El jurista y exasesor de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior afirmó que en un Estado democrático, el empoderamiento de las policías "tiene que compensarse a través de más dispositivos de control" sobre la acción de las fuerzas de orden.
En conversación con Radioanálisis, el jurista mapuche, académico de la Universidad de Chile e investigador asociado del Instituto Milenio para la Investigación en Violencia y Democracia, Salvador Millaleo, abordó la ineficacia y las consecuencias que radica en el proyecto de ley Nain-Retamal.
Si bien consideró necesario “afrontar el problema de seguridad que tiene la sociedad y en ese sentido reforzar a los organismos policiales puede tener una justificación”, advirtió que “cada vez que se entrega más poder a las policías, en un Estado democrático esto tiene que compensarse a través de más dispositivos de control sobre su acción y procesos que permitan limitar esto cuando actúan en terreno para proteger los derechos humanos, para no generar una desproporción mayor”.
Por el contrario, relevó que el proyecto de ley se ha calificado “como una legislación de gatillo fácil, como ha sucedido en otros países que enfrentando una crisis de seguridad también se han implementado medidas análogas”.
En el caso de La Araucanía, este tipo de iniciativas “puede generar situaciones como las de Catrillanca o cualquier otra situación donde no se estén enfrentando realmente a grupos violentos, sino que estén enfrentando a personas que al pasar cometen un error de juicio, o el caso de Catrillanca que hay una ejecución dolosa frente a una persona que estaba pasando con su tractor, o enfrentando una situación de protesta legítima, que ellos generen acciones de violencia institucional desproporcionada y con ello generen una situación de crispación”.
A su vez, el exasesor de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior consideró que proyectos como Nain-Retamal “responde a una mirada bien corto placista de los actores que están comprometidos con la agenda de seguridad”.
“La agenda de seguridad siempre tiene que ser un desafío nacional, donde todos estén involucrados para generar seriamente medidas que no sólo refuercen a las policías, sino que generen condiciones de seguridad en toda su dimensión”.
Particularizando en la legítima defensa privilegiada, Millaleo destacó que “este ha sido el tema más discutido desde la perspectiva de derechos humanos, porque lo que se ha tratado de señalar es que el requisito de proporcionalidad en el uso de la fuerza es un obstáculo a las tareas de seguridad de Carabineros y eso es simplemente desconocer que el uso público de la fuerza tiene que tener límites para precisamente asegurar los derechos de las personas. No se puede entregar un poder sin control“.
En ese sentido, añadió que “la hipótesis de legítima defensa privilegiada es demasiado amplia y ambigua, y por lo tanto entregan un poder de decisión discrecional arbitraria a carabineros que se puede usar en ciertas situaciones que generen medidas que no estén justificadas”.
En otra arista, el abogado hizo hincapié en la falta de resultados que tienen las iniciativas de aumento de las penas. “Esto denota siempre una ineficacia y esta es la paradoja del populismo penal, que trata de combatir algo con medidas efectistas que al final no resultan porque no empoderan realmente a las instituciones que dicen empoderar”.
“En la medida que sigamos con este populismo penal desenfrenado vamos a tener más y más medidas legislativas de este tipo, en lugar de medidas que sean más eficaces en lograr estos objetivos de combatir la delincuencia y en particular la delincuencia más compleja”, añadió.
Sobre los puntos destacables, Millaleo señaló que “la legislación tiene cuestiones que se entiende que eran necesarias, este deber de que el Estado provea a carabineros de lo que sea necesario, incluyendo el armamento”.
En esa línea relevó que “Carabineros no tiene las armas necesarias para responder a situaciones de conflicto con delincuentes que sí tienen armas más modernas y poderosas. Esto es algo que creo que es positivo pero que tendría que ser balanceado con reglas del uso de la fuerza”.
Del mismo modo, indicó que “también me parece positivo que efectivamente hay un refuerzo de la protección penal a carabineros cuando hay un delito que se compruebe contra su integridad física”.
Con todo, el jurista apuntó como iniciativas óptimas a “las medidas de inteligencia, el fortalecimiento de la inteligencia en todo sentido”.
“Cuando uno dice ‘bueno, queremos mejorar la situación de seguridad en el sur’, esto no se hace realmente empoderando a carabineros con posibilidades de usar la violencia o la fuerza física con la que cuentan, sino más bien lo que hay que hacer es desactivar a las bandas que están generando estas situaciones de criminalidad, robo de madera, eventualmente narcotráfico”.
En ello criticó que “vemos cada día noticias de cómo hay agentes de policías que entregan armas a estos grupos o que están en situación de tráfico de maderas en el sur y no estamos haciendo nada respecto a este fenómeno“.
Revise la entrevista completa acá:
Diario UChile
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