“Hay una ideología negacionista”: Acusan veto político a solicitudes ECMPO, que ya suman 19 negativas en dos años

La CRUBC de Los Lagos rechazó cuatro nuevas solicitudes ECMPO, sumando 11 negativas desde 2024, pese a que las comunidades esperaron hasta 10 años. Dos actores relevantes en el proceso de solicitudes ECMPO denuncian una "ideología negacionista" y un "veto político".  Se señala que las Comisiones Regionales de Uso del Borde Costero (CRUBC) no están buscando compatibilizar o armonizar usos en el borde costero, ya que desde el 2024 hasta ahora se han rechazado 19 solicitudes ECMPO en las regiones de Atacama, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes.

 

Tendencia política: Tras rechazo de 4 solicitudes ECMPO en Los Lagos, suman 11 negativas en dos años

La Comisión Regional de Uso de Borde Costero (CRUBC) de Los Lagos rechazó el pasado martes cuatro nuevas solicitudes de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), correspondientes a las comunidades de las islas Puluqui-Tabón en Calbuco, Nercón en Castro, Isla Tranqui en Queilen y Yaldad en Quellón.

Con estas decisiones, ya son 19 las peticiones rechazadas a nivel interregional en todo Chile desde 2024: en las regiones de Atacama, Los Ríos,  Los Lagos, Aysén y Magallanes, configurando una clara tendencia de obstrucción sistemática a esta figura legal.

A las 4 solicitudes ECMPO rechazadas por la CRUBC de Los Lagos el pasado 25 de agosto, se suman otras 14 negativas registradas desde 2024 en distintas regiones del sur de Chile, elevando a 18 el total de espacios costeros marinos denegados en apenas dos años. La lista de antecedentes incluye, en la región de Aysén, los rechazos de ECMPO Wewyen Wapi (Cisnes) en dos oportunidades, ECMPO Islas Huichas también en dos ocasiones, y el ECMPO Península Muñoz-Gamero en Magallanes. En Los Lagos, las negativas afectaron las solicitudes Barrio Costero, Isla Linaguá, Bahía Quellón, Nguam Nüke Lafken, además del rechazo en dos ocasiones de las solicitudes de Linao y San Juan de Chadmo, mientras que en Los Ríos se suma el ECMPO Wadalafken, que obtuvo un contundente rechazo en la CRUBC del 96,6% de la superficie solicitada.

La década perdida en la tramitación: CRUBC convertido en un espacio político y no técnico

Las solicitudes rechazadas permanecieron en tramitación entre siete y diez años, muy por encima del plazo máximo de dos años y medio que establece la ley 20.249 para todo el trámite de un ECMPO. Esta dilación, que las comunidades afectadas consideran una vulneración a sus derechos fundamentales, afectó a proyectos que buscaban resguardar desde la pesca y recolección de algas hasta humedales con aves migratorias y hábitats de pequeños cetáceos, todos ellos en espacios con sobrecarga productiva  por  actividades salmoneras y mitilicultoras.

Yohana Coñuecar Llancapani, comisionada de Pueblos Originarios en la CRUBC de la región de Los Lagos en representación de Chiloé y Palena, al ser consultada por medios regionales luego de la votación CRUBC, fue tajante sobre este episodio: “Hay una ideología en el rechazo de la solicitud de espacios costeros más allá de elementos técnicos. Curiosamente se han levantado algunos elementos técnicos que en otras secretarías técnicas no se habían propuesto”.

Coñuecar profundizó en el cambio de naturaleza de la instancia: “Hoy día las comisiones regionales ya no son una institución o un espacio técnico-político, es un espacio político. Por lo tanto, acá, si hay un lineamiento político de rechazar los espacios costeros, a pesar de que ellos presenten argumentos, presenten acuerdos, presenten mucho trabajo anterior, la verdad es que eso no lo vamos a poder cambiar”.

La comisionada fue más allá al calificar la situación como parte de una postura gubernamental: “Hay una ideología negacionista de parte de los gobiernos actuales, principalmente de este gobierno, para rechazar los derechos de pueblos originarios y se materializan acá, en la comisión regional (de usos de borde costero). Por lo tanto, para nosotros esto no es nada nuevo”.

