TERRITORIOS CONVOCAN A MARCHA EN DEFENSA DE LOS GLACIARES Y EN RECHAZO A PROYECTO LEY DEL GOBIERNO

La Coordinación de Territorios en Defensa de los Glaciares llama a movilizarse este 30 de julio en rechazo al proyecto de ley de protección de glaciares del gobierno ya que aseguran no garantiza la protección de ningún glaciar de Chile.

Más de 26 organizaciones de territorios conforman el espacio que ha levantado la voz en contra del proyecto de ley que busca regular respecto de los glaciares y que el Ejecutivo impulsa con el ministro de Medio Ambiente Pablo Badenier a la cabeza. Sus argumentos se basan tanto en un análisis del proyecto de ley y de la experiencia que les ha entregado enfrentarse a mega proyectos extractivos que en algunos casos han afectado irremediablemente los glaciares de estos territorios.

Es por eso que están convocando a una marcha para el día sábado 30 de julio a partir de las 10 horas desde Plaza Italia hasta Plaza Los Héroes por Alameda. Se prevé luego de la marcha, un foro informativo que contará con la presencia del Glaciólogo Francisco Ferrando de la Universidad de Chile.

El proyecto de ley de protección de glaciares del gobierno de Bachelet ha recibido profundas críticas tanto en términos de conceptos y estructura, como de fondo pues las organizaciones denuncian que las presiones de la industria minera calaron hondo en el Ejecutivo y éste terminó presentando una indicación sustitutiva respondiendo a las aprehensiones del Consejo Minero, CODELCO, SONAMI, BARRICK entre otros.

Desde la Coordinación indican que los personeros del gobierno que fueron representantes del Ejecutivo en la tramitación del proyecto cuando fue revisado en la Comisión de Medio Ambiente, manifestaron explícitamente la intención del gobierno de no afectar a la industria minera.

Tanto es así, que el Director Nacional de Aguas, Carlos Estévez, sostuvo en la sesión del 01 de octubre de 2014: No creemos que en todos los glaciares de Chile deba establecerse una prohibición absoluta de todo tipo de actividad porque lo que podemos hacer sobre esa base es quizás producir un daño que puede ser irreparable también para la actividad minera futura del país.

A su vez, Jorge Cash, Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Medio Ambiente, el 09 de diciembre de 2015 indicó: Nosotros (gobierno) tenemos la aprensión de interferir de manera desprolija sobre una actividad que hemos tenido y a ustedes les consta particularmente cuidado de no afectar más allá de los intereses del país.

Por su parte el ministro Badenier, sostuvo en tres ocasiones reuniones con la industria minera, tal como consta en el registro de Plataforma de Lobby; la primera en enero de 2015 con Barrick Gold para “aclarar aspectos relacionados a la Ley de protección de Glaciares”, luego en septiembre del mismo año y en abril de 2016 con Joaquín Villarino del Consejo Minero para también abordar temas del proyecto de ley de protección de glaciares.

¿Qué implica este proyecto de ley?

Según declaran las comunidades, el proyecto de ley de glaciares de Bachelet no garantiza la protección de ningún glaciar. Brinda 3 opciones de protección por medio de condicionantes, todas engañosas y vulnerables:

1. Que los glaciares estén en una Reserva de Región Virgen, pero en Chile no existen estas reservas por que ningún gobierno lo ha materializado, por lo que no habría ningún glaciar protegido bajo esta opción.

2. Que Los glaciares estén en Parques o Reservas Nacionales pero tampoco están seguros pues es posible, a partir de lo que estipula la ley 19.300, artículo 10 numeral p), que estas áreas puedan ser potencialmente desafectadas para intervenirlas. De los 36 parques sólo 16 contienen glaciares, y de las 49 reservas sólo 18 contienen glaciares. A pesar de que en todas las regiones de Chile hay glaciares, éstos no necesariamente se encuentran dentro de parques o reservas nacionales, por lo que quedan desprotegidos.

