LA TRAMPA DE LA «RECONSTRUCCIÓN NACIONAL

 Cómo las clases patronales utilizan la catástrofe para consumar el saqueo de nuestros derechos como clase trabajadora. 

 

Asociación Intersindical de Trabajadores y Trabajadoras Clasistas (AIT).

 

El Plan de Reconstrucción Nacional se presenta bajo el noble rótulo de reconstruir las zonas devastadas por los incendios en Ñuble y Biobío. Sin embargo, la reconstrucción física real ocupa apenas una fracción menor del articulado. El gobierno reaccionario utiliza la legítima conmoción popular y el dolor de las familias damnificadas como un biombo político para introducir una agenda económica que, por vía ordinaria, enfrentaría una resistencia total de las masas organizadas. Dista mucho de ser ayuda humanitaria para los sectores populares afectados, muy por el contrario, es el pliego de peticiones de la gran patronal, impuesto por la espalda del pueblo trabajador.

 

El diagnóstico del proyecto afirma que la caída de la inversión es culpa de la reforma tributaria de 2014 y del "exceso regulatorio". Con esto, el gobierno oculta deliberadamente las variables del capitalismo a escala mundial, como el fin del ciclo del cobre, el alza de tasas de la Fed y la contracción minera mundial. Bajo esta falsa premisa, proponen reducir el impuesto corporativo del 27% al 23% y volver a la reintegración total, cometiendo la gravedad técnica de ocultar el costo fiscal. Al perdonarle la mano a la gran burguesía de este país, desfinancian el presupuesto público, lo que se traduce directamente en menos recursos para la salud, vivienda y servicios que principalmente utiliza el pueblo trabajador.

 

El proyecto busca eliminar el impuesto a las ganancias de capital bursátil, revirtiendo por completo los tímidos avances de la Ley N° 21.420. Aquí el carácter de clase del Estado queda al descubierto y tampoco se esfuerzan por ocultarlo. Mientras un obrero, una cajera o un profesor tributan de manera implacable mediante el impuesto al trabajo por cada hora extra que venden para subsistir, los grandes especuladores que ganan fortunas transando acciones en la bolsa de comercio quedarían totalmente exentos. Es la consolidación legal de la ofensiva patronal, versus el esfuerzo de la clase trabajadora que subsidia directamente el saqueo del capital financiero.

 

La ley pretende otorgar la llamada invariabilidad tributaria por 25 años a mega inversiones superiores a los 50 millones de dólares. Esto significa congelar las reglas del juego a los grandes consorcios transnacionales, mientras las familias trabajadoras asumen el costo diario de la inflación, el gran capital se asegura un blindaje garantizado por la certeza jurídica y su protección absoluta.

 

La ofensiva cala hondo en las conquistas históricas del pueblo: congela la expansión de la gratuidad universitaria, perpetuando la educación como un bien de consumo arancelario y defendiendo el negocio del endeudamiento juvenil en uno de los países más caros de la OCDE. En paralelo, elimina la franquicia SENCE, arrebatando 300 mil millones de pesos anuales destinados a la capacitación laboral masiva de los sectores menos calificados, sin proponer ningún mecanismo de rediseño o sustitución institucional. El proyecto reduce la capacidad fiscal del Estado para financiarlo, derribando aún más, el ya mermado desarrollo laboral de la juventud trabajadora.

 

Bajo la excusa de "destrabar la permisología", se reduce el plazo de invalidación de permisos ambientales de 2 años a solo 6 meses, facilitando la captura del proceso regulatorio por parte de las empresas. Además, limitar a un máximo de 6 meses las medidas cautelares en los Tribunales Ambientales vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva de las comunidades afectadas frente a industrias extractivistas como las forestales y las salmoneras, infringiendo abiertamente el Acuerdo de Escazú. Flexibilizar la evaluación ambiental, significa autorizar el saqueo y la contaminación de la tierra y el agua donde habitan las familias trabajadoras.

 

Ante esta agresión patronal, el sindicalismo clasista y combativo debe superar el rol meramente negociador y economicista de administrar bonos de término de conflicto. La tarea del período es pedagógica pero también es organizativa.

Debemos apostar a coordinar los sectores estratégicos de la producción (puertos, minería, transporte, retail, servicios públicos, etc) organizar las bases sindicales desde nuestros puestos de trabajo, y articular con unidad en la acción a las y los trabajadores, superando la atomización del mero gramialismo. Nuestra perspectiva debe ser acumular la fuerza necesaria para paralizar el país mediante una Huelga General construida desde nuestra clase.

 

Si los dueños del capital y su gobierno reaccionario pretenden legislar para precarizar nuestras vidas por los próximos 25 años, la clase trabajadora organizada tiene el deber histórico de recordarles que en este país no se mueve una sola máquina, no se transporta una sola mercancía, no se abre un solo negocio ni se levanta un solo ladrillo sin nuestro esfuerzo creador. Lleva este debate a tus compañeros y compañeras de trabajo, a tu sindicato, a tu asamblea y también a tu territorio.

Frente a la ofensiva precarizadora de la gran burguesía y su gobierno lacayo: 

¡Trabajadores y trabajadoras avanzar a la Huelga General!

Asociación Intersindical de Trabajadores y Trabajadoras Clasistas (AIT).

Chile, junio 2026