Diputada Ana María Gazmuri impulsa proyecto para reactivar fondos para radios comunitarias: “No se trata solo de micrófonos, se trata de democracia”

Con el respaldo de decenas de dirigentes de medios independientes y comunitarios de todo el país, la diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista) presentó este miércoles un proyecto de resolución que solicita al Presidente de la República reactivar y ejecutar los más de $2.600 millones destinados al fortalecimiento de radios comunitarias, aprobados en la Ley de Presupuestos 2023.

La iniciativa busca revertir la decisión de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) de cancelar el cuarto llamado al Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT) para radios, un concurso público que había sido comprometido con nuevas bases corregidas y más accesibles, tras los fallidos llamados anteriores. Además, el proyecto propone extender el plazo de ejecución de los recursos hasta diciembre de 2026, evitando que estos fondos terminen siendo devueltos sin ser utilizados.

“Durante 2023 y 2024 se realizaron tres llamados a licitación, todos declarados desiertos. Pero esto no fue por falta de interés de las radios comunitarias, sino porque las bases estaban mal diseñadas: exigencias económicas excesivas, bajas subvenciones, y sin financiamiento para infraestructura crítica como torres o sistemas de transmisión”, explicó Gazmuri.

“Una conquista que hoy está en riesgo”

El proyecto de resolución fue elaborado junto a dirigentes de radios locales y representantes de las principales organizaciones gremiales del sector. Uno de ellos, César Ramos, presidente de ANARCICH (Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile), recordó que fue recién en 2022 cuando, tras años de lucha, se logró incluir por primera vez a las radios comunitarias dentro del FDT en la Ley de Presupuestos 2023.

“En el primer llamado, no hubo ninguna postulación porque se exigía una boleta de garantía del 50% del subsidio, por tres años. Una condición completamente fuera del alcance de cualquier organización comunitaria”, denunció Ramos.

A pesar de las advertencias técnicas y propuestas de solución, Subtel informó recientemente que el subsidio será dado por finalizado, dejando a más de 460 radios comunitarias con concesión vigente sin posibilidad de acceder a los fondos aprobados por ley.

“Hacemos un llamado urgente al Ejecutivo: a escuchar activamente a las organizaciones, a modificar su enfoque y permitir que este subsidio se concrete. No se puede permitir que estos recursos se pierdan”, enfatizó Ramos.

Voces desde los territorios

Durante el punto de prensa en el Congreso Nacional, representantes de radios comunitarias de Santiago, Valparaíso, Concepción, Talca, Melipilla, Mostazal y Puente Alto expresaron su preocupación y compromiso.

Fresia Ramírez Inostroza, presidenta de ANAMIC (Asociación Nacional de Medios de Comunicación Independientes y Comunitarios), fue enfática:

“Estamos hablando de fondos públicos que no solo responden a una demanda justa, sino que representan una inversión en el derecho a la comunicación, en la diversidad de voces y en el fortalecimiento del tejido social desde los territorios. Si hoy se pierden estos recursos, será un golpe muy duro no solo para los medios de hoy, sino para la comunicación del mañana”.

Ramírez subrayó que este proyecto debe ser entendido como un punto de partida para avanzar hacia un modelo más estructural y sostenible:

“Desde ANAMIC creemos que puede abrir el camino a un financiamiento basal permanente para medios comunitarios e independientes, y hacia la protección integral de quienes comunican desde sus territorios. No se trata solo de micrófonos y frecuencias, se trata de democracia, de justicia territorial, de construir país desde abajo”.

Radios que informan donde el Estado no llega

Desde la Región de Los Ríos, la diputada Ana María Bravo también entregó su respaldo a la iniciativa, destacando el rol esencial de estas radios en sectores rurales y aislados:

“Son las radios que comunican directamente con las vecinas y vecinos, que dan los avisos importantes para quienes viven lejos, y muchas veces sin otras formas de informarse. El llamado al Gobierno es claro: estos recursos no se pueden perder”.

El proyecto de resolución presentado por la diputada Gazmuri, sumado a la presión de las organizaciones territoriales, busca corregir una omisión grave por parte del Ejecutivo. Mientras tanto, los medios comunitarios siguen transmitiendo, resistiendo y sosteniendo el derecho a comunicar desde los márgenes, con la esperanza de que el país escuche.

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