La peligrosa seguridad del Estado: Las Fuerzas Armadas deben volver a sus cuarteles

(resumen.cl) El gobierno de Piñera sigue dando palos de ciego y manotazos de ahogado. Las respuestas gobernantes a las movilizaciones sociales desatadas en Santiago el viernes pasado, pero propagadas hacia todo el país como reguero de pólvora, han sido una clara evidencia de la arrogancia de los poderosos. En el mejor de los casos, una clara muestra de que ven el país desde el interior de la burbuja de la soberbia y de la impunidad.

Luego de negarse a aceptar cualquier solución al reclamo de los estudiantes y ciudadanos de Santiago por el alza de los pasajes del Metro, desde La Moneda amenazan con aplicar la ley de seguridad del estado contra los manifestantes y al minuto siguiente el gobernante se va a celebrar el cumpleaños de un nieto.

Cuatro horas después, obligado a abandonar la celebración familiar por el desarrollo de las manifestaciones sociales por todo Santiago, el gobernante decreta la aplicación del Estado de Excepción o de Emergencia para la provincia de Santiago y algunas comunas. Coartar libertades y derechos y hacer que los milicos hagan valer esas restricciones es un signo de pobreza política y moral enorme. Amén de dar fe de un espíritu represivo y dictatorial para enfrentar la realidad, los problemas, el desastre que han causado en el país los mismos poderes económicos que representan y defienden los gobernantes, actuales y pasados.

Menos de 24 horas después, el gobierno implanta el toque de queda, y extienden la aplicación del Estado de Excepción a toda la Región Metropolitana y a otras cuatro regiones. Es decir, los uniformados desplegados por todas partes para contener la furia social que se ha convertido en un desbande de proporciones múltiples.

Utilizar a las fuerzas armadas en estas funciones de orden interno es inaceptable, es impropio de una democracia, es inconcebible en un Estado que aún no se repone de los daños causados por la funesta dictadura militar que asoló el país hace unas décadas. Sin embargo, los gobernantes recurren al uso de cuerpos militares para tareas represivas con una ligereza propia de las dictaduras y de los ineptos. Los gobernantes y la clase política en general, tienen que entender que para la población chilena los uniformados no son signo de seguridad, ni garantía de tranquilidad, ni de respeto.

Una sociedad libre no puede aceptar ni resignarse ante la amenaza que representa para la dignidad, para las libertades y para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos la presencia de unidades del ejército en las calles tratando de someter a la población. Menos aún de tropas uniformadas con el historial de sangre con que cargan las fuerzas armadas chilenas, ni menos aún, con tropas cuyos jerarcas han hecho gala de un historial de robos, desfalcos y malversaciones que aún no terminan de aclararse, ni aún terminan de dimensionarse. En suma, unas fuerzas armadas y policiales desprestigiadas por el lado que se les mire.

La movilización social no es contra el país, no es contra Chile, sino que es contra el abuso sistémico de los poderes económicos dominantes en nuestro país. La movilización social es producto del hartazgo que ha generado la explotación sin reparos, la segregación sin vergüenza, la desigualdad extrema, que rige y somete los destinos de nuestros habitantes. El abuso sin límites llevó a que las acciones para conseguir que no aumentaran 30 pesos el valor de un pasaje de Metro, se transformaran en una expresión de rechazo y fastidio con tanto abuso; la población se hartó, se cabrió y dijo basta.

El sentir popular y social no se resuelve ni se responde con represión. Menos con militares y uniformados armados para una guerra, algunos de los cuales ya han dado muestras de ligereza de gatillo y de matonaje bélico, incluidos civiles provistos de armamento de guerra que desde edificios del ejército han salido a amenazar y atacar a ciudadanos en un céntrico paseo de Santiago.

Las manifestaciones sociales van a continuar porque ya se colmó la capacidad de aguante, de tolerancia, de sumisión, que los dueños del modelo habían logrado sobre la población chilena. Los poderosos se cebaron tanto en sus métodos de explotación y abuso que no consideraron nunca esta posibilidad de rebelión social a la que hoy día se enfrentan. Ni los poderosos de los grupos económicos dominantes, ni los políticos de la podrida clase política, acostumbrados a manipular y negociar todo, previeron ni supusieron esta posibilidad de rebelión social. Pero el hecho de que no hayan previsto ni anticipado estos hechos no los libera de la responsabilidad social y política en las causas profundas de esta rebelión y, en ningún caso, les da derecho a disponer de la represión policial y uniformada como única forma de respuesta.

Por el contrario, los hechos de los días y horas recientes, demuestran que -felizmente- la población no se ha dejado amedrentar por la presencia de tanto uniformado, ni se ha arredrado por los efectos de una represión policial desatada y descontrolada. Pero sabemos del riesgo y del peligro que significan uniformados armados en medio de la población civil que no se somete ni los respeta. El gobierno está obligado a evitar tragedias y masacres, en primerísimo lugar, más que preocuparse de satisfacer las exigencias y demandas de empresarios y políticos inescrupulosos. Los milicos armados en las calles son un peligro de muerte.

Así como todos los abusos pudieron haberlos frenado a tiempo para evitarse la rebelión de la población, así también los gobernantes debieran frenar sus ímpetus dictatoriales y dedicarse a buscar formas de solución de los problemas del país. Y eso, ya está dicho, no se logra ni con represión ni con matanzas. Tuvieron que pasar varios días de movilización y luchas aisladas, pero solo uno de lucha masiva, para que el gobierno se aviniera a aceptar no aplicar el aumento de tarifas del Metro como lo anunció el presidente Piñera la noche del sábado. ¿Podían haberlo hecho antes? Sí, podían. Pero la arrogancia, la soberbia y la impunidad del poder les impiden resignarse a buscar una solución razonable. Solo la fuerza de la movilización social les obligó a avenirse a lo obvio.

¿Pueden detener esta ola de manifestaciones sin recurrir a los milicos? Igual que la anterior. Sí, pueden, pero no quieren. La arrogancia, la soberbia y la impunidad del poder les impiden resignarse a buscar una solución razonable.

Si pueden legislar (o tienen que hacerlo) para resolver el lío legal del aumento del pasaje del Metro, pues del mismo modo, legislen y avénganse a modificar las leyes que han hecho a medida de los poderosos para “legalizar” el abuso; los mismos políticos que no tuvieron reparo en venderse a los intereses del empresariado, que hagan ahora el favor de corregir sus desvergüenzas o de tener la vergüenza de renunciar a sus mandatos.

En lugar de represión y de militares como amenaza, asuman el compromiso ante la población de modificar las leyes que generan el abuso en la educación, en la salud, en la previsión, en el trabajo, en los cobros de los servicios básicos (agua, luz, gas, teléfono), del transporte, de la bencina, del uso de las carreteras y vías, de los derechos de agua, de los derechos a un ambiente saludable, de los derechos a conservar el planeta para el futuro, de las demandas y exigencias de una población que ya se hartó. Terminen con la potestad del abuso, de la explotación, de la depredación, del atropello de las personas, de la destrucción del entorno, del medio ambiente y del planeta. Para eso, no necesitan a los milicos.

El gobierno debe poner fin, ahora ya, a los estados de excepción y mandar a los uniformados de regreso a sus unidades, y buscar soluciones con los actores sociales movilizados.