A espaldas del río: MOP acelera Embalse Zapallar y avanza hacia las obras ignorando el rechazo ciudadano

 

Mientras las comunidades locales acusan daños irreparables a su entorno y cultura, las autoridades regionales celebran los hallazgos de vasijas arqueológicas como simples trámites para iniciar las faenas.

EL CARMEN. En una muestra de desconexión con el descontento socioambiental que rodea al proyecto, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció que "acelera" las gestiones en torno al cuestionado Embalse Zapallar. El pasado viernes 7 de agosto, una comitiva de seremis, directores regionales y empresarios se trasladó hasta el sector de San Vicente Bajo para inspeccionar las prospecciones arqueológicas en la zona. Lejos de atender las alertas de los vecinos por la destrucción del río Diguillín, las autoridades regionales enfocaron el hito como una mera "liberación de sectores" para instalar faenas a la brevedad.

Hallazgos patrimoniales reducidos a "trámites"

La campaña arqueológica, ejecutada por la empresa constructora CWE y la consultora Michel, detectó cuatro nuevos sitios arqueológicos y 19 hallazgos aislados en el área que terminará bajo el agua. Sumado a esto, el Consejo de Monumentos Nacionales ya autorizó caracterizar otros 28 sitios.

Pese a la riqueza histórica del sector, el director regional de Obras Hidráulicas (DOH), Alfredo Ávila, minimizó la relevancia cultural de los vestigios al señalar que "corresponden principalmente a fragmentos menores de vasijas", utilizándolo como argumento para acelerar la ocupación del terreno. Esta postura evidencia una visión puramente técnica y utilitaria de los bienes patrimoniales, ignorando que para los habitantes rurales representan la memoria e identidad de su territorio.

Desarrollo económico sobre el desarraigo humano

Durante la jornada, el seremi de Obras Públicas, Luis Carrasco, catalogó la megainfraestructura como una "obra estratégica" orientada a habilitar el riego de 10 mil nuevas hectáreas en San Ignacio y El Carmen, priorizando la productividad agrícola del gran empresariado sobre el bienestar local. Aunque el seremi aseguró que el proceso cuenta con "permanente diálogo", la realidad territorial demuestra lo contrario: comités locales de expropiados y agrupaciones de turismo de San Vicente Bajo asisten a estas actividades en calidad de espectadores de un proceso que ya parece sentenciado, viendo cómo sus fuentes de subsistencia —como los 12 campings del sector— quedarán sepultados.

Por su parte, el presidente de la Junta de Vigilancia del Río Diguillín, Juan Carlos Villagra, celebró que el proyecto "comienza a tomar forma". Esta postura refleja la histórica brecha del conflicto hídrico en Chile: la priorización del almacenamiento artificial del agua para la agroexportación de verano, a costa del sacrificio de los ecosistemas fluviales y el desplazamiento forzado de las familias campesinas que por décadas han resguardado la cuenca.

Con este avance forzado de las obras preconstructivas, el gobierno a través del Ministerio de Obras Públicas (MOP)  da una clara señal política: las observaciones ciudadanas, los recursos judiciales vigentes y el resguardo de la biodiversidad local se sitúan en un segundo plano cuando se trata de favorecer los intereses de los grandes consorcios hídricos y agroindustriales de la región.

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