Entre la emergencia y la ideología: El abandono estatal que revive los fantasmas del pasado

Mientras el norte, centro y sur de Chile aún intentan ponerse en pie tras los estragos del último sistema frontal, las prioridades en el Palacio de La Moneda parecen correr por un carril completamente distinto. En lugar de un despliegue masivo, inmediato y con recursos públicos directos para rescatar a las miles de familias damnificadas que lo perdieron todo, el gobierno del presidente José Antonio Kast ha optado por una estrategia que genera profunda indignación: traspasar la responsabilidad de la crisis a los hombros de los propios ciudadanos y del sector privado.

Tomada desde red social 

La tramitación express en el Senado del polémico Plan de Reconstrucción Nacional —aprobado a contracorriente en medio de las inundaciones— ha dejado al descubierto lo que la oposición y los alcaldes de las zonas afectadas califican como un preocupante desapego gubernamental. Mientras los vecinos se organizan con palas, ollas comunes y cadenas de solidaridad para limpiar el barro de sus casas, el Ejecutivo concentra sus energías políticas en defender una agenda que incluye rebajas de impuestos corporativos y exenciones que, paradójicamente, desfinanciarán a los municipios más vulnerables.

Para amplios sectores de la ciudadanía, la señal es devastadora: el Estado retrocede en su rol de protector ante la catástrofe y se limita a coordinar plataformas de donación privada. La lógica del "sálvese quien pueda" o del "pueblo ayudando al pueblo" se instala no como un acto de resiliencia comunitaria, sino como la consecuencia directa de la inacción y la falta de compromiso de las autoridades centrales.

El eco de una vieja historia

Este escenario ha reactivado de forma inevitable la memoria histórica del país, trazando un paralelo inmediato con los meses posteriores al golpe de Estado de 1973. En las calles y en el debate político resuena con fuerza el fantasma de la campaña "Comprométase con Chile", aquella iniciativa donde la dictadura de Augusto Pinochet apeló al patriotismo de la población para que entregara sus ahorros y joyas con el fin de levantar una supuesta "patria en ruinas".

Hoy, al igual que en aquellos años oscuros donde el destino de los anillos de oro de miles de mujeres terminó bajo mantos de sospecha y opulencia en los círculos de la junta militar, la desconfianza reaparece. La crítica actual apunta a que el Ejecutivo utiliza el dolor de la emergencia climática como un escudo ético para validar un diseño económico que favorece los intereses empresariales, mientras la ayuda social directa llega tarde, a cuentagotas o condicionada a la filantropía.

La indignación de los jefes comunales no es menor. Mientras ellos exigen decretos de catástrofe expeditos y fondos de emergencia para maquinaria y vivienda, el debate legislativo se entrampa en cláusulas que obligarían al Estado a indemnizar a privados si se frenan proyectos ambientales.

La crisis climática actual no solo desnudó la fragilidad de la infraestructura del país; desnudó, sobre todo, la escala de valores de una administración que prefiere legislar para el mercado antes que acudir al auxilio oportuno de sus ciudadanos. El pueblo, una vez más, ha quedado solo frente a la tempestad.