La Corte Suprema remitió a la Cámara de Diputados informe sobre el proyecto de ley que crea 1 nuevo cargo de juez para la jurisdicción de Chillán que favorecerá a la comuna de Bulnes que contará con dos magistrados.
El proyecto fue analizado, el viernes 10 de abril pasado, por el pleno del máximo tribunal y el informe respectivo fue remitido al presidente de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Núñez, cinco días después; siendo remitido a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, donde se encuentra en primera fase de tramitación.
El mensaje enviado, en enero pasado, por el Ejecutivo crea además tres nuevos tribunales en el país y redistribuye 77 cargos de jueces de juzgados de Garantía y de tribunales orales de Santiago, que no han sido designados.
La redistribución de los 77 cargos de magistrados sería de la siguiente forma: tres para el nuevo Juzgado de Familia, Garantía y del Trabajo de Alto Hospicio; dos jueces para el Juzgado de Letras de Mejillones, y un juez para el Juzgado de Letras de Cabo de Hornos (Puerto Williams).
Para los 71 restantes, el pleno propone una distribución, prácticamente, en todo el país y en las siguientes competencias: 56 cargos en juzgados de Garantía, Letras del Trabajo y de Cobranza Laboral, además de tribunales orales; y 15 en juzgados de Letras con competencia común, que requieren un segundo magistrado como en el caso de Bulnes.
Asimismo, se contempla el nombramiento de 115 funcionarios de diversos grados del escalafón de empleados, para apoyar la labor de los nuevos jueces.
Opinión del pleno
En el informe, la Corte Suprema considera que: "Si bien el proyecto de ley permite mejorar aspectos deficitarios de la administración de justicia en cuanto al número de tribunales y a las respectivas dotaciones, cabe indicar que la iniciativa no es suficiente para satisfacer un estándar apropiado que conjugue el equilibrio entre carga de trabajo y dotación. En efecto, si bien se considera positivo el avance del proyecto de ley en comento, cabe insistir en los requerimientos adicionales que el Poder Judicial ya ha efectuado al respecto para ser tramitados en otra iniciativa legal (…) sería conveniente incorporar a este texto un informe de la Corporación Administrativa del Poder Judicial acerca de las actuales necesidades de una mayor dotación en diversos tribunales del país".
El informe agrega: "La idea de reforzar las jurisdicciones que el proyecto promueve, utilizando los cargos de jueces penales de la Región Metropolitana que se suprimen, es apropiada como medida para mejorar el servicio judicial en los lugares cuya demanda lo exige de forma imperiosa (…) la creación de los tribunales en Alto Hospicio, Mejillones y Cabo de Hornos es positiva, pues permite la radicación del servicio judicial en centros urbanos de gran explosión demográfica –como ocurre en la comuna de Alto Hospicio– y en lugares cuyas condiciones de acceso y geográficas la hacen oportuna".
"Llama la atención –continúa– que no se haya traído toda la competencia territorial al considerar el nuevo tribunal en la comuna de Alto Hospicio, esto es que se haya dejado fuera de éste la competencia en lo civil, en circunstancias que pudiera contemplarse que uno de sus jueces tenga a su cargo precisamente la jurisdicción común, con lo que se evitaría que los habitantes de esa comuna tengan que trasladarse de manera invariable a Iquique para ventilar sus conflictos en esta materia".
Por ello, concluye: "Sin perjuicio del positivo efecto que producirá el proyecto en el desempeño de la función judicial, cabe insistir en las necesidades adicionales de jueces que no son absorbidas por este intento legislativo y que requieren de la presentación, en el más pronto plazo, de los proyectos de ley que tiendan a satisfacerlas".
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