La Ministra del Trabajo asegura que estas cifras de desempleo estaban previstas y que ahora hay que “evitar que suban”. Pobreza, hambre y muerte son las consecuencias de la política criminal del gobierno que tiene que pagar el pueblo pobre y trabajador.
Según palabras de la misma Ministra del Trabajo, María José Zaldívar, en entrevista con radio Duna, “por supuesto” que ya hay más de un millón de desempleados y que, además, a nivel nacional la tasa de desempleo equivaldría a un 10%, adelantándose al informe oficial de desempleo del trimestre móvil febrero-abril que se publicará este fin de semana. Cifra que además es engañosa, porque la famosa “Ley de protección al empleo”, que no protege nada más que las ganancias de las empresas, trajo consigo suspensiones masivas que terminan siendo una versión 2.0 de desempleo, ya que una persona suspendida queda sin sueldo y está obligada a acceder a su fondo de cesantía, amarrada a un contrato que no garantiza que al retornar a sus labores normales no sea finalmente despedida.
La justificación a esta grave situación es que, como gobierno, ya habían previsto que el desempleo llegaría a las dos cifras y que, por lo tanto, lo que hay que hacer ahora es “trabajar para evitar que estos dos dígitos sean más abultados”. Es decir, tenían todo cocinado, pactado con los grandes empresarios para que fuesen las y los trabajadores que con su hambre y pobreza solventaran la repartija de utilidades entre accionistas. Basta con observar el caso de los despidos de LATAM, donde el Ministro del Interior, Gonzalo Blumel, ya aseguró que el Estado irá en socorro de la empresa (pero no de los 290 trabajadores despedidos), graficando muy bien como gobierno y empresarios se rascan las espaldas.
Para la capital el escenario es mucho peor pues la tasa de despido se dispara a un 15,6%. Según palabras de la propia ministra. Protestas, barricadas y ollas comunes se levantan en las comunas populares y pobres de Santiago como respuesta solidaria de clase ante esto, mientras el gobierno responde con bonos y cajas de alimentos que ni son para todes ni garantizan salir de la línea de la pobreza. Y cómo no resaltar también que parte de la población más afectada es la migrante, que en su mayoría trabaja en construcción, comercio e informalidad, los sectores más golpeados por despidos y suspensiones, y que han quedado arrojados a sus suerte como consecuencia de las políticas criminales del gobierno, como por ejemplo pasa con las personas venezolanas que actualmente están acampando afuera de la embajada de su país.
Precariedad, hambre, contagios y muerte para el pueblo trabajador ¿A qué acuerdo llama el gobierno?
Mientras los sectores más pobres y azotados por la crisis de la pandemia buscan desesperadamente salir de esta situación, el gobierno llama a que entre los partidos con representación parlamentaria se llegue a un “acuerdo”. Con un discurso lleno de generalidades y declaraciones de buenas intenciones, Piñera llama a este “acuerdo” con el sólo fin de buscar respaldo en los partidos del régimen para pasar sus políticas criminales y reducir la resistencia en el parlamento a la aprobación de sus proyectos. Y por su lado, el Frente Amplio y el Partido Comunista haciendo más de lo mismo, peleando por migajas y porque los pobres y trabajadores no pierdan tanto, participando de un diálogo de sordos con un gobierno que tiene las manos manchadas de sangre.
¿Es posible llegar a algún acuerdo favorable para la clase trabajadora con un gobierno que mutiló ojos a más de 400 personas, que torturó y violó sistemáticamente los DDHH en la revuelta popular del 18 de octubre? ¿Hay algo que dialogar con los mismos que inventaron una ley para disfrazar los despidos como “suspensiones”? ¿Habrá algo que “acordar” con un gobierno que en vez de levantar medidas sanitarias serias en plena pandemia, sólo se preocupa de fortalecer la represión? Esta “oposición” que no se opone a nada, nuevamente vuelve a diálogos con el gobierno para darse vueltas en círculos, esperando que a la derecha y los empresarios se le ablande el corazón.
Lo evidente, es que no hay acuerdo posible con el gobierno que no implique nuevas condiciones de saqueo y explotación para los pobres, y garantía de ganancias para los ricos, a costa de que una gran mayoría esté en la miseria, con empleos que sean con peor pagados y con una cuantiosa mano de obra de reserva esperando a trabajar sin importar la baja de salario. ¿Quién pagará entonces la crisis, los capitalistas o los trabajadores? Poner fin a esta situación es urgente, sin medidas parciales que titubeen entre el enriquecimiento del rico y empobrecimiento del pobre, sino que realmente sean una lanza afilada que ataquen las ganancias capitalistas y se proponga reorganizar el país sobre nuevas bases en beneficio del pueblo trabajador. Es necesario un fuerte impuesto a las grandes fortunas, estatizar la banca y poner los recursos naturales y estratégicos en función de las necesidades de toda la clase trabajadora, bajo su control, para que la crisis la paguen los empresarios. ¡Nuestras vidas valen más que sus ganancias!
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