El amplio y transversal respaldo a la demanda por la libertad de los presos de la revuelta social

La exigencia por la liberación de los prisioneros de la revuelta social ha logrado un amplio respaldo político y social, que se ha reflejado en el avance en el Senado del proyecto de ley que propone un indulto general por razones humanitarias de las personas que fueron detenidas en el contexto del estallido social. El rechazo político abierto ha procedido solo desde las filas de la derecha y del propio Sebastián Piñera, que no ha descarta recurrir al veto.

El apoyo a la iniciativa incluye a la actual presidenta del Senado, Yasna Provoste, la que ha sido mencionada como la posible carta presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC); la precandidata presidencial del Partido Socialista (PS), Paula Narváez, ex Ministra Secretaria General de Gobierno de Michelle Bachelet; el precandidato del Partido Comunista (PC), el alcalde de Recoleta Daniel Jadue; y el precandidato del Frente Amplio, diputado Gabriel Boric. Desde la sociedad civil se han sumado voces de figuras como Benito Baranda, ex director social del Hogar de Cristo, recién electo miembro de la Convención Constitucional; el respetado sacerdote jesuita Felipe Berríos; y el catedrático Claudio Nash, coordinador de la Catedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile.

De hecho, el padre Berríos puede considerarse uno de los primeros impulsores de la idea, pues en octubre del año pasado señaló en una entrevista con “El Mercurio de Antofagasta”: “¿Por qué la justicia es tan blanda con algunos empresarios y tan dura con estos chiquillos? ¿Será porque son pobres?”. Y agregó: “Con la misma fuerza que dije que la violencia no era la solución (…) con esa misma fuerza digo que es injusto que estos jóvenes estén presos hoy en la cárcel”.

“Creo que cuando uno comete un delito, debe sancionarse; pero la sanción no puede ser venganza. La sanción no puede destruirte. Así como a algunos les dan clases de ética como castigo, a estos chiquillos no hay que reventarles la vida. No estoy pidiendo que se haga vista gorda, sino que se haga justicia. Y hacer justicia implica darles otra oportunidad”, dijo. Agregó: “Ya han pagado (por los actos cometidos). Algunos llevan cerca de un año de cárcel. O sea, de qué me están hablando. Me violenta que aquellos que han destruido la política en Chile con la corrupción no tengan ni un día de cárcel. Entonces, la justicia no es justicia”.

Y sentenció: “Gracias a ellos que estamos conversando lo que estamos conversando en el país: una nueva Constitución”.

La iniciativa fue presentada por el siguiente grupo de senadores: la antes mencionada Yasna Provoste; Isabel Allende (PS) y Adriana Muñoz del PPD (Partido por la Democracia), las que también fueron timoneles de la Cámara Alta; Juan Ignacio Latorre (Revolución Democrática, RD) y Alejandro Navarro (Partido Progresista, PRO) y presidente de la Comisión de Derechos Humanos, aparte de timonel del Foro Latinoamericano de Derechos Humanos.

Sostiene la iniciativa que se fundamenta “en un estricto enfoque de promoción y defensa de los derechos humanos, adecuado a las normas y doctrina del derecho internacional de derechos humanos y la búsqueda urgente de una solución política, con sentido humanitario, a la situación en que se encuentran, desde hace más de un año, las personas, especialmente jóvenes, imputadas por supuestos delitos causados en el marco de las protestas sociales del estallido social”.

El proyecto excluye del indulto expresamente a “las fuerzas de orden y seguridad y a los funcionarios de cualquiera de los organismos y poderes del Estado a la época de la comisión de los hechos”, con el espíritu de evitar la impunidad de conductas que puedan tacharse de violaciones graves a los derechos humanos.

LA TRAMITACION LEGISLATIVA

El primer paso se registró en enero pasado, cuando la Comisión de Derechos Humanos del Senado respaldó la idea de legislar del proyecto, en primer trámite constitucional, por tres votos y dos en contra, de los senadores Felipe Kast (Evopoli) e Iván Moreira (UDI).

