FENADAJ acusa vulneración de derechos: “Impedir las 42 horas efectivas es una transgresión a la ley”

La medida afectaría a trabajadores de corporaciones de asistencia judicial y servicios descentralizados, quienes deberán permanecer más tiempo en sus labores pese a la entrada en vigencia de las 42 horas.

La Federación Nacional del Acceso a la Justicia (FENADAJ) manifestó su más enérgico rechazo a la forma en que se está implementando el segundo tramo de la ley de reducción de la jornada laboral a 40 horas, advirtiendo que la interpretación administrativa vigente implica, en la práctica, un retroceso en los derechos de las y los trabajadores del sector público.

Desde el 26 de abril comenzó a regir la jornada de 42 horas semanales en Chile. Sin embargo, la entidad que reúne  a las y los trabajadores de las Corporaciones de Asistencia Judicial,  alerta que un número importante de trabajadores del Estado —especialmente quienes se desempeñan en Corporaciones de Asistencia Judicial y otros organismos descentralizados regidos por el Código del Trabajo— no se están viendo beneficiados con la reducción efectiva de su jornada

Esto se debe a que, según la interpretación administrativa emanada de la Contraloría General de la República, el tiempo de colación dejaría de ser imputable a la jornada laboral. En la práctica, esto implica que los funcionarios deberán permanecer hasta 44,5 horas semanales vinculados al trabajo, superando incluso el límite aplicable a otros regímenes del sector público.

“Impedir la reducción de la jornada laboral a 42 horas efectivas representa no solo una transgresión a la ley, sino también indolencia ante los avances sociales”, señaló la presidenta de FENADAJ, Victoria Escalante. 

La representante  sindical sostuvo además  que esta medida “contradice el espíritu de la ley, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores”. En esa línea, denunció que la normativa “estaría siendo utilizada como una herramienta de precarización”.

Asimismo, desde FENADAJ emplazaron a las autoridades políticas a asumir su responsabilidad frente a lo que califican como una interpretación errática, advirtiendo que no aceptarán aumentos encubiertos de la carga laboral ni retrocesos en derechos ya conquistados.

La federación anunció que exigirá el cumplimiento estricto de la legislación laboral, incluyendo el pago de recargos y sanciones en caso de incumplimientos.

Además, confirmó que se encuentra evaluando acciones judiciales y administrativas para revertir la situación, haciendo  un llamado a sus bases a no firmar modificaciones contractuales que vulneren sus derechos laborales y a mantenerse en alerta frente a eventuales imposiciones administrativas.

Finalmente, la organización informó que se encuentra articulando una estrategia conjunta con otras entidades del sector público, reafirmando su compromiso con la defensa de la jornada laboral y la dignidad de las y los trabajadores.

--

Por Rafael Martinez Lozano.

Periodista