Amnistía Internacional lanza plataforma que muestra casos de activistas ambientales que han sufrido ataques en América, incluido Chile

La novedosa plataforma online pone de manifiesto la creciente oleada de ataques contra activistas ambientales en América.

En Chile, el Lonko Víctor Queipul Hueiquil de la Comunidad Autónoma de Temucuicui y la abogada Karina Riquelme Viveros, quien lleva causas de mapuche criminalizados por la reivindicación de territorios, son casos de activistas que han sido víctimas de fuertes ataques y amedrentamientos.

Hoy 9 de diciembre, Día Internacional de los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional ha lanzado la plataforma “¡Alza la voz por los defensores y defensoras!” que expone decenas de casos de activistas ambientales de todos los rincones de América que han sufrido acoso, amenazas, ataques, encarcelamiento injusto e incluso homicidio como castigo por su trabajo para proteger el medio ambiente.

Según Amnistía Internacional los casos expuestos en la plataforma no son más que la punta del iceberg. La nueva herramienta pretende arrojar luz sobre una crisis invisible y sobre las historias de quienes trabajan contra poderosos intereses políticos y económicos para proteger los recursos sin los cuales ninguno de nosotros podríamos vivir.

Un caso emblemático ocurrido en la región es el de Berta Cáceres en Honduras. El cobarde asesinato a esta líder indígena fue una tragedia anunciada y nos dejó el temido mensaje que hacer activismo por los derechos humanos en ese país puede ser letal.

“Hoy más que nunca, los y las activistas que defienden el medioambiente son el blanco de una campaña implacable destinada a impedirles proteger recursos naturales vitales”, manifiesta Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Un ejemplo cercano es el caso de Máxima Acuña en Perú, quien lucha por defender sus tierras afectadas por la actividad minera. Esta campesina ha hecho frente a violentos ataques de la policía por negarse a abandonar la tierra en la que vive con su familia. La campaña de intimidación que vive Máxima tiene por objetivo hacerle la vida imposible, de forma que desista y se marche. Esta cruel estrategia de amedrentamiento la viven con frecuencia los y las activistas ambientales en la región.

“Los defensores y defensoras del territorio han sido víctimas de ataque en todas las Américas, y lamentablemente Chile no es la excepción”, señala Ana Piquer, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional – Chile.

La plataforma online presentada hoy ante la prensa en Temuco incluye dos casos ocurridos en Chile, ambos vinculados a la lucha mapuche por el territorio. El primero, es el lonko Víctor Queipul Huequil de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, quien tras una historia de acoso policial y criminalización que ha afectado a él y a su familia, en junio de este año fue secuestrado por ocho horas, durante las cuales fue amarrado, golpeado y amenazado de muerte debido a sus actividades de defensa de las comunidades.

“Cuando se ataca a un defensor como el lonko Víctor Queipul, no sólo se ataca a esa persona; se ataca también la causa y la comunidad que esa persona defiende”, menciona Ana Piquer.

El segundo caso es la abogada Karina Riquelme Viveros de la organización CIDSUR en Temuco, que trabaja en la defensa de causas de imputados mapuche, y ha sido también criminalizada y amedrentada por funcionarios policiales.

“Es preocupante y sospechoso que Karina Riquelme haya recibido estas señales de hostigamiento por su legítimo trabajo. Muchas veces se usa esta forma de acoso para infligir miedo y agotamiento en los defensores de derechos humanos”, expresa Ana Piquer.

Amnistía Internacional considera que los casos del lonko Víctor Queipul y de la abogada Karina Riquelme deben tomarse como una señal de alerta extremadamente grave. Quienes defienden o apoyan la defensa del territorio por medios pacíficos no deben encontrar en el Estado una barrera para su trabajo ni menos un motivo de desconfianza, preocupación o temor. Por el contrario, el Estado debe ser quien les otorgue protección y garantías de poder ejercer su labor de defensa de manera segura y sin entorpecimientos indebidos.

“Para ello, es imprescindible que en casos como éstos se investiguen a fondo los hechos denunciados, se sancione a quienes resulten responsables, y se adopten medidas para que hechos como éstos no se vuelvan a repetir, concluye Ana Piquer”.

Lamentablemente trabajar a favor de temáticas ambientales en Latinoamérica es una tarea que expone a los defensores y defensoras a situaciones de riesgo. América Latina se ha convertido en la región más peligrosa para las personas que trabajan sobre estos temas. Tan sólo en 2015, la ONG Global Witness registró 185 homicidios de defensores y defensoras de la tierra y el medio ambiente en todo el mundo; de ellos, 122 tuvieron lugar en Latinoamérica.

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