Asociaciones de funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial se declaran en estado de alerta por graves decisiones de la autoridad
Gremios acusan decisiones arbitrarias de la autoridad, incluyendo despidos sin debido proceso, suspensión de derechos laborales y un clima de incertidumbre que impacta la salud de los trabajadores.
Las asociaciones de funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial regional se declararon en estado de alerta ante recientes decisiones de la autoridad que —según denuncian— vulneran derechos laborales y afectan a trabajadores y trabajadoras de la institución.
Entre los principales cuestionamientos, rechazan la desvinculación de tres profesionales en el marco de investigaciones sumarias, pese a que la propuesta inicial habría sido de amonestación escrita. Advierten dudas sobre el respeto al debido proceso, situación que se agrava en el caso de una funcionaria en tratamiento contra el cáncer, quien fue notificada de su despido sin consideración a su estado de salud.
A juicio del dirigente nacional de Afuncaj Biobío, Óscar Terán, la situación resulta aún más preocupante “al involucrar a una funcionaria que actualmente enfrenta un tratamiento contra el cáncer, quien fue notificada de su desvinculación sin consideración a su estado de salud”, denunció.
“Nos vemos enfrentados a la suspensión arbitraria e intempestiva del proceso de teletrabajo —o eximición horaria—, medida que impacta directamente en la conciliación de la vida laboral y familiar, especialmente en madres, padres y personas cuidadoras”, señaló el abogado y personero gremial, añadiendo que esta decisión “carece de fundamento y ya ha sido puesta en conocimiento de la Contraloría General de la República para su revisión”.
Las organizaciones también alertan sobre la incertidumbre en el pago de incentivos al retiro y el cuestionamiento a indemnizaciones históricas, junto con una gestión que califican como deficiente por la mantención de cargos vacantes y la sobrecarga laboral.
Frente a este escenario, informaron que los antecedentes fueron remitidos al Seremi de Justicia, solicitando su intervención. Finalmente, hicieron un llamado a la autoridad a rectificar y garantizar el respeto a los derechos laborales, advirtiendo que no permanecerán pasivos ante estas decisiones.

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