Las asociaciones de trabajadores ANTRAP, ANFUR, ANTRASE y AFUSE, actuando de manera conjunta y coordinada, se dirigen respetuosamente a usted para manifestar nuestra profunda preocupación y rechazo ante la excesiva demora en la implementación de la asignación de turnos, destinada a las y los trabajadores de trato directo.
Esta
asignación no constituye una concesión discrecional de la autoridad, sino el
reconocimiento de un derecho establecido por ley y la materialización de una
legítima demanda histórica de las y los trabajadores, alcanzada tras años de
esfuerzo y perseverancia gremial, Su origen se encuentra en el pronunciamiento
de la Contraloría General de la República, que declaró improcedente el pago del
promedio de horas extraordinarias en aquellos organismos del Estado que
carecían de un sistema formal de turnos.
Frente a esta
situación, nuestras organizaciones desarrollaron un intenso trabajo de
incidencia y gestión política ante parlamentarios, autoridades de Gobierno y la
Mesa del Sector Público, con el objetivo de otorgar una solución normativa que
permitiera resguardar los derechos de las y los funcionarios afectados. Como
resultado de dichas gestiones, se logró incorporar una regulación específica
mediante los artículos 61 y 62 de la Ley N.0 21.806, publicada en enero de
2026, estableciendo el derecho a percibir una asignación de turno con efecto
retroactivo al 1 de enero de 2026.
Cabe destacar
que la tramitación de esta ley contó con el respaldo activo de la Agrupación
Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), lo que fortaleció la legitimidad de esta
demanda y permitió avanzar en una solución ampliamente respaldada por las
organizaciones representativas del sector público. Asimismo, resulta importante
recordar que esta asignación fue debidamente considerada y financiada en la Ley
de Presupuestos del Sector Público para el año 2026, garantizándose los
recursos necesarios para su implementación.
Sin embargo,
pese a contar con pleno respaldo legal y presupuestario, han transcurrido ya
seis meses desde la entrada en vigencia de la norma sin que el proceso
administrativo haya sido concluido. Esta situación resulta difícil de
comprender y genera un grave perjuicio para cientos de trabajadoras y
trabajadores que sostienen diariamente la operación de los sistemas de trato
directo, quienes continúan enfrentando una inaceptable incertidumbre respecto
de una remuneración que la ley les reconoce expresamente.
La demora en
la materialización de este derecho no solo afecta la situación económica de las
y los funcionarios involucrados, sino que también debilita la confianza en los
compromisos asumidos por el Estado y en la capacidad de las instituciones para
garantizar el cumplimiento oportuno de las normas que ellas mismas promulgan
Por lo
anterior, ANTRAP, ANFUR, ANTRASE y AFUSE emplazamos respetuosamente al Gobierno
del Presidente José Antonio Kast y, en particular, a los Ministerios de
Desarrollo Social y Familia, y de Justicia y Derechos Humanos, a adoptar con
urgencia las medidas necesarias para concluir este proceso, Solicitamos que se
entreguen certezas concretas respecto de los plazos de implementación, se
superen las trabas administrativas existentes y se proceda al pago oportuno de
esta asignación, incluyendo los montos retroactivos que corresponden.
Las y los
trabajadores del Estado no pueden continuar soportando las consecuencias de
retrasos administrativos que escapan completamente a su responsabilidad.
Esperamos una respuesta formal de las autoridades competentes y la pronta
regularización de esta situación, garantizando el respeto irrestricto de los
derechos laborales consagrados por la ley.
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