Red ciudadana lanza video de su campaña contra la Ley Hizpeter "Ni Violencia ni, Ley Hinzpeter"

05-07-2013.- Nuestra agrupación de ciudadanos llamada “Red Prisma” lanzó hoy su campaña contra la ley que resguarda el orden público conocida como “Ley Hinzpeter”, la cual transgrede el derecho a la protesta  y a la libertad de expresión, como principios fundamentales  de los derechos humanos y la democracia. 

Si se aprueba este proyecto de ley con carácter de urgencia para discutirse y votarse en el Congreso,  aumenta el riesgo para los ciudadanos chilenos que se expresan pacíficamente, de  convertirse en nuevas víctimas de las violaciones a los Derechos Humanos y las torturas por parte de la institución policial.

El Estado de Chile no ha cumplido los tratados firmados con organizaciones internacionales para proteger a las víctimas y judicializar los casos de detenciones ilegales y los delitos de tortura, con el fin de sancionar a los agentes policiales.

 En un formato de grabación de aficionado, el video de la campaña  se suma a la de Amnistía Chile y se puede encontrar ingresando a www.redprisma.org/red  busca no sólo hacer público y concientizar acerca de las implicancias. Busca también un alto respaldo ciudadano que permita juntar las firmas para y exigir a los legisladores:

1.  Su rechazo a este proyecto de ley.

2. La derogación del decreto 1216, añadido al decreto supremo 1086 para que en Chile no se siga pidiendo autorización para marchar, sino restablecer la normativa de aviso con dos o tres días de anticipación.

3. Definir, tipificar y promulgar el delito de tortura por parte de los agentes del Estado.

4. Otorgarle verdaderas atribuciones al INDH o bien crear o financiar un organismo independiente del gobierno que cumpla las funciones de Comisión Nacional Contra la Tortura.

Llamamos a las organizaciones sociales, a los grupos en las redes sociales a convocar o adherir a esta campaña y a difundirla, con el fin de defender los derechos humanos y entregarle a la opinión pública una perspectiva distinta de la que reciben a través de lo que llamamos medios de comunicación corporativos, los cuales intencionalmente o no, criminalizan la protesta en Chile mostrando sólo el lado violento de los manifestantes, obstruyendo la observación acerca del carácter pacífico de las protestas, los abusos policiales, la impunidad y las demandas sociales.

Esta es una campaña de todos y para todos y todas. Para participar como organización comuníquese a: info@redprisma.org

PETICIÓN:

CARTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS, AL SENADO Y AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA:

Yo (firmante) en mi deber y derecho como ciudadano me declaro en desacuerdo con este proyecto de ley por considerarlo atentatorio contra el resguardo de los derechos humanos  y las garantías que el Estado debe proporcionarme. Exijo a las autoridades de turno, parlamentarios y al Presidente de la República, elegidos por mi voto soberano, rechazar y/o derogar el proyecto de ley que fortalece el orden público -Boletín 7975-25- y el proyecto de ley 8995-07.

Asimismo insto a los legisladores y a las autoridades pertinentes a:

1.- Derogar el decreto 1216, añadido al decreto supremo 1086, promulgado  en la dictadura que en su artículo 2 otorga la facultad al Intendente o Gobernador de autorizar o no reuniones en las calles, parques, plazas o jardines y cumplir con la recomendación del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU a la cual suscribe, donde sólo es necesaria  la notificación por parte de los organizadores a la Intendencia  con  dos o tres días previos a una manifestación.

2.- Otorgarle independencia y facultades al Instituto Nacional de Derechos Humanos para proteger  y garantizar el cumplimiento de los procedimientos en relación a las denuncias civiles contra posibles abusos y aprensiones ilegítimas por parte de las fuerzas de seguridad y orden público que garanticen los derechos de los manifestantes,  o, de otra forma, la creación de un organismo independiente del gobierno que cumpla las funciones de Comisión Nacional Contra la Tortura.

 3.- Definir, tipificar y promulgar el delito de tortura por parte de los agentes del Estado.