los casos identificados en el marco de este período. La Comisión subraya que la perpetuación de la impunidad por las graves violaciones afecta no sólo a las víctimas de tales violaciones y sus familiares, sino a toda la sociedad, debido a que transmite una señal de tolerancia a hechos de esta naturaleza”. 3 de febrero de 2020.-

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