La tendencia a la precarización del trabajo en el capitalismo monopólico: una lectura desde el clasismo de la crisis global del empleo

 "Los proletarios no tienen nada que perder salvo sus cadenas. Tienen un mundo que ganar. ¡Proletarios de todos los países, uníos!"

Marx – Engels, Manifiesto Comunista

En las primeras décadas del siglo XXI, el capitalismo en su actual fase imperialista ha consolidado una paradoja estructural: mientras el empleo no desaparece e incluso muestra signos de estabilidad en términos agregados, las condiciones en que este se desarrolla se deterioran de manera sistemática y golpea con dureza a las y los trabajadores. Esta contradicción mostrada como aparente solidez cuantitativa es en realidad degradación cualitativa y constituye uno de los rasgos más significativos del capitalismo monopólico que se expresa en la expansión global de la precarización del trabajo y la vida que afecta al proletariado y al conjunto del pueblo pobre.

Los datos empíricos más recientes permiten dimensionar este fenómeno. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la tasa de desempleo mundial se mantiene en torno al 5%, lo que podría interpretarse como una señal de estabilidad. Sin embargo, esta cifra oculta una realidad mucho más compleja: alrededor de 284 millones de trabajadores y trabajadoras viven en condiciones de pobreza extrema, y aproximadamente 2.000 millones —cerca del 58% de la fuerza laboral mundial— se encuentran en la informalidad (OIT; WIEGO, 2024–2025). A esto se suma la desaceleración del crecimiento del empleo y el estancamiento de su calidad. Esta situación revela un cambio cualitativo en la naturaleza del trabajo. El problema ya no es únicamente la falta de empleo (que para muchas y muchos lo es), sino la proliferación de formas laborales precarias, inestables, desprotegidas y mal remuneradas. En este contexto, el trabajo deja de garantizar condiciones mínimas de reproducción social y se convierte en un espacio de vulnerabilidad estructural a la cual se ve afectada la mayoría de la clase trabajadora y el pueblo.

Desde una perspectiva marxista, este fenómeno no constituye una anomalía, sino una expresión coherente de la lógica del capital. En el modo de producción capitalista, la fuerza de trabajo se presenta como una mercancía cuyo valor está determinado por el costo de su reproducción. Sin embargo, el capital tiende permanentemente a reducir este costo con el objetivo de maximizar la plusvalía, es decir, la diferencia entre el valor producido por la y el trabajador y el salario que recibe. Ese excedente es, en gran parte, lo que permite el enriquecimiento de la burguesía. La precarización actual puede entenderse, entonces, como una intensificación de esta dinámica, una extensión y profundidad del traspaso de la actual crisis del modelo de explotación y opresión capitalista a la clase trabajadora, haciendo que esta sea quien pague la crisis a través de la extensión del desempleo, la precarización laboral y la sobreexplotación a la cual se está sometiendo día tras día para poder sobrevivir.

Uno de los rasgos más visibles de este proceso es la expansión de la informalidad. A nivel global, más de la mitad de las y los trabajadores se desempeña fuera de marcos legales de protección social. En Latinoamérica, esta proporción se sitúa en torno al 47%–50%, mientras que en regiones como África subsahariana o Asia del Sur supera ampliamente el 70% (OIT, 2025; OCDE, 2025). La informalidad implica ausencia de contratos estables, falta de acceso a seguridad social y una exposición directa a las fluctuaciones del mercado, los cuales afectan principalmente a los sectores más precarizados de la sociedad. Desde nuestra perspectiva la informalidad no debe interpretarse como un rezago precapitalista, sino una pieza más del engranaje actual, es decir, es el capital encontrando nuevas formas de controlar y sacar provecho del trabajo fuera de las fábricas y sin las reglas tradicionales (subsunción del trabajo al capital). Permite externalizar costos, fragmentar a la clase trabajadora y sostener un amplio “ejército industrial de reserva” que presiona a la baja los salarios y debilita la capacidad de negociación colectiva. En este sentido, la precarización cumple una función disciplinaria dentro del sistema, esto último lo tiene muy claro la burguesía y los dueños del poder y la riqueza. Otro fenómeno central es el crecimiento del denominado “trabajador/a pobre”. La existencia de millones de personas que, aun teniendo empleo, no logran superar la pobreza constituye una evidencia contundente de la crisis del salario como mecanismo de reproducción social. Según estimaciones recientes, cientos de millones de trabajadores y trabajadoras no alcanzan ingresos suficientes para cubrir necesidades básicas, situación agravada por la inflación y el encarecimiento del costo de vida tras la pandemia, la guerra comercial entre las potencias imperialistas y la guerra de rapiña que como tendencia al enfrentamiento tiene al mundo y a la especie humana pendiendo de un botón (OIT, 2025; ONU, 2026).

