Corte Suprema envía a Cámara de Diputadas y Diputados informe de proyecto de ley que restringe justicia militar
La normativa busca restringir la competencia de juzgados militares en el conocimiento de delitos vinculados al narcotráfico y el crimen organizado y fue analizado en el Pleno del 8 de septiembre y enviado a la Cámara de Diputados el 15 de este mes.
La Corte Suprema envió a la Cámara de Diputadas y Diputados su informe del proyecto de ley que “Modifica el Código de Justicia Militar para excluir del conocimiento de los juzgados militares las causas criminales que indica”.
La normativa busca restringir la competencia de juzgados militares en el conocimiento de delitos vinculados al narcotráfico y el crimen organizado y fue analizado en el Pleno del 8 de septiembre y enviado a la Cámara de Diputados el 15 de este mes.
“El proyecto de ley analizado tiene por finalidad modificar el Código de Justicia Militar para excluir de la competencia de los tribunales militares aquellos delitos de la Ley N° 20.000 y Ley N° 19.913. Se busca asegurar la competencia de la justicia ordinaria especialmente por razones de eficacia de la investigación. Al respecto, la Corte Suprema ha referido de manera sostenida que la competencia de la jurisdicción castrense debe quedar restringida al conocimiento de delitos propiamente militares, vinculados estrechamente a la naturaleza del bien jurídico afectado, cuya concepción encuentra respuesta en el régimen de obediencia y disciplina al interior del esquema militar. Los delitos de la Ley N° 20.000 y Ley N° 19.913, en cambio, protegen otros bienes jurídicos, como la salud pública y el mercado financiero y el orden público económico, respectivamente, por lo que la propuesta va en el sentido que ha indicado la Corte Suprema. Sin embargo, la técnica legislativa empleada en el proyecto llevaría a excluir a la justicia militar para conocer de estos delitos cometidos por militares incluso en tiempo de guerra, de los que debiera hacerse cargo el Ministerio Público y tribunales civiles. Este efecto, además de no encontrarse respaldado por las razones que animan la iniciativa, representaría profundos desafíos operativos y logísticos para la justicia civil, sin perjuicio de la imposibilidad material de funcionamiento muchas veces producto del conflicto bélico. Por lo anterior, se sugiere descartar aplicar la reforma a la justicia militar en tiempo de guerra”, dice el informe.
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