Mediante una serie de publicaciones en RR SS se ha evidenciado la permanente apuesta de la Gobernación del Punilla por establecer como plataforma política el accionar propio de sus funciones.
Sabido es que la Gobernación, hoy a la cabeza de Pia Sandoval, ha seguido la lógica de apoyo irrestricto a dos candidatos que trabajan para la organización territorial de dependencia directa del Ministerio del Interior. Es decir, los actos y omisiones de esta repartición estatal dice o hablan a partir de la impronta gubernamental.
Los partidos políticos agrupados en el pacto Unidad Constituyente publicaron su malestar por lo que consideran intromisión flagrante en los procesos políticos, con una clara apuesta por un intervencionismo electoral que busca potenciar a dos funcionarios de la Gobernación, en sus candidaturas a la alcaldía y al concejo municipal.
Pese a los buenos oficios, pese a la cordialidad manifestada en la declaración y posterior reunión entre uno de los presidentes de los partidos políticos de oposición con la Gobernadora, donde esta se comprometió a cumplir rigurosamente los protocolos emanados de la presidencia, en relación con el trabajo de los funcionarios públicos y las campañas políticas, lamentablemente se ha seguido el mismo patrón de conducta en donde la candidata a la alcaldía, funcionaria de Gobernación Punilla, sigue haciendo campaña con recursos públicos y lo evidencia mediante publicaciones en redes sociales. Esta situación no deja otro camino a los partidos de la Unidad Constituyente que recurrir a Contraloría, para que sea este órgano quien ponga límite a estos actos proselitistas, porque al parecer esta apuesta es institucional de parte de la Gobernación Provincial Punilla.
Los privilegios y los privilegiados han sido evidenciados de manera permanente en el último tiempo, las vecinas y vecinos sabrán condenar estos actos proselitistas y sabrán seguramente castigar estas acciones que debilitan la participación política de aquellos que se atreven a cruzar la línea de lo correcto.
Seguiremos, seguramente, asistiendo a este baile de máscaras en donde los privilegiados son un par de funcionarios públicos dependientes laboralmente de la Gobernación Punilla, usando desvergonzadamente recursos públicos, en desmedro de todos los demás candidatos, lo que abiertamente atenta a la justicia en términos de acceso igualitario a una campaña política.
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