Caso Apablaza: defensa denuncia ilegalidad y acusa persecución política coordinada entre Chile y Argentina

La situación judicial de Galvarino Apablaza ha escalado en los últimos días a un nuevo nivel de tensión, marcado por operativos policiales, una orden de detención cuestionada y un inminente conflicto internacional. Sin embargo, desde la defensa del exdirigente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) se insiste en un punto central: lo que está ocurriendo no solo carece de sustento jurídico, sino que constituye una persecución política.

Así lo afirmó su abogado, Rodolfo Yanzón, quien anunció que denunciarán ante Naciones Unidas la ilegalidad del proceso de extradición impulsado por los gobiernos de Chile y Argentina. Según el jurista, las acciones emprendidas vulneran directamente la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, instrumento internacional que protege a personas perseguidas por razones políticas.

“Apablaza no se va a presentar porque sería refrendar un acto absolutamente ilegal”, sostuvo Yanzón, enfatizando que el proceso de extradición “está finalizado hace 16 años” y que cualquier intento de reactivarlo carece de validez jurídica.

Una operación irregular

El caso dio un giro cuando la jueza María Servini ordenó la detención de Apablaza en ausencia del juez titular de la causa, Ariel Lijo, quien se encontraba con licencia. Para la defensa, este movimiento no solo es irregular, sino que responde a una maniobra política.

“Aprovecharon la ausencia de Lijo para avanzar en una tramitación exprés en un tema extremadamente delicado”, acusó Yanzón, quien calificó la decisión como una “sucia jugada del gobierno” de Javier Milei.

La situación se agrava considerando que aún está pendiente la resolución de recursos judiciales presentados por la defensa para revertir la revocación del estatus de refugiado político que Argentina otorgó a Apablaza en 2010. Mientras ese proceso no se resuelva, sostiene el abogado, el exfrentista sigue protegido por el derecho internacional.

“Si no se define el estatus de refugiado, ese estatus sigue vigente. Lo que están haciendo es violar la Convención de Refugiados”, insistió.

Cacería y presión internacional

En paralelo, las autoridades argentinas han intensificado la búsqueda de Apablaza tras no encontrarlo en su domicilio en la localidad de Moreno, en Buenos Aires. Allanamientos, operativos policiales y una recompensa de 20 millones de pesos argentinos para quien entregue información han configurado un escenario que la defensa califica derechamente como una “cacería”.

El despliegue ocurre justo en la antesala de la visita oficial del Presidente José Antonio Kast a Argentina, donde este lunes sostendrá una reunión con el mandatario argentino Javier Milei en la Casa Rosada.

Un día antes, Kast realizó un punto de prensa en el que se refirió directamente al caso Apablaza, reafirmando la intención de su gobierno de lograr su extradición. Para la defensa, esta sincronía entre agenda política y acciones judiciales no es casual, sino una señal evidente de presión.

Yanzón fue explícito: “Quieren violar la Convención de Refugiados haciéndole un regalo a Kast. Se van a quedar con las ganas”.

Coordinación previa y operación fallida

Los antecedentes refuerzan esa lectura. Días antes del cambio de mando en Chile, autoridades de ambos países ya hablaban de una extradición “inminente”. Existía coordinación entre la Policía de Investigaciones (PDI) y fuerzas argentinas, incluyendo un avión dispuesto para trasladarlo.

Sin embargo, el operativo fracasó cuando Apablaza no fue encontrado en su domicilio, lo que activó un despliegue aún mayor de las fuerzas de seguridad trasandinas.

Para la defensa, esto confirma que no se trata de un proceso judicial regular, sino de una operación política que busca resultados inmediatos.

Dudas sobre el debido proceso en Chile

Otro de los puntos críticos es la falta de garantías para un juicio justo en Chile. El abogado recordó los vínculos entre el abogado Luis Hermosilla —histórico representante de la familia de Jaime Guzmán— y el ministro Mario Carroza, quien lideró investigaciones clave del caso.

Estas relaciones han sido cuestionadas judicialmente, incluyendo acciones impulsadas por Mauricio Hernández Norambuena, quien denunció colusión y tráfico de influencias.

A esto se suman errores del propio gobierno. La vocera Mara Sedini afirmó que Apablaza estaba “condenado”, lo que es falso, debiendo luego rectificar. Para la defensa, esto confirma un clima institucional adverso.

“Demuestran que en Chile no existen condiciones para un debido proceso”, sostuvo Yanzón.

Persecución política en desarrollo

Desde sectores políticos y organizaciones vinculadas a los derechos humanos, el caso también es interpretado como parte de un proceso con fuerte carga política. En esa línea, se ha planteado que la situación judicial de Apablaza se desarrolla en un contexto de presión por parte de sectores de derecha tanto en Chile como en Argentina, lo que —según estas voces— influiría en la persistencia del caso en la agenda pública y en las decisiones institucionales.

Más allá del desenlace judicial, lo que está en juego es el uso del aparato estatal para perseguir a figuras vinculadas a la resistencia política, en un contexto donde las disputas por memoria histórica siguen abiertas.

Hoy, el caso Apablaza no solo se juega en tribunales. También se instala como un símbolo de persecución política en el Cono Sur.