Este proceso refleja una tendencia a la reducción del valor de la fuerza de trabajo por debajo de los niveles necesarios para su reproducción plena, lo que desde la teoría marxista puede interpretarse como una forma de superexplotación. En estas condiciones, las y los trabajadores se ven obligados a multiplicar sus fuentes de ingreso, autoexplotándose con más horas de trabajo, endeudándose o dependiendo de redes familiares, trasladando parte de los costos de reproducción fuera del ámbito salarial y a otros miembros de la clase trabajadora, lo que expande aún más los costos de la crisis. Las transformaciones tecnológicas recientes han profundizado estas tendencias. La expansión de plataformas digitales ha dado lugar a nuevas formas de organización del trabajo caracterizadas por la flexibilidad extrema y la ausencia de derechos laborales. Se estima que existen más de 160 millones de “perfiles de trabajadores” en plataformas digitales a nivel mundial (OIT, 2024–2025). Estas trabajadoras y trabajadores operan bajo esquemas de “autonomía ficticia”, en los que asumen los riesgos de la actividad sin contar con protección social. Al mismo tiempo, el avance de la automatización y la inteligencia artificial ha incrementado la productividad, pero también ha contribuido a la expansión del desempleo estructural y el subempleo.

La precarización tampoco afecta de manera homogénea a la totalidad de la clase trabajadora. Por el contrario, se articula con desigualdades estructurales de género (expresión del patriarcado en el sistema de explotación y opresión capitalista), edad y condición migratoria, entre otras dimensiones. Las mujeres presentan menores tasas de participación laboral, mayores niveles de informalidad y una carga desproporcionada de trabajo doméstico no remunerado, fundamental para la reproducción del sistema (PNUD/OIT, 2025). Las y los jóvenes enfrentan tasas de desempleo cercanas al 12,6% a nivel global, además de una inserción predominante en empleos precarios. Las y los trabajadores migrantes, por su parte, suelen concentrarse en los sectores más vulnerables, con menor acceso a derechos.

 

La situación del empleo y la clase trabajadora en Latinoamérica

Según el Panorama Laboral 2025 de América Latina y el Caribe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el continente ha experimentado una relativa estabilidad en sus principales indicadores laborales (indicadores claramente establecidos por el bloque dominante), con tasas de participación cercanas al 63% y una moderada recuperación del empleo tras la pandemia. Sin embargo, estos avances son insuficientes para revertir problemas estructurales profundamente arraigados en el patrón del empleo bajo el actual sistema capitalista en su fase imperialista. El dato más significativo es que la informalidad laboral afecta aproximadamente al 47% de las y los trabajadores en Latinoamérica, es decir, casi una de cada dos personas ocupadas. Este fenómeno, lejos de ser marginal, constituye la forma predominante de inserción laboral en la región. En países como Perú, Bolivia o Ecuador, las tasas superan el 70%, mientras que incluso en países más grandes como México alcanzan alrededor del 55%, lo que expresa de forma gráfica las condiciones en las cuales vive el proletariado y los sectores populares en nuestro continente.

