La vieja receta del poder: crisis para gobernar, reconstrucción para enriquecer

No es solo retórica. No es solo estilo. No es solo una forma de hablarle a la ciudadanía asustada. El llamado “gobierno de emergencia” de José Antonio Kast es una decisión política consciente: instalar la idea de crisis permanente para gobernar sin contrapesos y empujar, a toda velocidad, una reconfiguración del Estado en favor de los sectores más poderosos.

Chile ya vio esta película. Y sabe cómo termina.

La “emergencia” no es un concepto inocente en nuestra historia. Fue el argumento central con el que la dictadura de Augusto Pinochet justificó la destrucción de la democracia, la persecución política y la imposición de un modelo económico diseñado para concentrar riqueza. Primero fue el caos. Luego el miedo. Después, la excepción. Y finalmente, el nuevo orden

Hoy no hay tanques en la calle ni cierre del Congreso. Pero la lógica es inquietantemente familiar: construir una sensación de crisis total para hacer pasar como inevitables decisiones profundamente ideológicas. Gobernar no desde la deliberación, sino desde la urgencia. No desde el acuerdo, sino desde la imposición acelerada

Kast no llegó por la fuerza. Pero eso no lo hace inmune a reproducir una forma de ejercer el poder que desprecia, en la práctica, los límites democráticos cuando estos estorban.

Porque de eso se trata. La “emergencia” no describe la realidad: la organiza. Permite justificar que el Ejecutivo concentre atribuciones, que el debate parlamentario se vuelva un obstáculo incómodo y que los derechos aparezcan como lujos que el país no puede permitirse en tiempos difíciles

El resultado es un desplazamiento peligroso: ya no se discute qué modelo de país queremos, sino cuánto estamos dispuestos a sacrificar para “salvarlo”.

Y mientras el foco mediático se instala en la seguridad, la migración o el orden público, avanza en paralelo lo verdaderamente estructural: la llamada “Reconstrucción Nacional”. Un nombre que suena neutro, casi técnico. Pero que, en los hechos, es la profundización del mismo modelo económico impuesto durante la dictadura.

Menos impuestos para los grandes grupos económicos. Eliminación de gravámenes que afectan a los más ricos. Flexibilización ambiental para acelerar inversiones. Contención o recorte en derechos sociales. Debilitamiento de herramientas de organización laboral. El patrón es claro y no es nuevo.

No se trata de reconstruir el país. Se trata de reordenarlo en beneficio de quienes siempre han ganado.

Y hay algo aún más grave: muchos de los actores que se beneficiarán de estas políticas forman parte del propio entramado de poder del gobierno. No es solo una orientación ideológica. Es también un conflicto de interés estructural. Se gobierna para un sector específico del país, y ese sector está sentado en la mesa donde se toman las decisiones.

La desigualdad no es un efecto colateral de este modelo. Es su objetivo.

Todo esto ocurre bajo el paraguas de la “emergencia”. Porque la emergencia cumple una función política precisa: desactivar la resistencia. Cuando todo es urgente, nada puede discutirse a fondo. Cuando todo es crisis, cualquier medida se vuelve aceptable. Cuando el miedo se instala, la democracia se vuelve secundaria.

Chile no es el único caso. Lo que está ocurriendo forma parte de una tendencia regional —y global— donde liderazgos de derecha han aprendido a usar la democracia para llegar al poder y la excepcionalidad para ejercerlo. Nayib Bukele, Javier Milei, Donald Trump: contextos distintos, misma lógica. Ganar elecciones para gobernar como si los límites institucionales fueran un problema a superar.

No es un retorno clásico a las dictaduras del siglo XX. Es algo más sofisticado y, por lo mismo, más peligroso: una erosión gradual, sostenida y legitimada electoralmente del sistema democrático.

En Chile, esa erosión tiene un terreno fértil. Una institucionalidad debilitada, una ciudadanía cansada y una élite económica con enorme capacidad de influencia. La combinación perfecta para que la “emergencia” deje de ser una excepción y se transforme en regla.

La pregunta ya no es si el gobierno será eficaz en materia de seguridad o crecimiento. La pregunta es cuánto está dispuesto a deteriorar la democracia para lograrlo. Y, sobre todo, quién paga el costo de esa estrategia.

Porque los beneficios están bastante claros: grandes empresas con menos impuestos, inversionistas con menos regulaciones, capitales con más facilidades.

Los costos también: derechos sociales contenidos, menor capacidad del Estado, mayor desigualdad y una democracia cada vez más debilitada.

La llamada reconstrucción no es neutra. Tiene beneficiarios concretos. Y también víctimas.

Chile enfrenta un momento decisivo. No porque exista una crisis —que sin duda existe en varios planos—, sino por cómo se está utilizando esa crisis para redefinir las reglas del juego. La historia ya mostró lo que ocurre cuando la “emergencia” se convierte en forma de gobierno.

La diferencia es que esta vez no llega con botas. Llega con votos.

Y eso la hace, si cabe, aún más peligrosa.

Por Félix Montano 

Publicado por https://www.elclarin.cl/