Cada aniversario del nacimiento de Salvador Allende revive una discusión que parece no agotarse nunca. Para algunos, representa un proyecto político inconcluso; para otros, un capítulo que Chile debería dejar definitivamente atrás. Pero ambas miradas omiten lo esencial. La verdadera vigencia de Allende radica en la capacidad de sus ideas para seguir interpelando los desafíos del presente.
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| Luis Antonio Arriagada Vallejos |
Las sociedades y contextos históricos cambian. Pero existen preguntas que permanecen porque hablan de la esencia de la vida colectiva. ¿Cuál debe ser el papel del Estado? ¿Puede el mercado, por sí solo, garantizar bienestar para todos? ¿Qué obligaciones tiene una democracia con quienes quedan rezagados por el crecimiento económico?
Estas preguntas recorrieron toda la vida pública de Salvador Allende. No nacieron en la teoría, sino que se forjaron cuando ejercía la medicina y comprendió que la enfermedad no era un problema biológico, sino la expresión de desigualdades más profundas: pobreza, mala alimentación, viviendas precarias, trabajo inseguro y falta de oportunidades. La salud, entendió Allende, no podía separarse de la justicia social.
No es casual que el terremoto de Chillán de 1939 lo marcara profundamente. Aquella tragedia no solo destruyó una ciudad; dejó al descubierto que los desastres golpean con mayor dureza a quienes ya viven en condiciones de vulnerabilidad. La respuesta del gobierno del Frente Popular no consistió solo en reconstruir edificios, sino que dio origen la CORFO, modernizo el Ministerio de Salud y consolidó una idea que marcaría el desarrollo chileno durante décadas: el Estado no debía limitarse a administrar, sino también debe crear capacidades para impulsar el desarrollo nacional.
Hoy, casi noventa años después, Chile parece recorrer el camino inverso. Se ha vuelto a instalar la idea de que el crecimiento económico depende de reducir impuestos a las grandes empresas, disminuir la intervención estatal y permitir que el mercado distribuya los beneficios del progreso. Es una tesis conocida. Se le ha llamado economía de la oferta, m as conocida como teoría del "chorreo": si quienes concentran la inversión disponen de más recursos, esos beneficios terminarán llegando al conjunto de la sociedad mediante empleo, inversión y mejores salarios.
El problema es que la evidencia no ha confirmado esa promesa. La experiencia internacional muestra que las rebajas tributarias pueden estimular la inversión bajo determinadas condiciones, pero también pueden traducirse simplemente en mayores utilidades para las empresas, recompras de acciones, distribución de dividendos o expansión financiera, sin efectos significativos sobre la productividad ni el bienestar de la mayoría. Todo depende del contexto institucional, del grado de competencia y de los incentivos existentes.
Y aquí aparece una característica central de la economía chilena: su elevada concentración. En numerosos sectores estratégicos; retail, banca, energía, telecomunicaciones, forestal, alimentos o transporte, la actividad económica se encuentra dominada por un reducido número de grandes conglomerados. En mercados de esta naturaleza, confiar en que las rebajas tributarias se transformarán espontáneamente en mayor desarrollo constituye una apuesta discutible, o al menos, una ingenuidad ideológica.
El crecimiento económico no surge por generación espontánea. Requiere competencia, innovación, infraestructura, capital humano, investigación científica, estabilidad institucional y políticas públicas que permitan que nuevos actores ingresen a los mercados. Requiere, en otras palabras, un Estado inteligente y activo.
No un Estado omnipresente ni burocrático. Tampoco un Estado que sustituya la iniciativa privada. Ese no fue, por lo demás, el mejor legado de la tradición socialista chilena. Lo vigente es la necesidad de un Estado capaz de corregir desigualdades estructurales, capacidad de invertir donde el mercado no encuentra incentivos suficientes y proteger a quienes no tienen poder para defenderse por sí solos.
En una sociedad democrática, el mercado es un instrumento extraordinario para asignar recursos, innovar y generar riqueza. Pero no posee un sentido moral. No distingue entre quien nace con oportunidades y quien nunca las tuvo. No corrige desigualdades territoriales. No protege por sí mismo a un adulto mayor, a un pequeño agricultor, a una familia afectada por una catástrofe o a una región que pierde sistemáticamente valor agregado porque las decisiones económicas se toman fuera del territorio. Ñuble conocemos bien esa realidad.
Nuestra región produce alimentos, madera, vinos, energía y conocimiento. Sin embargo, gran parte del valor generado abandona el territorio. Exportamos materias primas e importamos productos elaborados. Formamos profesionales que muchas veces deben emigrar. Seguimos esperamos inversiones que dependen de decisiones tomadas a cientos de kilómetros de distancia.
Es un problema de sumisión y estructura económica. Por eso el debate sobre el rol del Estado están vigente. Sin políticas públicas orientadas a fortalecer la innovación, la industrialización, el emprendimiento dinámico, la infraestructura y la descentralización efectiva, resulta difícil imaginar que regiones como Ñuble puedan romper por sí solas ese círculo de dependencia.
Hoy el principal legado de Salvador Allende consiste en recordarnos que el desarrollo económico nunca puede medirse solo por el crecimiento del PIB o por el comportamiento de los mercados financieros. Una sociedad se desarrolla verdaderamente cuando amplía las libertades reales de las personas, cuando distribuye oportunidades con mayor equidad y cuando nadie queda abandonado a su suerte por el simple hecho de haber nacido en una condición de mayor vulnerabilidad y una democracia se fortalece cuando el crecimiento económico, la libertad y la justicia social dejan de caminar por senderos separados. Esta es la esencia que debemos seguir defendiendo y constituye el principal legado que el presidente Allende heredo al socialismo chileno y mundial.
Por Luis Antonio Arriagada Vallejos


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