Dan a conocer estudio exploratorio sobre violencia, género y discapacidad en América Latina y El Caribe

        Una de las principales deficiencias constatadas por el estudio, es la falta de estadísticas concretas sobre violencia contra mujeres con discapacidad, lo que no permite dimensionar la magnitud del problema y, por ende, adoptar políticas públicas apropiadas.

·         El 2013, expertos de Naciones Unidas afirmaron que la violencia en mujeres y niñas con discapacidad es cuatro veces más grave que en la población general, concluyendo que esta población sufre una situación de “Desastre Humanitario Global”.

Tras un año de ardua investigación, entre mayo de 2015 y abril de 2016, este martes en el marco del Seminario “Violencia, Género y Discapacidad” en la Universidad Central, se dieron a conocer los resultados y principales conclusiones del “Estudio exploratorio de violencia contra mujeres con discapacidad en tres países de América Latina y el Caribe: Chile, Costa Rica y Uruguay - 2016”, el que contó el apoyo de ONU Mujeres y que fue posible gracias a la iniciativa liderada por el Circulo Emancipador de Mujeres y Niñas con Discapacidad de Chile (CIMUNIDIS).

La investigación -de carácter cuantitativa y cualitativa- fue desarrollada por tres equipos de investigación (uno por cada país que forma parte del estudio), coordinados por investigadores del Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública (CESOP) de la Universidad Central, quienes a partir de 17 relatos que permiten reconstruir narrativamente prácticas corporales y simbólicas de violencia en historias de vida de mujeres con discapacidad e información secundaria, logran caracterizar esta compleja realidad y ahondar en distintas situaciones que enfrentan mujeres con discapacidad que han sufrido algún tipo de violencia.

De este modo, el informe cumple a cabalidad su objetivo principal, cual es aumentar el nivel de información disponible sobre esta grave problemática en la región, a fin de visibilizarla y sensibilizar a la opinión pública, además de entregar argumentos fundados que contribuyan al desarrollo de mejores políticas públicas en la materia.

Todas las mujeres entrevistadas por el estudio sufrieron, sufren, o han observado en otras mujeres con discapacidad, algún tipo de violencia, ya sea activa o pasiva. Tanto en la niñez, sufriendo situaciones de abandono, abuso sexual, burlas y golpes; o en la juventud y la adultez, donde se suman otro tipo de violencias, como la exclusión laboral, el maltrato en salud, la indiferencia institucional, la discriminación socioeconómica, entre otros.

A este respecto Marcela Benavides, presidenta de CIMUNIDIS, junto con valorar el estudio, cuestionó “la ausencia de información específica respecto de estas múltiples violencias ejercidas hacia las niñas y mujeres con discapacidad”, al tiempo que hizo un llamado al Estado a  adecuar normativa su interna, “que admiten la internación y esterilización forzadas de personas con discapacidad, lo que constituyen también formas de violencia, de carácter estatal”.

Sergio Poblete, investigador de CESOP y coordinador del estudio, destaca a su vez que “el cuerpo, como referente naturalizado de las capacidades, en su doble articulación de cuerpo legitimo e ilegítimo -"normalidad versus anormalidad"-, genera un esquema de relaciones de poder asimétrico en desmedro de las mujeres con discapacidad, en los campos del trabajo, los espacios públicos, la educación, la salud y la familia, entre otros que pueden identificarse”.

Esta “desigualdad de capacidades o de poder –construida a partir de la ‘minusvalía’ económica y simbólica que se les atribuye- les coloca en situación de especial precariedad y, por consiguiente, de riesgo a la mujer con discapacidad: riesgo material, riesgo social y riesgo de violencia. Esta asimetría de capacidades, por otra parte, desde una lógica del valor económico y simbólico como plusvalía, en una sociedad de productividad y de consumo, excluye por implicación a la mujer con discapacidad. Pues se asume que el aporte de valor de estas mujeres no es simétrico al de las personas sin discapacidad, y "menos simétrico" aún al aporte que realizarían los varones”, agregó Poblete.

