Sin compasión: Milei elude implementación de la Ley de Discapacidad

 El régimen de Javier Milei promulgó hoy la Ley de Emergencia en Discapacidad que tanto exigió la sociedad argentina. Sin embargo, suspendió su aplicación con el alegato de que el Congreso de la Nación debe primero definir las fuentes de financiamiento.

El Senado y la Cámara de Diputados revocaron el veto presidencial a esta normativa vista como necesaria para la atención de las personas con discapacidad que ahora, de todas formas, el Ejecutivo dilata.

La norma establece la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, actualiza los aranceles de prestaciones básicas y prevé compensaciones económicas a los prestadores, que tanto exigieron agrupaciones sociales.

No obstante, por decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial la normativa queda suspendida hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento e incluya las partidas correspondientes en el presupuesto nacional, lo que genera más conflictividad con el palacio legislativo y deja sin ayuda social básica a un sector poblacional muy vulnerable.

La Ley declara la emergencia nacional en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más. Entre sus principales medidas estipula la creación de la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social y el Acceso Obligatorio al Programa Incluir Salud, que cubre prestaciones básicas y de alto costo.

También actualiza mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral y contempla compensaciones económicas de emergencia a prestadores, calculadas según la diferencia entre aumentos de aranceles y la inflación medida por el gobierno.

Extiende a tres años de eximición parcial de contribuciones patronales para empleadores que contraten personas con discapacidad por tiempo indeterminado.

Según el Decreto Ejecutivo, la implementación de la ley demandaría más de tres billones de pesos, lo que equivale al 0,35 por ciento del Producto Bruto Interno, sin contar el posible aumento de beneficiarios ni la ampliación del Programa Incluir Salud.

La Casa Rosada alega falta de financiamiento específico previsto en la ley, así como una insuficiencia del crédito presupuestario disponible. Arguye que su aplicación sin fondos propios afectaría servicios como seguridad, justicia y alimentación en cárceles.

No obstante, el Ejecutivo ajustó parcialmente el presupuesto 2025 para incluir fondos destinados a la Agencia Nacional de Discapacidad y se reasignaron partidas a cargo del Tesoro Nacional, para atender gastos urgentes de actualización de prestadores, sin habilitar la ejecución completa de la ley, lo cual es un paliativo ante la imperante necesidad de esta asistencia social.

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2025.

Crónica Digital / Prensa Latina.