Desde una perspectiva marxista, esta masividad de la informalidad no puede interpretarse como un rezago del desarrollo, sino como una forma específica de organización del trabajo bajo el capitalismo monopólico en condiciones de semicoloniedad. La informalidad permite al capital reducir costos laborales, evadir regulaciones, impedir la organización y transferir los riesgos económicos directamente a las y los trabajadores, configurando así una modalidad de explotación intensificada. Amplios sectores de la clase trabajadora continúan percibiendo ingresos insuficientes para garantizar condiciones de vida dignas. Este proceso se vincula con el estancamiento de los salarios reales y el aumento del costo de vida, producto de la inflación sostenida, hoy mucho más agravada por las consecuencias de la guerra imperialista sostenida por EE. UU – Israel e Irán, lo que debilita la capacidad del salario como mecanismo de reproducción social.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha advertido, además, que el continente presenta uno de los crecimientos más bajos del empleo en décadas, otro elemento central es la desigualdad estructural dentro de la clase trabajadora. La OIT señala que la informalidad afecta de manera desproporcionada a mujeres y jóvenes, quienes enfrentan mayores niveles de vulnerabilidad laboral. En el caso de las y los jóvenes, el desempleo alcanza aproximadamente el 12,5%, triplicando el de las y los adultos, y se combina con altas tasas de empleo informal. Desde el marxismo, cumplen una función específica en la reproducción del sistema: fragmentar a la clase trabajadora, dificultar su organización colectiva y mantener segmentos disponibles para la sobreexplotación. Las transformaciones recientes del capitalismo han profundizado estas tendencias. La expansión del trabajo en plataformas digitales y del llamado “trabajo bajo demanda” ha introducido nuevas formas de precarización, caracterizadas por la ausencia de derechos laborales y la individualización de las relaciones de trabajo. Investigaciones recientes sobre trabajo digital en Latinoamérica muestran que incluso sectores altamente calificados —como las y los trabajadores de datos para inteligencia artificial— operan en condiciones de inestabilidad, bajos ingresos e informalidad. Al mismo tiempo, la estructura productiva de la región limita la generación de empleo de calidad. Latinoamérica presenta bajos niveles de productividad —con crecimientos cercanos al 0,9% anual en las últimas décadas— y una escasa participación en sectores de alta tecnología.  Esta situación refuerza su inserción semicolonial en la economía mundial, caracterizada por la exportación de materias primas y la subordinación a los países imperialistas.

La precarización del trabajo en Latinoamérica también debe analizarse a la luz de la ley general de la acumulación capitalista. Como planteó Marx, el desarrollo del capital produce simultáneamente riqueza y pobreza. En la región, esta contradicción se manifiesta en la coexistencia de crecimiento económico limitado con altos niveles de desigualdad y precariedad laboral. En este contexto, la informalidad, el subempleo y la inestabilidad no son desviaciones del sistema, sino componentes estructurales de su funcionamiento. La existencia de un amplio “ejército industrial de reserva” —integrado por desempleados, subempleados e informales— permite disciplinar a la fuerza de trabajo y mantener bajos los salarios. En definitiva, la precarización del trabajo en Latinoamérica no puede entenderse como un fenómeno transitorio ni como resultado exclusivo de políticas inadecuadas de la burguesía y el bloque en el poder. Se trata de una expresión de las contradicciones del capitalismo en su fase actual, agravadas por la posición semicolonial de la región en el sistema de producción mundial. La persistencia de altos niveles de informalidad, la expansión del trabajo precario y la incapacidad del sistema para garantizar condiciones de vida dignas a la mayoría de la población trabajadora plantean una cuestión fundamental: La crisis actual no es simplemente una crisis del empleo, sino una crisis del trabajo asalariado como forma de organización social. La expansión del trabajo precario, la pérdida de centralidad del salario y la creciente inseguridad laboral indican que el capitalismo monopólico enfrenta límites estructurales en su capacidad para integrar a la clase trabajadora en condiciones estables. En esa contradicción —entre la centralidad del trabajo para la producción social y su creciente desvalorización— se abren también las posibilidades de transformación radical de la sociedad de clases. La precarización, lejos de ser un fenómeno marginal, constituye uno de los principales terrenos de disputa en el conflicto entre capital y trabajo en el siglo XXI, y su única salida es la superación cualitativa de la sociedad, en el marco de la construcción del socialismo, la sociedad sin clases, el comunismo.

 

El empleo en Chile: la normalidad de la precarización

Hoy el mercado laboral en Chile exige ir más allá de las cifras oficiales entregadas principalmente por el INE. Pero si algo muestran los datos recientes del Instituto Nacional de Estadísticas es que la precarización del trabajo no es una anomalía pasajera, sino una condición estructural del capitalismo en nuestro país, tal y como ocurre en muchas partes del mundo. Un desempleo en torno al 8,9%, que en las mujeres alcanzo el 10%, una informalidad en torno el 26,5%, la tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial, un indicador más amplio de subutilización, alcanzó un 17,4% (trimestre enero – marzo 2026) no son simples indicadores técnicos: son la expresión concreta de una economía incapaz de garantizar condiciones mínimas de estabilidad para la mayoría de la clase trabajadora. Más aún, la persistencia de estas cifras durante años confirma que no estamos frente a una crisis coyuntural, sino ante una forma de funcionamiento relativamente estable del sistema de exportación capitalista en su actual patrón de acumulación neoliberal y directa consecuencia de la crisis integral, profunda y extensa del sistema.