Discapacidad en la región y las dificultades de medición

De acuerdo a la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF, ONU-2001), la discapacidad comprende “(…) un término genérico que abarca deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones a la participación. Se entiende por discapacidad la interacción entre las personas que padecen alguna enfermedad (por ejemplo, parálisis cerebral, síndrome de Down y depresión) y factores personales y ambientales (como actitudes negativas, transporte y edificios públicos inaccesibles y un apoyo social limitado)”.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2013) señala que “entre el año 2000 y 2011 la población que residía con alguna discapacidad en el continente ascendía a más de 66 millones de personas, lo cual representa un 12,3% de la población regional, un 12,4% de la población de América Latina y un 5,4% de la de los países del Caribe”, y que la prevalencia de la discapacidad es superior en las mujeres que en los hombres. Cifras que de acuerdo al Banco Mundial serían aún mayores, estimando en su “Informe Mundial sobre la Discapacidad” de 2011, elaborado con la cooperación con la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ésta llegaría a 85 millones personas.

No obstante las directrices internacionales de la ONU, al revisar estadísticas en Chile sobre discapacidad, el principal problema es la gran dispersión e incluso discrepancia que existe en la información proporcionada por distintas fuentes, precisamente por la comprensión distinta que dan a la definición de discapacidad, lo que no permite comparar sus resultados ni tener un parámetro para medir su evolución en el tiempo. 

Así por ejemplo, el Censo del año 2002 indica que un 2,2% del total de población del país tiene algún tipo de discapacidad (334.377 personas), siendo un 53,4% hombres y un 46,6% mujeres. De las cuales, solo el 15,2% (de 15 año o más) es económicamente activa, siendo un 72,59% hombres y 27,41% de las mujeres, por lo que estas últimas se encuentran en clara desventaja en cuando a su incorporación laboral al mercado.

Por su parte, la Encuesta de Calidad de Vida (ENCAVI, 2001), con un mayor número de preguntas relacionadas al tema y de acuerdo al enfoque biomédico, establece que un 21,7% de población con algún tipo de “dificultad”. En tanto que el Estudio Nacional de la Discapacidad (ENDISC I, 2004), señala que un 12,9% de la población padece discapacidad (medida como: deficiencia, limitación y restricción), siendo un 58,2% de este total mujeres, es decir una de cada siete mujeres en el país tiene discapacidad. Finalmente, la misma Encuesta aplicada el año 2015 (ENDISC II), indica que existe un total de 2.606.914 personas en situación de discapacidad (20% de la población), de las cuales un 11,7% tiene discapacidad leve a moderada y un 8,3% situación de discapacidad severa.

Violencia de género y discapacidad

Respecto a la situación de violencia contra personas con discapacidad, cabe destacar lo señalado por el “Estudio temático sobre la cuestión de la violencia contra las mujeres y las niñas y la discapacidad” (ONU, 2012), donde se establece que “la exposición de las personas con discapacidad a un mayor riesgo de sufrir violencia está directamente relacionada con factores que incrementan su dependencia respecto de otras personas o las hacen vulnerables y las privan de sus derechos. Muchos de esos factores también conducen a la impunidad y a la invisibilidad del problema y dan lugar a la persistencia de la violencia durante períodos prolongados”.

Asimismo, lo sostenido por el Comité de Expertos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad CDPD/ONU (9ª Sesión, 17 de abril 2013), que estableció que la violencia en mujeres y niñas con discapacidad es cuatro veces más grave que en la población general, concluyendo que esta población sufre una situación de “Desastre Humanitario Global”, y que obliga a una intervención sin demora de los Estados partes.

Pese a la gravedad de estos diagnósticos de Naciones Unidas, en Chile únicamente la Encuesta de Discapacidad proporciona información sobre este flagelo que padecen las personas con discapacidad, pero sin desagregar los datos por género. En efecto, de acuerdo a la ENDISC 2004, un 13,28% de las personas con discapacidad han sido víctimas de hechos de violencia (274.599 en total), consignando que en los últimos 12 meses del año 2004, una de cada ocho personas ha sufrido algún tipo de violencia física o verbal, siendo Carabineros el principal lugar donde se realizan estas denuncias con un 75%.

