La medida contempla además la indagación del actuar de “los órganos de la Administración” responsables de la fiscalización del estado mecánico de los buses interurbanos.
Para la próxima semana podría someterse a votación la solicitud de la Cámara de Diputados de conformar una Comisión Investigadora en el marco del accidente que protagonizó el bus de la empresa Línea Azul, el pasado 29 de julio y que cobró seis víctimas.
Tal como lo anunciara la diputada Loreto Carvajal, esta acción busca se esclarezca la cadena completa de responsabilidades que provocó el fatal accidente en San Francisco de Mostazal. “El lamentable accidente del bus Linea Azul no sólo dejó al descubierto una serie de irregularidades que eventualmente podrían también cometer otras lineas de buses sino que también deja una serie de lecciones que debemos observar” precisó.
Acto seguido, la vicepresidenta de la Cámara fue categórica en indicar que las actuales fiscalizaciones podrían no bastar, ya que no contempla el visado más profundo de las máquinas como por ejemplo el estado mecánico. “Creo que las revisiones actuales podrían no bastar para poder identificar un problema más de fondo de los buses, sobre todo si lleva muchos años en circulación. Si bien es importante la revisión de cinturones, sensores, profundidad de huellas, luces, papeles y extintores, que es lo que normalmente se hace, tal vez eso no basta para detectar problemas mecánicos que pudiesen evitar un accidente como el ocurrido con Línea Azul, y por ende la pérdida de vidas humanas” precisó.
En tal sentido, Carvajal subrayó que la conformación de una Comisión Investigadora apunta ademas a que indague también el actuar de los órganos de la Administración del Estado responsables de la fiscalización del estado mecánico de buses de transporte de pasajeros así como del cumplimiento por parte de las respectivas empresas de la normativa que regula su operación y la fiscalización de los operadores de las Plantas de Revisión Técnica que certifican. Este tipo de vehículos.
La Comisión Especial Investigadora deberá rendir su informe a la Corporación en un plazo no superior a 120 días y para el desempeño de su mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.
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