Desde la perspectiva de Marx, esto no debería sorprender. El capitalismo no necesita —ni puede— emplear a toda la población. Por el contrario, requiere mantener una masa de trabajadores disponibles, el llamado ejército industrial de reserva, que permita presionar salarios a la baja y disciplinar a quienes sí tienen empleo. En Chile, esa reserva no solo existe: se expande. La informalidad laboral es quizás la expresión más evidente de esta dinámica. Más de uno de cada cuatro trabajadores y trabajadoras se desempeña sin protección social ni estabilidad. Sin embargo, presentar este fenómeno como “marginal” o “atrasado” es un error. La informalidad no está fuera del capitalismo: es una de sus formas más funcionales en contextos de bajo crecimiento. Permite reducir costos, trasladar riesgos a las y los trabajadores y sostener niveles de ganancia que de otro modo serían inviables, aminorando así el impacto en la tendencia a la decreciente tasa de ganancia para los grandes capitales y la patronal.

Lo mismo ocurre con el subempleo. Trabajar menos horas de las deseadas o en condiciones inestables no es una excepción, sino parte de un patrón más amplio donde la fuerza de trabajo se utiliza de manera fragmentada, flexible y desechable. Solo a modo de ejemplo, Fundación Sol ha declarado que cerca del 31,1% de las y los profesionales se encuentra en esta condición, en términos marxistas, esto responde a la necesidad permanente del capital de maximizar la extracción de plusvalor, ya sea extendiendo la jornada (plusvalor absoluto) o reduciendo el valor del trabajo mediante salarios deprimidos (plusvalor relativo). Pero el problema va más allá del empleo mismo. Lo que está en juego es la reproducción de la vida. Cuando los salarios no alcanzan, cuando el trabajo es inestable, cuando el acceso a derechos básicos depende del endeudamiento, lo que entra en crisis es la reproducción de la fuerza de trabajo. Es decir, la capacidad misma de la clase trabajadora para sostener su existencia en condiciones dignas. Aquí aparece otra dimensión clave: el carácter semicolonial de la economía chilena. En un modelo basado en exportaciones primarias y bajos costos laborales, la precarización no es un efecto colateral, sino una ventaja competitiva. La llamada “flexibilidad” del mercado laboral no es otra cosa que la institucionalización de la inseguridad y la sobreexplotación.

A esto se suma un elemento ideológico no menor. El discurso económico dominante insiste en presentar el empleo como un problema técnico, desligado de las relaciones de poder que lo estructuran. Se habla de “ajustes”, “dinamismo” o “adaptabilidad”, ocultando que detrás de esas palabras hay vidas marcadas por la incertidumbre. Es lo que Karl Marx denominó fetichismo: la capacidad del sistema para esconder sus propias contradicciones. En este contexto, resulta difícil sostener para el poder que la precarización pueda resolverse únicamente con mejores políticas públicas dentro del mismo marco. Cuando el problema es estructural, la solución es claramente la derrota del sistema capitalista y la construcción de nuevas relaciones sociales de producción y reproducción de la vida.

 

Sindicalismo en Chile (2025–2026): entre la revitalización parcial y los límites del modelo capitalista en su actual patrón de acumulación neoliberal

El sindicalismo chileno transita una etapa profundamente contradictoria. Por un lado, se observa un repunte de la conflictividad laboral y de la actividad negociadora; por otro, persisten intactas —e incluso reforzadas— las restricciones estructurales del modelo de relaciones laborales heredado de la dictadura y consolidado bajo los gobiernos de la “democracia” de ricos y poderosos. La evidencia es clara: hay más organización y más conflicto, pero el poder efectivo del proletariado sigue severamente limitado.

Las cifras recientes de la Dirección del Trabajo son elocuentes. En 2025 aumentaron los procesos de negociación colectiva y también las huelgas aprobadas. Se registraron 3.450 procesos de negociación colectiva, lo que representa un alza de 5,9% respecto de 2024. A su vez, se aprobaron 832 huelgas, un incremento de 17,2%. Sin embargo, este aumento cuantitativo contrasta con su expresión efectiva, ya que solo 137 huelgas se concretaron. Más aún, las y los trabajadores involucrados en huelgas disminuyeron en 32,6%. Esta combinación de indicadores revela una paradoja central: existe mayor conflictividad formal, pero menor capacidad real de paralización. Desde la perspectiva sindical clasista y combativa, este fenómeno no es casual. El capital ha perfeccionado sus mecanismos de neutralización del conflicto laboral. La conciliación anticipada, la presión empresarial directa, el reemplazo informal de funciones y el desgaste económico de las y los trabajadores operan como dispositivos silenciosos que reducen la eficacia de la huelga. Así, el derecho a huelga subsiste en el plano formal, pero su potencia material se encuentra crecientemente erosionada.