3. Que un glaciar sea declarado Reserva Estratégica Glaciar. Será necesario comprobar que los glaciares son lo que son; agua para el presente y el futuro sobre todo en períodos de sequía y escasez y que nutren de agua permanentemente a los ecosistemas y comunidades de territorios en condiciones más adversas como en el norte del país. La forma de discriminar qué glaciares obtendrán la declaratoria es a partir de su aporte hídrico potencial a la cuenca donde se encuentren, para luego priorizar a los glaciares que tengan mayor volumen o a los que estén en zonas de comprobada escasez hídrica. Establecer como criterio central cuánta agua aporta el glaciar es prácticamente poner a competir a los glaciares. Un pequeño gran detalle, es que cualquier persona por ley tendrá permitido oponerse a que un glaciar sea protegido a partir de ser declarado como REG y que una vez declarado puede perder dicha declaratoria.

La “protección” que se establece en la ley para las tres opciones anteriores es en base a prohibiciones limitando las acciones sólo hasta 1.000 metros de distancia de un glaciar. Luego de esos 1.000 cualquier actividad puede ser aprobada.

Ahora, para los glaciares que no estén en regiones vírgenes, parques o reservas nacionales y que no sean declarados como REG, el proyecto de ley del gobierno, acepta y permite que se desarrollen obras, programas o actividades en los glaciares y su entorno esto a partir de que dichas acciones sean aprobadas por el Servicio de Evaluación Ambiental, servicio que aprueba casi el 100% de los proyectos que se le presentan.

El proyecto de Bachelet permite que grandes empresas que actualmente destruyen glaciares puedan seguir haciéndolo impunemente pues no tiene carácter retroactivo. Es decir, Pascualama, División Andina, Los Bronces, Pelambres, Alto Maipo y otros se podrán seguir interviniendo y destruyendo glaciares. Las empresas, por medio de lo que propone el proyecto de ley, sólo deberán emitir un informe indicando dónde cuándo y cómo están destruyendo glaciares, pero aquello no implicará una sanción o un cierre.

Sobre lo último Pablo Badenier sostuvo en mayo pasado en comisión: El ejecutivo nunca ha dicho ni ha entendido que por efecto de esta ley se revoquen resoluciones de calificación ambiental que intervengan glaciares… Estamos reconociendo que eventualmente existen proyectos aprobados con resolución de calificación ambiental que intervienen glaciares.

Este proyecto no prohíbe acciones subterráneas en glaciares y aquellas que generen polvo en suspensión (acciones que más destruyen glaciares en nuestro país)

Tampoco reguarda los derechos de nuestra Constitución, de la Carta de Derechos Humanos ni tampoco los consagrados de Diversos Acuerdos Internacionales de orden ambiental (Río y otros) e indígena (Convenio 169 OIT). Este proyecto vulnera nuestros derechos humanos como lo dijo el Instituto Nacional de Derechos Humanos en su informe anual del 2015: el proyecto afectaría “desde una perspectiva de los derechos humanos directamente en el goce y ejercicio de diversos derechos. Por impactar directamente al derecho a la vida, a una alimentación adecuada, a la salud, al trabajo y a participar de la vida cultural”. El informa agrega: “La posición del Poder Ejecutivo en orden de disminuir la protección inicial, mediante sus indicaciones sustitutivas, es de preocupación, ya que no se establece una protección general de los glaciares, y además desprotege otras categorías de hielos, como el permafrost, que sí cumpliría funciones análogas a los glaciares”.

Con las opciones y figuras de protección que propone el gobierno, de los 24.114 glaciares que oficialmente están contabilizados en Chile (conteo inconcluso) ninguno estará realmente protegido. De ahí que las organizaciones están por el rechazo de este proyecto y que se realice uno nuevo que busque la protección efectiva de estas importantes reservas de agua dulce y que esté orientado en el resguardo tanto a los ecosistemas como a los derechos humanos y no en favorecer a una industria en particular.

El 18 de mayo el proyecto terminó su revisión en la Comisión de Medio Ambiente de los diputados y fue despachado. El proyecto de ley en estos momentos se encuentra en la Comisión de Hacienda de la cámara baja para que su revisión y posterior pasar al pleno de los diputados para finalmente pasar por el segundo trámite que es el Senado.