Ampliación del Operativo de la PDI en Ñuble Incluye Incautación de Teléfonos de Altos Funcionarios

 

La Policía de Investigaciones (PDI) continúa su serie de operativos en el Gobierno Regional de Ñuble, como parte del "Caso Convenios", con allanamientos extendidos que ahora incluyen la incautación de teléfonos móviles de altos funcionarios.

 

En el marco de la investigación que se inició en el Gobierno Regional del Bío Bío y el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu), el fiscal de Aysén, Carlos Palma, ha supervisado personalmente las operaciones en Ñuble, que incluyen diligencias no solo en las oficinas gubernamentales sino también en domicilios particulares.

 

Detalles de la Incautación

 

Los operativos de hoy han afectado directamente a figuras claves dentro del Gobierno Regional. Se han incautado los teléfonos móviles de Alicia Contreras, Administradora Regional del GORE Ñuble, y de Óscar Crisóstomo, Gobernador Regional de Ñuble. Estas acciones destacan la profundidad y seriedad de la investigación en curso, que busca esclarecer el manejo de fondos públicos y posibles irregularidades.

 

Reacciones y Declaraciones Políticas

 

Ignacio Marin, quien compitió el año 2021 por el sillón regional por el Frente Amplio, ahora pre candidato a Gobernador Regional por Ñuble independiente y reciéntemente renunciado al Ministerio de Obras Publicas como Director Regional de Planeamiento, ha expresado su preocupación ante estos hechos y ha reiterado su compromiso con la transparencia. "La reciente intervención de la PDI es un recordatorio crucial de la necesidad de garantizar honestidad y responsabilidad," afirmó Marin. "Mi compromiso es liderar con integridad y transparencia trabajando incansablemente para abordar los desafíos de nuestra comunidad y promover el bienestar de todos los habitantes de Ñuble”

 

Expectativas y Seguimiento de la Comunidad

 

La comunidad de Ñuble se encuentra a la espera de más información mientras la PDI continúa con sus investigaciones. La transparencia en el proceso y los resultados de estas intervenciones son clave para restaurar la confianza pública en la administración regional.

 

Se espera que más detalles y el desarrollo completo de estas investigaciones sean compartidos con el público a medida que avance el caso. La prioridad es clarificar completamente las circunstancias alrededor de los convenios bajo investigación y asegurar que se tomen medidas correctivas adecuadas.

 

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