En paralelo, la sindicalización en Chile muestra un crecimiento sostenido. De acuerdo a diversas fuentes la tasa supera el 21%, el nivel más alto desde los 90 a la fecha. Sin embargo, este incremento no se traduce automáticamente en mayor poder de negociación. Una parte importante de los sindicatos carece de capacidad efectiva para incidir en las condiciones laborales, ya sea por su tamaño, su dispersión o por las limitaciones del marco legal vigente. Desde una perspectiva combativa, esta situación puede interpretarse como una forma de integración controlada del conflicto. El sistema permite la existencia sindical, e incluso su expansión numérica, pero restringe de manera estructural su capacidad de disputar la distribución de la riqueza. La sindicalización, en este sentido, no equivale necesariamente a poder en manos de las y los trabajadores. El diseño del sistema laboral chileno refuerza esta limitación. Diversos estudios coinciden en que el país presenta una de las coberturas más bajas de negociación colectiva dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), estimada entre un 7% y un 19% de las y los trabajadores. Predomina además la negociación por empresa, lo que fragmenta la acción sindical y dificulta la construcción de estrategias sectoriales. A ello se suman restricciones a la huelga en sectores estratégicos o considerados esenciales, junto con la ampliación de empresas clasificadas bajo esta categoría, donde el derecho a paralización se ve fuertemente limitado en la práctica. (resultado de la reforma antisindical impulsada por Bachelet)

Desde el sindicalismo clasista y combativo, este diseño institucional no puede entenderse como neutral. Por el contrario, responde a una lógica de control de la fuerza de trabajo, orientada a impedir la consolidación de un poder en manos de las y los trabajadores unificados a escala sectorial o nacional. La fragmentación no es un efecto secundario del sistema, sino uno de sus pilares fundamentales. No obstante, distintos estudios han identificado una revitalización sindical emergente desde mediados de los años 2000. Este proceso se expresa en el aumento de huelgas en sectores públicos y privados, en una mayor disposición de trabajadoras y trabajadores no sindicalizados a organizarse y en una revalorización del sindicato como herramienta de defensa colectiva. Sin embargo, esta revitalización es profundamente desigual. Se concentra en grandes empresas y en el sector público, mientras que permanece débil en los sectores más precarizados, como los servicios externalizados, el subcontrato y las plataformas digitales.

En este contexto, el conflicto laboral no desaparece, pero sí cambia de forma. El año 2025 confirma una tendencia en la que aumentan los conflictos registrados y los procesos de negociación, pero disminuye la capacidad efectiva de paralización. Este fenómeno se explica por la precarización laboral, el endeudamiento de los hogares, la individualización del trabajo y las estrategias empresariales de anticipación y contención del conflicto. En términos generales, el capitalismo no elimina el conflicto laboral, sino que lo administra. Lo fragmenta, lo institucionaliza y lo canaliza hacia formas controladas de negociación. De este modo, el sindicalismo principalmente burocrático y de conciliación, se desarrolla dentro de un marco estrechamente delimitado por las condiciones del modelo capitalista monopólico en su actual patrón neoliberal y en su fase imperialista.

El balance general es, por tanto, claro. El sindicalismo en Chile no se encuentra en crisis de existencia, sino en una crisis de poder. Existe mayor organización y mayor conflictividad, pero sin una correlación de fuerzas favorable a la clase trabajadora. Mientras persistan dirigencias sindicales burocráticas y conciliadoras con la patronal, fragmentación por empresa, subordinación al marco legal neoliberal y la dispersión estructural del trabajo precarizado, la capacidad de transformación del movimiento sindical seguirá siendo limitada.

La revitalización sindical es real, pero insuficiente. El desafío histórico no radica únicamente en aumentar la organización, sino en reconstruir una línea sindical clasista y combativa con perspectiva de poder capaz de disputar la producción y distribución de la riqueza en Chile, es decir, el control por parte del proletariado del aparato productivo y la transformación radical de las relaciones de producción y distribución.

