En una histórica audiencia, tras diez años de espera, este martes 19 de julio se llevaron a cabo los alegatos en la Corte Suprema en el marco de recurso de casación presentado por el abogado Adolfo Ortega en favor de más de 6.300 habitantes del sector de Nonguén de Concepción, quienes demandaron al Estado producto de los daños sufridos en la inundación del año 2006, cuando los esteros Nonguén y Andalién se desbordaron producto de las lluvias.
Para estos fines, representantes de los vecinos de Nonguén, isla Andalíen y de todos los sectores aledaños a los esteros, viajaron hasta Santiago para presenciar los alegatos del abogado representante de los vecinos, Adolfo Ortega, así como de la contraparte, el abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Francisco Pfeffer Urquiaga.
Cabe destacar que esta es la demanda más grande que se conozca en contra del Estado de Chile, tanto por el número de personas demandantes, como por la cuantía de la indemnización.
El senador Alejandro Navarro quien ha patrocinado en la causa y estuvo presente durante todo el alegato, manifestó su conformidad tras los alegatos, “toda vez que los argumentos planteados por el CDE fueron derribados por el abogado Adolfo Ortega”.
En este sentido, el parlamentario por la Región del Bío-Bío indicó que “el Consejo de Defensa del Estado haciendo uso de un mandato legal, alegó la impredesibilidad de las lluvias, es decir, que las lluvias del 2006 fueron enormes y que no había modo de predecirlas”.
“Sin embargo, el abogado Adolfo Ortega, en representación de los vecinos, alegó que no es efectiva la impredecibilidad, toda vez que el año 2002 y luego el año 2005, los vecinos de todos estos sectores ya se habían inundado”.
El parlamentario agregó que “es más, el año 2005 la Región del Bío-Bío tuvo más lluvias que el año 2006 y los planes maestros de ejecución de aguas lluvias y la obligación de hacer las obras datan de 1996 y del 2003, es decir, hubo antelación y tiempo para que las leyes que determinan la ejecución de los planes maestros, como también la ejecución de las obras, se realizaran. Sin embargo, estas no fueron ejecutadas”.
Es por esto que “se ha solicitado aumentar el monto de la indemnización, mientras el Fisco ha pedido anular la indemnizaciones, lo que creo que es legal pero inmoral”, sostuvo el senador Alejandro Navarro.
Finalmente el parlamentario indicó que “hemos quedado conformes, por lo que esperamos que la Corte pueda resolver a la brevedad en favor de la dignidad de los vecinos”.
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