El ocultamiento de cartas y la falta de palabra

Coñuecar también denunció irregularidades en el procedimiento: “No nos dan la palabra. No quisieron leer una carta que llegó curiosamente manifestando una respuesta contraria a lo que la pesca (sector pesquero regional) dice. ¿Por qué no se quiere leer eso? O es que también las Secretarías Técnicas están tan coaptadas por el poder político que finalmente prefieren ocultar esa carta”.

Finalizó su intervención con una reflexión sobre el futuro del proceso: “Yo creo que estos espacios hoy día ya perdieron el sentido que tienen. Sobre todo para los ECMPOs ya no tiene sentido venir a estos lugares a discutir nuestros derechos porque finalmente la Comisión en un acto político decide rechazarlo”.

Un veto político

Álvaro Montaña, geógrafo y asesor técnico del ECMPO Yaldad, entregó una visión que complementa la denuncia: “Desde el gobierno Gabriel Boric hay un veto político de las CRUBC en Aysén, Magallanes y Los Lagos. Esto no partió con Kast, partió con Boric. Ese es el primer hecho político de la causa que es verificable en las votaciones de las comisiones regionales de usos de borde costero (CRUBC)”.

Montaña advirtió que el enfoque de las comisiones se ha desviado de su mandato legal: “Las CRUBC no están buscando compatibilizar o armonizar usos en el borde costero, usos y usuarios, sino que lisa y llanamente supeditan el ejercicio del derecho consuetudinario a que ese derecho eventualmente no perjudique otros derechos, sin buscar compatibilizarlos, sino que buscando la primacía de un derecho, en particular el económico industrial, sobre los usos consuetudinario que es visto casi como algo anecdótico o de menor jerarquía, siendo que sustenta a miles de familias en cuanto a alimentación, autoempleo y y subsistencia material e inmaterial”.

Señala asimismo: “Esa primacía de un derecho sobre el otro no es el mandato que tienen las comisiones de usos de borde costro, sino que el mandato que tienen las comisiones de acuerdo a la política nacional de uso al borde costero es armonizar los usos y los usuarios, no anular un uso y un derecho para darle primacía a otro, eso es a mi juicio un acto arbitrario de abuso de poder y de veto político infundado”.

La incongruencia técnica y el llamado de la Corte Suprema

El profesional puso el foco en la contradicción institucional: “Le he preguntado al delegado regional y al gobernador regional: ¿Qué pasa cuando las secretarías técnicas recomiendan una aprobación y luego políticamente se rechaza? ¿Cómo esa incongruencia se valida?, por ejemplo en los ECMPOs Linao y San Juan de Chadmo donde la Secretaría técnica de la CRUBC recomendaba aprobar y finalmente se votó políticamente rechazo”.

Además, recordó que el marco legal es claro al respecto: “hay que recordar el Fallo de la Corte Suprema de noviembre de 2025 por los ECMPOs de Aysén. El argumento principal para aprobar un ECMPO es la acreditación de usos que hace la CONADI y que en este caso eso no fue considerado ni siquiera de parte de la votación de la CONADI en la CRUBC,  ni siquiera de parte del Seremi de Desarrollo Social que es superior de CONADI, excepto en la última votación donde la directora de CONADI sí aprobó pero en todos los otros se abstuvo. El punto es que la CONADI no está de acuerdo con la CONADI y eso es tremendamente grave, cómo una institución no valida sus propios actos técnicos absteniéndose de votar a favor de su propio informe en evidente contradicción política con su propio informe técnico que acredita los ECMPOs solicitados”.

“La negativa ya está siendo una política de Estado tanto del gobierno anterior como el de ahora , negar los derechos de acceso y uso al mar a pueblos originarios es un acto racista, más aun cuando estos derechos permiten integrar a otros usuarios para administrar en conjunto los espacios marinos, ya que recordemos que la ley 20.249 con su artículo 11 es la única ley que integra usuarios en la administración costera-marina y compatibiliza ecología-cultura y economía, no perjudica a unos para favorecer a otros, sino que integra”, afirma Montaña.

Por 

Equipo Comunicaciones Mapuche