 

 

Las tareas del sindicalismo clasista y combativo desde nuestra perspectiva

Como Organización Comunista Revolucionaria, entendemos que de acuerdo a las condiciones actuales de la lucha de clases en Chile y la correlación de fuerzas entre la burguesía y el bloque en el poder y el proletariado y el conjunto del pueblo, las tareas actuales del sindicalismo clasista y combativo se inscriben en un escenario de profundización de la precarización laboral, fragmentación de la clase trabajadora y ofensiva sostenida del capital sobre derechos históricamente conquistados. En este contexto, el sindicalismo no puede limitarse a la administración del conflicto, sino que debe asumir un rol activo en el rearme de la fuerza trabajadora como sujeto político, reimpulsando el protagonismo de las y los trabajadores.

 

En primer lugar, una tarea central es la reconstrucción de la unidad de la clase trabajadora más allá de los límites impuestos por la tercerización, la subcontratación y la atomización de los lugares de trabajo. El sindicalismo clasista y combativo no puede resignarse a la fragmentación legal o sectorial, sino que debe impulsar coordinaciones intersindicales, articulaciones territoriales y frentes comunes que permitan enfrentar de manera conjunta a los grandes grupos económicos que operan en el país y a la actual ofensiva patronal impulsada por el gran capital hoy representado por Kast, Quiroz y Mas que desde el gobierno han declarado una guerra abierta contra la clase.

En segundo término, se vuelve imprescindible el fortalecimiento de la organización desde las bases. Esto implica impulsar el crecimiento de sindicatos para luchar, sindicatos democráticos, con control de las bases sobre la negociación colectiva, rotación de dirigencias, formación política sindical y mecanismos efectivos de deliberación. Se debe arrebatar las bases sindicales a las dirigencias burocráticas y conciliadoras. La lucha por mejores condiciones inmediatas no puede desligarse de la formación de conciencia de clase, entendida como un proceso permanente y no meramente discursivo.

Otra tarea urgente es la defensa activa de los derechos laborales frente a la flexibilización y la precarización estructural del trabajo. El sindicalismo clasista y combativo debe enfrentar la expansión de formas contractuales inestables, la extensión de jornadas abusivas y la externalización de riesgos hacia las y los trabajadores. Esto exige no sólo la negociación colectiva, sino también la movilización sostenida y la huelga como herramienta legítima de presión y como escuela de combate para el proletariado.

Asimismo, el sindicalismo clasista tiene el desafío de disputar el sentido común dominante que naturaliza la explotación. Esto implica una batalla ideológica contra el individualismo neoliberal, la despolitización del trabajo y la idea de que el sindicato es solo un gestor de beneficios. La organización sindical debe recuperar su carácter histórico de herramienta de lucha y transformación social desde una perspectiva revolucionaria.

En paralelo, resulta clave la articulación con otros sectores del pueblo pobre organizado: pobladoras y pobladores en lucha, estudiantes, disidencias, organizaciones socioambientales y movimientos feministas de clase entre otros. La clase trabajadora en Chile no se expresa únicamente en el espacio productivo formal, sino también en la vida cotidiana atravesada por la crisis del costo de la vida, la vivienda, la educación, la salud y los servicios básicos. La construcción de alianzas amplias fortalece la capacidad de disputa frente a la burguesía y el bloque de poder y permite perspectivar la huelga general como táctica para enfrentar a los dueños del poder y la riqueza.

Finalmente, desde una perspectiva clasista, la tarea estratégica del sindicalismo no se agota en la mejora parcial de las condiciones laborales, sino que apunta a la transformación estructural del modelo económico y social. Esto implica avanzar hacia formas de nuevo poder que cuestionen la subordinación del trabajo al capital y abran camino a una sociedad donde el trabajo deje de ser una mercancía y demos un salto cualitativo al control por parte de las y los trabajadores de la producción y la distribución.

En síntesis, el sindicalismo clasista y combativo en Chile enfrenta el desafío de pasar de la resistencia dispersa a la construcción consciente de organización, unidad y proyecto histórico de la clase trabajadora, entendiendo cada conflicto laboral como parte de una lucha más amplia que busque pasar de la lucha sindical a la huelga y de esta al control de la producción, buscando transformaciones estructurales para transitar a la conquista del poder por parte de las y los trabajadores.

 

¡De la Lucha Sindical a la Huelga General!

¡Del Control de la Producción a la Conquista del Poder!

¡Trabajadoras y Trabajadores al Poder!

 

Organización Comunista Revolucionaria – OCR

Chile, mayo 2026

 

Por  Prensa Proletaria Chile