Senador Navarro “Informe de la Comisión Asesora contra la Corrupción debe ser vinculante”

Senador Navarro a diez días de que la Comisión Asesora Presidencial contra la Corrupción entregue sus conclusiones

 “Si los partidos quieren avanzar en acordar algo, el informe Engel deben ratificarlo y no jibarizarlo”.

·         El legislador sostuvo que “no puede volver a ocurrir lo que pasó el 2006 con la Comisión de Educación Superior donde la búsqueda del consenso entre el oficialismo y la oposición diluyeron los cambios necesarios”.

·         “Por el bien del país, no quiero que le pase a Engel lo que le pasó a Huidobro el 2006”, indicó.

En diez días más la Comisión Asesora Presidencial contra la Corrupción entregará sus recomendaciones al Gobierno para la creación de un nuevo marco que regule la relación política y dinero. En ese sentido el vicepresidente del Senado, senador Alejandro Navarro, manifestó su preocupación respecto al grado de vinculación que tendrán las propuestas con el proyecto de ley que presentará el Ejecutivo.

A juicio del legislador “la propuesta de la Comisión Asesora Presidencial contra la corrupción debe ser vinculante. No puede volver a ocurrir lo que pasó el 2006 con la Comisión de Educación Superior donde el consenso entre el oficialismo y la oposición diluyeron los cambios necesarios”.

“Tal como lo señaló Eduardo García Huidobro, decano de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado, quien presidió la Comisión de Educación Superior del 2006, originada en el contexto de la revolución pingüina, ‘lo que quedó fue claramente una chacota’”.

“Huidobro planteó en su momento que las ‘mediáticas celebraciones, con manos levantadas en La Moneda, sólo dan para un pequeño brindis’. Y no se equivocó. Tuvieron que transcurrir casi 9 años para que la Nueva Mayoría -esta vez de forma decidida- se planteara a través de la actual Reforma Educacional terminar con aspectos fundamentales que hacían de nuestro sistema una máquina de producir segregación”, señaló el parlamentario.

Es por eso que fue enfático en señalar que “por el bien del país, no quiero que le pase a Engel lo que le pasó a Huidobro”.

Así mismo señaló que “si los partidos quieren avanzar en acordar algo, el informe Engel deben ratificarlo y no jibarizarlo”.

El legislador dijo que “la crisis que ha generado el caso Penta y Caval nos ha dado la oportunidad histórica de poder repensar el actual sistema de financiamiento electoral, y establecer un tercer eje reformista basado en la transparencia y de una vez por todas superar los vicios del actual sistema que atenta contra los principios elementales de la democracia y el necesario fair play que requiere la competencia electoral”.

“Hoy están las condiciones objetivas y subjetivas para establecer un marco estricto de transparencia, tal como lo plantee el año 2004 a través de una indicación en la Cámara de Diputados y luego como proyecto de ley el año 2008 (boletín 5911-06) y 2011 (boletín 8124-06) en el Senado: quien viole la ley de financiamiento electoral debe perder su escaño y se debe poner fin a las donaciones de empresas a la política”.

Para Navarro “las recomendaciones de la Comisión, son el fruto más preciado, por su vinculación ciudadana al haber hecho el ejercicio de escuchar a la sociedad civil, ya que el mecanismo para confeccionar una nueva ley es igual de importante que el contenido de su texto”.

Por ello el legislador dijo que el Ejecutivo “debe asumir integralmente estas propuestas, dándole la importancia jurídica que corresponde”.

Adjuntos:

1.- Intervención del año 2005 que da cuenta de la inadmisibilidad de la indicación presentada por el senador Navarro el año 2004 que solicitaba perdida de cargo a quien exceda límite de gasto electoral.

2.- Proyecto de ley N° Boletín 5911-06 presentado el año 2008 que aplica inhabilidades de asumir cargos de elección popular a quienes vulneren la  ley de gasto electoral del año 2008.

3.- Proyecto de ley N° Boletín 8124-06 presentado el año 2011 que modifica la ley N° 19.884 para establecer el impedimento de asumir el cargo de concejal, alcalde, diputado o senador por incumplimiento de la regulación sobre limite en el gasto electoral.