Comité de Diputados y diputadas PC e independientes anunciaron que defenderán artículo impugnado por el gobierno ante el Tribunal Constitucional

 

• La acción interpuesta por el ejecutivo y que fue acogida a trámite por TC impugna el artículo 31 de la ley de reconstrucción, el cual ordena la reposición gratuita de agua, luz y gas en zonas de catástrofe

El Tribunal Constitucional tras revisar el requerimiento presentado por el gobierno al artículo 31 de la ley de reconstrucción, el cual ordena la reposición gratuita de agua, luz y gas en zonas de catástrofe lo acogió a trámite, por lo cual ahora se inicia un plazo de cinco días hábiles para que el Congreso presente sus observaciones. Una vez vencido ese plazo y se reciban los documentos correspondientes, el pleno del Tribunal Constitucional procederá a fijar la fecha oficial para las audiencias públicas y los alegatos de los abogados de cada parte.

Al respecto, la diputada Ana María Gazmurí Vieira subjefa del Comité PC e independientes, quien es una de las autoras del artículo, señaló que “la verdad es que cuando conocimos los vetos del Ejecutivo a cosas tan importantes como el anatocismo, el pago a 30 días a las pymes, el olvido financiero, dijimos bueno, con el cuarto veto no se atreverán a tanto, porque esto tiene que ver con la posibilidad de la reposición de los servicios básicos a las familias afectadas en contexto de catástrofe. Dijimos bueno, al menos en esto hubo sensatez, nos equivocamos, nos equivocamos rotundamente porque no, no hay compasión con este Ejecutivo hacia las familias que sufren producto de las tragedias ambientales, producto de las catástrofes y a estas alturas ya nada nos sorprende de este gobierno de la crueldad”. 

La parlamentaria por el distrito 12 manifestó que “defendemos esta posibilidad y daremos la pelea en el Tribunal Constitucional. Nos parece que lo mínimo es garantizar que todas las familias en Chile bajo una condición de catástrofe, tenga repuestos sus servicios básicos y no cuidar el bolsillo de las grandes empresas”, aseguró Ana María Gazmuri Vieira.

Por su parte, la diputada Sofía González Cortés por el distrito 6 y coautora de esta iniciativa comentó que “la verdad es que no se entiende que este gobierno haya decidido llevar este artículo al tribunal constitucional, sino para seguir evidenciando su defensa a las grandes empresas. No se entiende el argumento que han utilizado diciendo que este artículo no tiene que ver con la idea matriz del proyecto, y nosotros nos preguntamos, ¿qué otra cosa más que la reposición de servicios básicos? ¿Agua, luz, gas? ¿No tiene que ver con la reconstrucción o con apoyar a las familias cuando lo han perdido todo? No se entiende”.

Para la legisladora “es evidente que a este gobierno de los ricos se le cae la máscara, es evidente que han abandonado a las familias chilenas, y también es evidente que no fueron capaces de enfrentar esta discusión en la Cámara de Diputados y Diputadas, porque sabían que se iban a exponer al escrutinio público en el momento de abandonar a las familias que lo han perdido todo”, aseguró la diputada Sofía González Cortés.

En el mismo sentido, el diputado por el distrito 8 y subjefe del Comité PC e independientes, Marcos Barraza Gómez, destacó que “frente al requerimiento del gobierno hacia el Tribunal Constitucional, que busca impedir la reposición de servicios básicos, léase agua, luz y gas para familias damnificadas por las emergencias, la respuesta automática que emerge es que hay que tener mucho estómago para impedir un derecho fundamental, que es el derecho al agua saneable, a la energía eléctrica y al gas. Son familias que lo han pasado muy mal, que están viviendo de manera damnificada, que han perdido viviendas, que han perdido bienes, y el gobierno las quiere privar por tener deuda de un derecho fundamental, como es el derecho a la luz, el agua y el gas. Eso es inaceptable, y lo vamos a enfrentar con todas las herramientas que nos da la constitución”, aseguró Barraza.

Por último, el diputado Bernardo Salinas Maya manifestó su preocupación respecto a su región indicando que “la mayor afectación que tuvo la región de Coquimbo fue en la bajada de las quebradas, también la región de Atacama, particularmente en la provincia del Huasco, tenemos la mayor cantidad de quebradas en la región de Coquimbo. Sin embargo, ¿cuáles fueron los primeros servicios afectados? El agua potable y la luz eléctrica, la energización”. 

Según el parlamentario por el distrito 5 “hoy día ir al Tribunal Constitucional tiene un carácter inmoral, porque no se pone justamente en la situación de afectación que tuvieron las familias y muchísimas personas que viven en sectores que tienen una gran dispersión geográfica. Porque nuestra región de Coquimbo sigue estando en el suelo y no tenemos ningún plan concreto de emergencia para poder resolver este tema, y particularmente los servicios básicos”, aseguró Bernando Salinas Maya.

Santiago de Chile, 20 de agosto 2026
Publicado por Crónica Digital