¡Se despacha a Ley! Personas deudoras de pensión alimenticia no podrán postular ni acceder a fondos públicos para hacer investigación

El Proyecto de Ley que modifica la ley 14.908 tiene su origen en el Senado por mensaje presidencial y surgió como respuesta a la necesidad de prevenir adjudicaciones a deudores alimentarios que sean detectados en procesos de ANID.

Esta es la primera Ley del MinCiencia y refuerza su compromiso con la equidad de género en el sistema de investigación.

  

SANTIAGO, 14 DE JULIO DE 2025. 

Listo para convertirse en ley. Tras la votación en la Cámara de Diputados del informe en la Comisión Mixta, se aprobó el proyecto que modifica la Ley N° 14.908 que desde ahora establece la imposibilidad de postular o adjudicarse cualquier instrumento o concurso financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) a toda las personas que tengan inscripción vigente en el Registro nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.

Este avance legislativo representa una medida clara de protección de la niñez y es una señal de coherencia del Estado respecto del uso de fondos públicos y de su compromiso con la justicia y la equidad de género.

La ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aisén Etcheverry, estuvo en la sala en el momento de la votación y explicó que “no se trata de sancionar a los deudores ni de excluir a nadie, sino de tener coherencia y de establecer condiciones mínimas de responsabilidad en el uso de los fondos públicos”. “La lógica de este proyecto es simple. Si alguien no cumple con una obligación tan básica, como es la pensión de alimentos, no puede estar en condiciones de recibir fondos públicos, destinados precisamente a promover la ciencia, la formación o la investigación.  No es una sanción, sino que es una condición mínima de coherencia y también es un incentivo claro al pago porque si esa persona regulariza la deuda, puede postular”, indicó.

Doble chequeo

Será la propia ANID la que revise y actualice los antecedentes proporcionados por los postulantes a los fondos públicos para investigación. Al inicio de la postulación deberá verificar de manera obligatoria la inscripción vigente en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y luego, deberá hacer lo mismo, al momento de la adjudicación de programas o instrumentos.

Si en el cruce de datos, identifican a una persona con una inscripción vigente en el Registro, su postulación no podrá ser declarada admisible ni tampoco podría ser adjudicataria de los programas e instrumentos ejecutados por ANID.

En resumen, la ley establece que ANID deberá excluir a quienes estén inscritos como deudores del Registro de Pensiones de Alimentos de participar en sus convocatorias, y esta verificación se realizará de forma automatizada y obligatoria en dos etapas del proceso.

La ministra Etcheverry aclaró que en ningún caso se está “cerrando la puerta para siempre”, sino que se está diciendo “primero cumpla sus obligaciones y después postule, si está en el registro, no puede seguir el proceso; si regulariza su deuda antes de cualquiera de las etapas, puede continuar, es así de justo”, insistió. Con esta modificación, “en lugar de reaccionar,  prevenimos”, agregó.

La propuesta de modificación surgió a partir de las preocupaciones de la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación. A través de diversas acciones, como oficios de consulta y la presentación del proyecto de acuerdo Boletín N° S 2.531-12, aprobado el 16 de abril de 2024, solicitaron al Ejecutivo la adopción de todas las medidas pertinentes para garantizar el pago efectivo de pensiones de alimentos vinculado a los instrumentos y becas otorgados por la ANID.

La iniciativa es fruto del trabajo conjunto entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Actualmente, existen más de 270 mil personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias, y más de 385 mil niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una pensión para su manutención. El 96% de los deudores son hombres.

“Este proyecto es pequeño en extensión, pero dice algo grande: el Estado no puede mirar para al lado cuando alguien le debe a sus hijos o hijas y que el desarrollo, la ciencia y la innovación no se construye a costa de la infancia. Cuando actuamos con coherencia damos señales que sí cambian comportamientos”, finalizó la ministra Etcheverry.