La organización advierte que excluir la colación de la jornada implica un retroceso en derechos laborales y exige intervención urgente del Ministerio de Justicia.
La Federación Nacional del Acceso a la Justicia (FENADAJ),
entidad que aglutina a las y los trabajadores de las Corporaciones de
Asistencia Judicial manifestó su profunda preocupación y rechazo frente al
Dictamen N° 136/2026 de la Contraloría General de la República, el cual —según
acusan— impacta negativamente la implementación de la Ley N° 21.561 que reduce
la jornada laboral a 40 horas.
A través de un oficio dirigido al subsecretario de Justicia,
Luis Silva, la organización advirtió que la interpretación del órgano contralor
establece que, al disminuir la jornada por debajo de las 43 horas, el tiempo de
colación dejaría de considerarse parte de la jornada laboral.
Para la presidenta de la Federación, Victoria Escalante, este
criterio “desvirtúa el espíritu de la ley”, ya que en la práctica implica un
aumento del tiempo efectivo de permanencia en los lugares de trabajo, afectando
directamente a las y los funcionarios de las Corporaciones de Asistencia
Judicial.
La Dirigente sostuvo además
que esta interpretación "vulnera derechos fundamentales”,
argumentando que “contradice disposiciones transitorias de la ley, desconoce
derechos adquiridos y atenta contra el principio de no regresividad en materia
laboral".
En concreto, advierten que la medida podría traducirse en
jornadas semanales que, en la práctica, alcanzarían las 44,5 horas.
“Una mejora legislativa orientada a la conciliación de la
vida laboral y familiar no puede transformarse en un retroceso para quienes
garantizan el acceso a la justicia”, señalaron desde la organización.
En el documento enviado al gobierno, FENADAJ solicita la
intervención del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para asegurar una
correcta aplicación de la normativa, resguardando íntegramente los derechos
laborales vigentes.
Finalmente, la Federación informó que se mantiene en estado
de alerta y que respaldará todas las acciones necesarias para revertir la
interpretación, apelando a que las autoridades adopten un criterio acorde con
los principios protectores del Derecho del Trabajo.


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