"HidroÑuble: el conflicto ambiental que las inspecciones del Gobierno no logran cerrar"

Mientras el Gobierno fiscaliza la seguridad de HidroÑuble, persisten las denuncias por el conflicto ambiental y social en San Fabián.

Las inspecciones preventivas realizadas por autoridades ambientales en el proyecto HidroÑuble, en medio del sistema frontal que afecta a Ñuble, volvieron a instalar una antigua controversia en la cordillera de San Fabián. Para las organizaciones ambientales y sociales, la presencia del Gobierno en las faenas refleja una preocupación por la continuidad operativa del proyecto, mientras —afirman— permanecen sin respuesta las denuncias por impactos ambientales, desplazamiento de familias y presuntas irregularidades que han marcado más de una década de conflicto.

Por su parte, el jefe regional de la Superintendencia del Medio Ambiente, Cristian Lineros, explicó que la fiscalización permitió constatar el cumplimiento de las medidas de seguridad implementadas en el proyecto: "Durante esta inspección verificamos las condiciones de escurrimiento del cauce, el estado de los taludes y las medidas destinadas a impedir el ingreso de personas a un proyecto que se encuentra en etapa de construcción. De acuerdo con lo observado en terreno, las condiciones actuales permiten resguardar la seguridad de la población frente al escenario climático que enfrenta la región."

La reciente visita de funcionarios del Ministerio del Medio Ambiente y de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) tuvo como propósito verificar las condiciones de seguridad de las obras, revisar el comportamiento del río Ñuble y constatar las medidas implementadas por la empresa para enfrentar el evento meteorológico. Desde el Gobierno se informó que la infraestructura opera bajo monitoreo permanente y que las condiciones observadas permiten resguardar la seguridad de la población frente a las lluvias.

Sin embargo, la inspección fue recibida con distancia por parte de organizaciones ambientales de San Fabián, que desde hace años sostienen una batalla para detener el avance del proyecto hidroeléctrico HidroÑuble y del embalse Nueva La Punilla. A su juicio, el despliegue institucional vuelve a concentrarse en aspectos operacionales y preventivos, sin abordar las denuncias de fondo que, aseguran, continúan pendientes.

Una resistencia que lleva años

El Movimiento Social en Defensa del Río Ñuble y diversas agrupaciones territoriales han convertido este conflicto en uno de los principales casos socioambientales de la Región de Ñuble. Durante años han presentado denuncias administrativas, recursos judiciales y movilizaciones públicas, argumentando que el proyecto representa una amenaza para uno de los ecosistemas más importantes de la cordillera regional.

Entre las principales denuncias levantadas por las organizaciones figuran la presunta tala de bosque nativo protegido, el incumplimiento de medidas de reforestación comprometidas en la Resolución de Calificación Ambiental, contaminación del río Ñuble por residuos industriales y material proveniente de tronaduras, además de la existencia de obras e infraestructura que consideran incompatibles con la seguridad de las comunidades cercanas.

Los dirigentes también sostienen que las modificaciones introducidas al diseño original del proyecto debieron dar paso a una nueva evaluación ambiental integral, planteamiento que forma parte de distintas acciones presentadas ante organismos fiscalizadores.

Familias desplazadas y cuestionamientos al Estado

Uno de los aspectos que más preocupa a las organizaciones es la situación de familias arrieras e históricos habitantes del sector cordillerano, quienes denuncian haber sido desplazados de territorios utilizados por generaciones para actividades ganaderas y de trashumancia.

Los movimientos sociales sostienen que no existieron procesos adecuados de relocalización ni medidas suficientes para proteger su modo de vida, situación que consideran una vulneración de derechos sociales y culturales.

Junto a ello, acusan que la respuesta de distintas administraciones ha estado marcada por la demora en las investigaciones ambientales, la judicialización de los conflictos y, en algunos episodios de protesta, el uso de Fuerzas Especiales de Carabineros para despejar los accesos a las faenas.

Acusaciones de centralismo

Otro de los cuestionamientos apunta al funcionamiento de la institucionalidad ambiental. Las organizaciones sostienen que las principales decisiones sobre el proyecto continúan adoptándose desde Santiago, con escasa participación efectiva de las comunidades de San Fabián.

Incluso autoridades regionales han manifestado anteriormente su preocupación por la necesidad de fortalecer la participación territorial en proyectos de gran impacto, especialmente en materias relacionadas con recursos hídricos, infraestructura y desarrollo rural.

En paralelo, organizaciones ambientalistas han recurrido a la Contraloría General de la República solicitando investigar eventuales demoras en procedimientos sancionatorios y actuaciones de la Superintendencia del Medio Ambiente vinculadas al proyecto.

Dos miradas sobre un mismo territorio

La inspección realizada esta semana evidencia el contraste entre las prioridades institucionales y las demandas ciudadanas.

Mientras el Ejecutivo sostiene que el monitoreo preventivo busca proteger a las comunidades frente al sistema frontal y verificar que la infraestructura opere de manera segura, las organizaciones consideran que el debate principal sigue siendo otro: la viabilidad ambiental del proyecto, la protección del río Ñuble y el futuro de la Reserva de la Biosfera Corredor Biológico Nevados de Chillán–Laguna del Laja.

Para los movimientos sociales, el conflicto nunca ha sido únicamente técnico. Plantean que detrás de HidroÑuble existe una discusión sobre el modelo de desarrollo para la cordillera de Ñuble, la protección del patrimonio natural y el derecho de las comunidades locales a participar en decisiones que afectan directamente su territorio.

Con las obras aún en ejecución y nuevas fiscalizaciones anunciadas por las autoridades, el conflicto permanece abierto. Mientras el Gobierno refuerza las inspecciones preventivas frente a eventos climáticos, las organizaciones ambientales insisten en que la verdadera deuda del Estado sigue siendo responder a las denuncias acumuladas durante años y abrir un proceso que permita discutir de manera integral el futuro del río Ñuble y de quienes han vivido históricamente junto a él.

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