Información importante al efecto, la proporciona también el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), indicando que en Chile el 35,7% de las mujeres reconocen haber sufrido violencia durante su vida, ya sea física, psicológica, sexual o económica, pero no distingue entre mujeres con y sin discapacidad. Algo similar a lo que ocurre en el caso de los datos proporcionados por el Boletín Estadístico de la Fiscalía Nacional (año 2015), señalando que un 77,95% (102.517) de los casos de víctimas de violencia intrafamiliar son mujeres, desconociéndose cuántas de ellas presentan algún tipo de discapacidad, versus un 22,05% (28.994) que son hombres.

A esta ausencia absoluta de información desagregada, que permita medir en el país los casos de violencia ejercida sobre mujeres con discapacidad, se añade la violencia facultada por el propio estado, al mantener normativa que no solo limitan las capacidades de desenvolvimiento autónomo de las personas con discapacidad, sino también su internación forzada y esterilización sin su consentimiento, lo que constituyen situaciones de violencia que en algunos casos revisten incluso el carácter de tortura, como destaca la presidenta de CIMUNIDIS, Marcela Benavides.

“Las internaciones forzadas en Chile llegan al 20% en hospitales psiquiátricos y 17% en hospitales generales, sin que exista información del sector privado. Mientras que las prácticas de contenciones físicas y aislamientos en hospitales psiquiátricos alcanzan al 56,9%, siendo solo del 8% en países desarrollados (OMS, 2012). Mientras que vía ley de transparencia, hemos logrado verificar que desde 2003 y 2015 se han  formulado 78 solicitudes de esterilizaciones al Estado, 74 de ellas involuntarias o forzadas y solo cuatro de ellas voluntarias. Por lo que urge derogar la ley N° 18.600 sobre interdicción para personas con discapacidad psicosocial e intelectual, modificar las disposiciones que en este mismo sentido se encuentran en la denominada Ley de Derechos y Deberes del Paciente (Nº 20.584) y derogar el Reglamento 570 sobre  internación psiquiátrica, interdicciones y curatelas, internaciones forzadas y esterilizaciones, para eliminar la violencia estatal contra las personas con discapacidad”.

Algunas de las principales conclusiones y recomendaciones

• La falta de estadísticas concretas sobre violencia contra mujeres con discapacidad no permite dimensionar la magnitud del problema.

• El enfoque “biomédico” sigue permeando la manera de hablar y percibir la discapacidad, que impide se instale con facilidad un diálogo desde el modelo de los derechos humanos. Se recomienda integrar el cuerpo en el discurso y el debate del enfoque de derechos como distinción que permite múltiples significaciones.

• A los tipos de violencia registrados en la normativa internacional, se hace necesario agregar la violencia simbólica y la institucional, dos formas de violencia que están a la base de las conductas violentas.

• Existe un sinnúmero de acciones que no caen conceptualmente en el dominio de la violencia, pero que sí causan daño: como la discriminación, el mal trato, el abuso, el abandono, entre otras.

• La desigualdad de género que aún perdura en la sociedad patriarcal, añade una diferencia que genera una doble identidad o “doble opresión”,

• Los casos revelan matrices de interpretación diferencial para racionalizar la violencia, tales como las creencias religiosas, los sistemas de significación enraizados en el principio de la razón práctica, la pobreza y la precariedad económica, entre otros.

• La definición de violencia adoptada por los organismos internacionales permite hacer sentido a nivel social sobre el problema, pero para estudios cuantitativos las variables de violencia y discapacidad deben estar definidas operacionalmente, de tal modo que permitan medir de forma clara y distintiva el fenómeno.

• Se recomienda continuar la investigación comparada por país, incorporando otros rasgos identitarios como son la etnia, la clase social, el capital cultural, el capital económico, la diversidad sexual y de género, que afectan la manera de percibir, enjuiciar y actuar en relación con este problema.

Video seminario: https://web.facebook.com/Seminarioviolenciageneroydiscapacidad/?_rdr

Se adjunta el Estudio Exploratorio y resumen ejecutivo del mismo

Por Paulina Acevedo