Lonko mapuche enfrenta doble persecución judicial: Comunidades denuncian “racismo institucional” en La Araucanía

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La familia del lonko Guillermo Ñirripil y 21 comunidades mapuche denuncian un “segundo juicio” por los mismos hechos, acusando persecución judicial y racismo. La causa, fijada para el 1 de julio en Temuco, involucra al fiscal Enrique Vázquez (Señalado en Caso Huracán). Voceras convocan a organismos de DDHH a observar el proceso por vulneración al debido proceso.

Familiares y 21 comunidades del territorio advierten que el nuevo juicio del 1 de julio es una persecución penal contra el lonko Guillermo Ñirripil.

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La familia del lonko Guillermo Ñirripil Cheuquepan y representantes de 21 comunidades de las comunas de Lautaro, Curacautín, Victoria, Lonquimay y Perquenco, manifestaron su profunda preocupación por lo que califican como una nueva arremetida del sistema judicial chileno en contra de la autoridad tradicional, quien deberá enfrentar un segundo juicio oral el próximo 1 de julio en los tribunales de Temuco, a pesar de encontrarse ya cumpliendo una condena de 5 años y un día.

En un punto de prensa realizado en las dependencias de la ANEF de Temuco, las voceras Valeria Ñirripil Lincopi, en representación del núcleo familiar, y Margarita Paine, como portavoz de las comunidades, acompañadas de dirigentes del territorio, entregaron antecedentes que, según su perspectiva, demuestran inconsistencias jurídicas en la nueva acusación.

Valeria Ñirripil cuestionó la redundancia del proceso, señalando que la acusación actual contiene los mismos elementos de la primera condena, lo que refuerza la tesis de una persecución política en su contra y no una búsqueda de justicia. Al respecto, las vocerías se preguntan el porqué no se realizó antes esta acusación y se esperó hasta ahora, en momentos en que el lonko podría obtener beneficios infracarcelarios o incluso la libertad condicional por el tiempo que lleva encarcelado, sin embargo, estiman que la Fiscalía busca extender la prisión de la autoridad mapuche.

Uno de los puntos centrales de la denuncia recae en el fiscal a cargo de la causa, a quien vinculan directamente con casos irregulares y de montajes: "El fiscal Enrique Vázquez, cuyo nombre ha sido señalado en casos como el montaje del 'Caso Huracán' y también Hermosilla, insiste en esta persecución. Esto le da una connotación política y un curso racista, buscando una condena ejemplificadora que ignore el contexto de diálogo territorial y la palabra empeñada, pilar de nuestra cultura", señala la vocera, advirtiendo que se busca dar una condena ejemplificadora para amedrentar a las comunidades que reclaman sus derechos territoriales.

Las comunidades advirtieron que la acusación de extorsión se sustenta principalmente en la versión de ciertos empresarios propietarios de fundos, sin considerar los acuerdos previos y las conversaciones voluntarias sostenidas entre los dueños de fundos forestales y los dirigentes comunitarios. Según la declaración conjunta, ignorar estos diálogos constituye una vulneración al debido proceso, un abuso para deslegitimar la palabra empeñada y criminalizar los procesos territoriales de las comunidades.

Otro punto relevante señalado por las vocerías es la situación carcelaria del lonko. Las comunidades denunciaron que, además de la condena, existe una vulneración estructural a su espiritualidad, identidad y vínculo territorial debido a la ausencia de pertinencia cultural en el sistema penitenciario, lo que transgrede los estándares del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.

“Como familia y comunidades, estamos extendiendo estos antecedentes a la Relatoría de Naciones Unidas de Pueblos Indígenas, solicitando su intervención ante el Estado chileno, porque estamos seguros que aquí estamos en presencia de una persecución y una aberración jurídica”, señaló Ñirripil Lincopi.

Por su parte, la vocera Margarita Paine, señaló: “Denunciamos que el sistema de compra de tierras de CONADI, regulado por la Ley Indígena, empuja a las autoridades mapuche a negociar directamente con latifundistas y empresarios, exponiéndolas a denuncias por extorsión”.

Finalmente, tanto la familia como las comunidades adscritas al lonko hicieron un llamado urgente a las organizaciones de derechos humanos, a las autoridades públicas y a la ciudadanía en general para que pongan atención y énfasis en este caso. Convocaron a todas las personas a "dar fuerza y acompañamiento" durante el desarrollo de este segundo juicio, al que califican como "injusto y redundante", para dar frente a lo que consideran una muestra flagrante de racismo judicial en el país.