Corte de Santiago eleva indemnización a menor detenido y torturado en Iquique y Pisagua en 1974

La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó al Fisco de Chile pagar un total de 100 millones de pesos en indemnizaciones por daño moral a dos ex presos políticos que fueron detenidos y torturados durante la dictadura. El tribunal aumentó la compensación de Alfredo Guillermo Rojas Sánchez a 70 millones de pesos, al considerar que al momento de su detención, en enero de 1974, era menor de edad, situación que agravó el daño sufrido.

De acuerdo con la sentencia, Rojas Sánchez fue detenido de manera ilegal en Iquique cuando aún era adolescente. Permaneció cerca de dos años privado de libertad, siendo trasladado por distintos recintos de detención del norte del país, entre ellos el Regimiento de Telecomunicaciones de Iquique y el campo de prisioneros de Pisagua, donde fue sometido a torturas y malos tratos. Tras recuperar su libertad, debió partir al exilio, enfrentando las consecuencias personales y familiares de esa situación.

La Corte sostuvo que, al fijar una indemnización por daño moral, es necesario considerar la gravedad de las torturas, el tiempo de privación de libertad y las condiciones particulares de las víctimas. En este caso, destacó especialmente que Rojas Sánchez era menor de edad cuando fue detenido, lo que hizo aún más grave la vulneración de sus derechos fundamentales.

El fallo también confirmó una indemnización de 30 millones de pesos para Bernardo Máximo Petersen Barreda, quien fue detenido en septiembre de 1973 y también sufrió torturas en los mismos recintos de detención. Con esta resolución, el tribunal reconoció la responsabilidad del Estado por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra ambos jóvenes durante la dictadura.