Decreto Ley forestal 701 ¿Llega a su fin uno de los bastiones de la dictadura y del neoliberalismo chileno?
Diversas movilizaciones y organizaciones de todo Chile han emplazado a la institucionalidad pública a poner fin al Decreto Ley 701, instrumento fáctico de la dictadura militar que permitió la expansión de las plantaciones de monocultivo de pinos y eucaliptus, bordeando las 3 millones de hectáreas en el centro sur de Chile, bajo el control en un 70 % de dos grupos económicos que se encuentran en la palestra por investigaciones sobre actos de corrupción y colusión: Matte, de CMPC – Forestal Mininco con 750.000 hectáreas de terreno; y Angelini, Celco – Arauco, con 1.200.000 hectáreas, sumándose a esto una serie de plantas de papeleras – celulosas bajo su dominio, todas con graves registros de contaminación desde el Maule hasta la Región de los Ríos.
El gobierno intentó su prorroga a través de un proyecto de Ley junto a sectores políticos y empresariales, sin embargo tuvo que quitarle urgencia hace unos meses y luego del escándalo de la colusión del papel que involucra a CMPC – Forestal Mininco hace inviable su continuidad, comenzando a cerrarse uno de los episodios que ancló por 40 años a este decreto que otorgó sendos beneficios y bonificaciones para los intereses mayoritarios de los principales grupos económicos en Chile, con miles y miles de millones de pesos a su haber desde las arcas fiscales del Estado chileno.
Hoy, algunos sectores políticos empiezan a anunciar que ya se está liquidando el Decreto Ley 701, expirándose su tiempo para la prórroga, comenzando así su fin y con esto, simbólicamente, comienza a cerrarse una nueva institucionalidad símbolo de la dictadura militar, del neoliberalismo, de violaciones a Derechos Humanos y de la depredación de los territorios.
Este Decreto se impuso en 1974, anunciándose que contribuiría a disminuir la pobreza y para la descertificación de las tierras, sin embargo, los lugares de mayor concentración forestal hoy son desiertos verdes, con altos índices de emigraciones, desempleo, pobreza e indigencia y lo peor, de profunda crisis hídrica, actividad que destruyó cientos de miles de hectáreas de bosque nativo, con la destrucción de importantes ecosistemas.
A pesar que el fin de este Decreto es casi una realidad, lo que preocupa es el maquillaje en los discursos, señalándose por parte de sectores políticos conservadores ligados a los intereses de las empresas, que los beneficios se distribuirían a los pequeños y medianos propietarios en esta nueva afrenta de prórroga del Decreto Ley 701 que pretende imponerse.
Cabe mencionar que esta nueva estrategia que también se usará para un nuevo régimen forestal en Chile, busca de igual forma beneficiar a las grandes compañías, ya que no necesitan adquirir más predios que signifique correr riegos sobre tenencias de la tierra, control de plagas o mantenciones, sino, anexan de manera encubierta los predios de comunidades y campesinos, incentivados por la oferta que hace el Estado, siendo las propias empresas las que tendrían luego el poder adquisitivo de las cosechas de estas plantaciones y regulación de los precios de mercado.
El Decreto Ley 701 contribuyó a los costos de producción en la instalación de las plantaciones forestales, sin embargo, los beneficios que han tenido las empresas en Chile para esta actividad van mucho más allá: Labores de biotecenología para hacer más resistentes las especies y al control de plagas, impulsadas por instituciones públicas y universidades estatales; Control de los incendios que se proliferan por su composición inflamable de pinos y eucaliptus en temporada estival, por brigadas de Conaf; Arreglos de caminos que debe asumir vialidad por la constante destrucción que generan los camiones madereros en diversos sectores rurales; Millones y millones de litros de agua potable que debe subsidiar el estado en numerosas comunas del centro sur de Chile en los lugares de mayor concentración forestal de pinos y eucaliptus que intensifican sequías; Amplios y masivos despliegues diarios de fuerzas represivas de carabineros para custodiar decenas de predios en disputa por tenencia de tierras con comunidades Mapuche en el marco de reivindicaciones por tierras ancestrales.
Miles de millones de dólares han sido destinados desde las arcas estatales para los beneficios y privilegios de las empresas forestales, con dineros de todos los habitantes de un País que pagan sus impuestos, para que más aún, se involucren en actos de corrupción y colusión, perjudicando los intereses de todos y todas.
Es importante hacer sentir, que varios de los legisladores están relacionados con los intereses de empresas forestales. Algunos con financiamiento directo, otros con predios forestales, otros con aportes a campañas electorales y partidos políticos, cadena de corrupción y colusión que debe llegar a su fin y que involucra en gran medida a parlamentarios de la Alianza y también de la Nueva Mayoría (Concertación), quedando en evidencia para quién han legislado todos estos años.
Hoy, el tema de fondo que se exige, planteado por numerosas voces que se han levantado, ampliamente, es poner fin al actual modelo forestal chileno, poner fin a la expansión de monocultivos de especies exóticas como el pino y el eucaliptus, terminar con los privilegios y bonificaciones a los principales grupos económicos del País, dineros que en vez de que sirvan para llenar los bolsillos de grupúsculos enceguecidos por el lucro y su cadena de corrupción, contribuyan para abordar parte de las necesidades sociales en materia de salud y educación de todo un País, como también, para revitalizar las economías locales, las territoriales.
Mientras algunos, los de la infinita codicia y destrucción, insisten en seguir llenado de pinos y eucaliptus las zonas rurales, numerosas familias, agrupaciones, comunidades en diferentes lugares, plantan incesantemente árboles nativos, como señal de avanzada para poner freno desde los territorios a la depredación y comenzar a revitalizar la biodiviersidad, los ecosistemas, las fuentes de agua y la vida.
Por Alfredo Seguel
Por Alfredo Seguel
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