En la oportunidad, la senadora Provoste hizo ver la necesidad de contar con una base de datos consolidada de las causas y, por ello, anunció la presentación de un proyecto de acuerdo para que el Ejecutivo asuma la creación de un registro único nacional de detenidos y detenidas, con el fin de contar con información actualizada de los prisioneros en el país, los delitos vinculados, las medidas cautelares y los cambios en los procesos hasta el cierre del mismo.

El senador Juan Ignacio Latorre señaló entonces, en el programa “Profundidad de Campos” en TV Senado, que “existe una desigualdad de trato. Una justicia para ricos (…) y los delitos de cuello y corbata; en cambio cuando eres pobre, (cae) todo el peso de la ley”. Al respecto, indicó que “no puede ser que haya jóvenes que fueron detenidos y que lleven diez meses, un año o más en prisión preventiva, solo acusados con partes policiales, con pruebas muy poco confiables y donde muchas de esas supuestas pruebas se van cayendo”, reiterando la falta de un “debido proceso”.

Más tarde, a fines de mayo, la Comisión de Seguridad Pública aprobó la idea de legislar con los votos a favor de los senadores Francisco Huenchumilla (PDC), José Miguel Insulza (PS) y Jaime Quintana (PPD); y otra vez con los votos en contra de los senadores Kast y Moreira.

En esta sesión, el presidente de la instancia, el senador Francisco Huenchumilla, señaló que el encarcelamiento de los presos del estallido “es una situación política” y puntualizó que “las instituciones públicas y el Estado tienen que estar disponibles para juzgar los hechos no como una situación de normalidad, sino de excepción”. Por su parte, Insulza y Quintana plantearon que se debe diferenciar entre los manifestantes y los reales delincuentes.

La siguiente etapa en la Cámara Alta es que la iniciativa sea estudiada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Uno de los autores del proyecto, el senador del PRO Alejandro Navarro, explica que “ahora solo resta la comisión de Constitución del Senado y desde ya señalo, categóricamente, que la oposición que hoy se hace a la ley de indulto, más se asemeja a la venganza que a la reconciliación. Se parece más a la revancha que a la justicia”.

Indicó “el padre Felipe Berríos ha manifestado en la Comisión de Seguridad Pública, que es necesaria una comisión de verdad, reparación y justicia. Son miles los casos de violaciones a los derechos humanos y hay un solo procesado de parte de Carabineros. Es inaceptable y Chile no puede caer nuevamente en una cultura de la impunidad”.

En la discusión de la iniciativa ya han comparecido diversas personas, con testimonios y con reflexiones jurídicas, como el catedrático Claudio Nash (ver).

El Defensor Nacional (s), Marco Montero, sostuvo que el proyecto pone el acento en un aspecto relevante: “El uso desproporcionado que hoy se le da a la prisión preventiva, que pasó de ser una medida excepcional a una de aplicación automática general”. En este sentido se refirió al a sobrepoblación de las cárceles: “El 2007 el 22% de la población privada de libertad correspondía a prisión preventiva y al día de hoy, vemos que ese porcentaje se ha incrementado a un 36% (…) Y un porcentaje muy amplio de las personas afectadas quedan absueltas o las condenadas no son privativas de libertad”.

En este escenario, preguntó: “¿Cuán justificado es que una persona esté privada de libertad como medida cautelar?”. Y llamó a una “revisión seria y responsable de estas medidas”.

Por su parte, el jefe de la Unidad de Protección de Derechos del INDH (Instituto Nacional de Derechos Humanos), Rodrigo Bustos, hizo presente su preocupación por lograr identificar los casos de imputados por presuntos delitos vinculados al estallido social y fue crítico con la prisión preventiva y con la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado.

“Espero que el debate en la comisión de Constitución de paso a una salida política y esta es la única salida política que hoy existe frente a esta grave situación. Si alguien quiere otra salida, que la plantee, pero lo cierto es que esta es la única propuesta que hoy tenemos en respuesta a las graves violaciones a los derechos humanos y los procesos injustos que se han instruido en contra de personas, sobre todo jóvenes”, puntualizó el senador Alejandro Navarro.

Imagen de Padre Berríos: Portal de Maristas.

Por Iván Antonio Gutiérrez Lozano. El autor es periodista.

Santiago, 21 de junio 2021.

Publicado por Crónica Digital.