Conexión SQM: Una prueba para TVN

Los antecedentes que vinculan al miembro del Directorio de Televisión Nacional de Chile, Cristián Leay, con la arista SQM del caso PENTA, dejan a la estación estatal en una incómoda posición.

Según lo publicado en diferentes medios, el Servicio de Impuestos Internos investiga a dos sociedades de Leay que habrían otorgado boletas a la empresa minera. La propia nuera del ex diputado gremialista afirmó ante el SII que emitió boletas por cinco millones de pesos por servicios que nunca prestó a SQM, dinero que, según sus dichos, entregó a Leay, sin que éste desmintiera tales aseveraciones en su última comparecencia pública.

A dos semanas de conocida esta información, Televisión Nacional no acusa recibo.El prolongado mutismo del canal colisiona con su naturaleza de empresa pública, dotada de una misión que, en teoría, la hace distinta de las televisoras privadas.

Es necesario recordar – porque parece que hay dificultades para hacerlo- que los miembros del Directorio de TVN no cumplen una función técnica, sino que política. Seis de los directores, entre los que está Cristián Leay, son designados por el Senado a propuesta del Presidente de la República.

A su vez, la ley que crea TVN dispone que los elegidos deben poseer relevantes méritos personales y profesionales. Resulta claro, entonces, que el rol de los directores consiste en representar a las sensibilidades políticas con presencia en el Senado, lo que la ley define como una integración pluralista.

Por otro lado, el artículo 10 de la ley de TVN prohíbe a los directores “realizar o incurrir en actos ilegales o inmorales...” Dicha prohibición tiene un carácter genérico que reafirma el requisito de contar con “relevantes méritos personales”, esto es, un estándar de conducta exigible superior y distinto.

La redacción de la prohibición legal, que incluso alude a la calificación moral, permite descartar de plano que la responsabilidad política de los directores esté sujeta a una verdad judicial.

Desde luego, la presunta participación de un integrante del máximo órgano de dirección de la TV estatal en operaciones de financiamiento ilegal merece, a lo menos, una respuesta institucional pública. Ignorar la seriedad de los hechos puede significar un grave riesgo para el único medio de comunicación de propiedad de todos los chilenos.

La independencia y credibilidad de Televisión Nacional están sometidas a una dura prueba que solo podrá ser superada con éxito a través de señales inspiradas en los principios de transparencia y responsabilidad. 

(FUENTE:  Cpr Por Todo Chile)