Por 2 votos contra 1, la Comisión de Defensa del Senado rechazó la idea de legislar como una señal para mejorar el proyecto.
· El miembro de la Comisión de Defensa del Senado, Alejandro Navarro, dijo que “Chile por décadas se ha estado ‘farreando’ su desarrollo, producto de que nos gastamos un 1.2% del PIB en reparar las pérdidas y poco o nada en prevenirlas”.
· Agregó que “los desastres y sus dolorosas consecuencias no cesarán si no profesionalizamos y fortalecemos de una vez por todas nuestro sistema”.
Como “un pésimo proyecto” calificó el miembro de la Comisión de Defensa del Senado, Alejandro Navarro, la indicación sustitutiva que crea un Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil, en reemplazo de la actual Oficina Nacional de Emergencias (ONEMI), proyecto Boletín Nº 7550-06 fue rechazado por esta comisión el día de ayer.
A juicio del parlamentario “este proyecto no se hace cargo de una serie de carencias institucionales, facultativas y de financiamiento para gestionar riesgos, por lo que su rechazo, repone la idea de un ministerio”.
El legislador agregó que “Chile por décadas se ha estado ‘farreando’ su desarrollo, producto de que nos gastamos un 1,2% del PIB en reparar las pérdidas y poco o nada en prevenir. Recursos que pudieron haber servido para el sistema público de salud, educación, vivienda o protección social”.
“Solo durante el Gobierno de Sebastián Piñera se estimó que las pérdidas ocasionadas por el Terremoto del 27 de Febrero del año 2010, alcanzaron un monto de USD $30 mil millones, de los cuales USD $21 mil millones correspondieron a pérdidas en infraestructura pública y privada”.
Navarro agregó que “el reporte de la Evaluación Global sobre la Evaluación del Riesgo y Desastres 2015 ha sido claro en señalar que nuestro país se encuentra dentro del conjunto de naciones que verán comprometida su resiliencia fiscal ante nuestra condición de país bajo constantes desastres, 8 solo el año pasado, lo que nos convierte en un país muy vulnerable en su desarrollo si no contamos con una institucionalidad adecuada”.
Asimismo sostuvo que “los desastres y sus dolorosas consecuencias no cesarán si no profesionalizamos y fortalecemos de una vez por todas nuestro sistema”.
El parlamentario agregó que “en la planilla de Dotación a Honorarios de la ONEMI, publicada a través de Transparencia Pública, se aprecia que en julio pasado la dotación total era de 244 funcionarios, de los cuales el 127 desempeñan labores como Operadores en los Centros de Alerta Temprana. De esos Operadores, el 78% de ellos posee Enseñanza Media, el 20% ha alcanzado un título Técnico y sólo un 1% tiene un título Profesional. Por supuesto que no es atribuible a su responsabilidad dicha condición, simplemente esta es la realidad estructural de nuestro sistema de alerta – que más que temprano – ha demostrado ser tardío”.
Añadió que “ahora se acerca el verano, y con ello los incendios forestales. Solo durante la temporada de incendios 2015, en nuestro país ocurrieron 8.048 incendios forestales, devastando una superficie de 128.654 hectáreas y seguimos con una ONEMI centralizada”.
Finalmente el parlamentario indicó que “lamentablemente los estudios señalan que los desastres han sido cada vez más frecuentes en nuestro planeta y fenómenos como el cambio climático incidirán en que ello se mantenga en el futuro. Por este motivo, de una vez por todas necesitamos un ministerio con el rango jerárquico adecuado, financiamiento permanente y facultades bien definidas”.
Ocho objeciones técnicas al proyecto de ley
1. No se aborda completa y apropiadamente la gestión para la reducción del riesgo de desastre, limitándose a un enfoque centrado fundamentalmente en la gestión para prevenir y administrar emergencias.
2. La propuesta de institucionalidad establecida por la indicación sustitutiva al proyecto de ley no alcanzará a desarrollar una prevención eficaz, por lo que no será capaz de revertir la tendencia a las pérdidas sufridas tras cada catástrofe y su afectación sobre el desarrollo.
3. El nuevo proyecto de ley no se hace cargo del desarrollo técnico, conocimiento científico-técnico y, tal vez lo más trascendente, la falta de profesionalización del sistema.
4. La indicación sustitutiva al proyecto de ley no incorpora adecuadamente a la ciudadanía o a la comunidad en la gestión para la reducción del riesgo a través de los Municipios u organizaciones locales, de manera sistémica y eficaz.
5. El espíritu y letra de la indicación sustitutiva al proyecto de ley otorga connotación política y no técnica al manejo de la emergencia.
6. En la indicación sustitutiva del proyecto de ley no se consideran herramientas de financiamiento ni de fomento de la prevención, como tampoco plantea la necesidad de la provisión de un fondo para la recuperación.
7. No se observa que la indicación sustitutiva al proyecto de ley permita fomentar la creación de una cultura de la seguridad, a través de la innovación y la educación para la resiliencia, como tampoco se hace cargo del conocimiento del riesgo y de los factores subyacentes.
8. En la indicación sustitutiva al proyecto de ley se diluye la responsabilidad y liderazgo sobre la gestión y no se generan herramientas para la integración de los esfuerzos sectoriales, lo que constituye una gran debilidad. Se requiere una concentración de la gestión y de la responsabilidad.
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